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El dinero de la “Buena Fe”: sentidos y prácticas en torno al dinero y a la experiencia de participación en un sistema estatal de microcréditos¹

Introducción

La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Argentina en el 2003 tuvo entre sus objetivos la reorientación de la política social del país. Como señala Iucci (2010) desde entonces se comenzó a argumentar acerca de nuevas formas de intervenir la pobreza por parte del Estado y, entre ellas, los microcréditos se transformaron en una herramienta que buscaba integrar al mercado de trabajo a quienes habían quedado excluidos de él. Desde los lineamientos oficiales se apelaba al retorno a la “sociedad del trabajo” por medio de la revalorización de la “cultura del trabajo”; en dicho marco surge el programa Banco Popular de la Buena Fe (BPBF) por iniciativa de la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. En al año 2004 el programa se integra como parte del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra, orientado a proporcionar financiamiento y asistencia técnica a emprendimientos productivos asociativos.

En el presente artículo nos centramos en un conjunto de emprendedores² que participaron del sistema de créditos propuesto por el BPBF como integrantes del banquito³ de la ciudad de Bolívar, Buenos Aires. Nuestro objetivo apunta a reconstruir el entramado de prácticas y sentidos que dichos emprendedores construyeron a partir de su experiencia de participación en el programa. Para ello recuperamos, por un lado, las valoraciones, las significaciones y los usos asociados al dinero del crédito y al endeudamiento que fueron elaborados y puestos en juego por los propios emprendedores; y, por otro, los lazos y relaciones sociales que surgieron en este marco. Inscribimos nuestras indagaciones en las formulaciones de la sociología económica contemporánea, fundamentalmente desde la perspectiva que inaugura Viviana Zelizer (2009, 2011) y que en América Latina retoman numerosos autores (Hornes, 2014; Luzzi, 2013; Muller, 2015; Roig, 2015; Villarreal, 2004; Wilkis, 2013). Estas lecturas proponen un distanciamiento crítico de aquellas que abordan al dinero (y a la moneda) de un modo abstracto, concibiéndolo únicamente como un medio de intercambio universal y neutro. Al mismo tiempo abonan un análisis preocupado por la multiplicidad de significados, valoraciones y usos que los seres humanos le atribuimos al dinero en el marco de relaciones sociales específicas. A partir de ello han logrado mostrar que la relevancia de las preguntas en torno a los fenómenos monetarios no es exclusiva de los casos en que se atiende a acontecimientos macroeconómicos o de impacto a gran escala; y han otorgado legitimidad al interés por las microfinanzas y los fenómenos económicos cotidianos. Estos se han convertido en claves para interrogar múltiples espacios de la vida social y obtener una comprensión más acabada de los actores sociales que participan de ellos. Aspecto que cobra central relevancia en un caso como el que analizamos aquí, donde lo que se busca reconstruir es la experiencia de los propios beneficiarios de un programa de política social.

El proceso de recolección de información se llevó a cabo en Bolívar, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016. Se aplicó una estrategia metodológica cualitativa basada en la realización de entrevistas en profundidad semiestructuradas a emprendedores, y observaciones participantes en las reuniones semanales que mantenían los promotores del programa con los emprendedores.

El Banco Popular de la Buena Fe en el marco de una estrategia de política social

En palabras de Koberwein (2012), a partir de la experiencia del Banco Graamen, los microcréditos han sido construidos discursivamente a nivel mundial como una “vanguardia” en la lucha contra la pobreza. De acuerdo con Gutiérrez Pastor (2012), se han transformado en la herramienta principal que ha desarrollado y destinado el sistema financiero a los sectores sociales más desfavorecidos. Herramienta que, bajo este paradigma ha sido empleada por diferentes organismos internacionales, ONG, y, más recientemente, como parte de las estrategias de política social implementadas por los gobiernos.

En el caso de Argentina, el replanteamiento de la política social que tuvo lugar a partir del año 2003 colocó entre sus objetivos a la restitución del trabajo como eje para hacer frente a la situación de los sectores más vulnerables. Lo que se proponía era “un corte radical con el pasado: el gobierno confiaba volver a la ‘cultura del trabajo’, con un ‘giro productivo’ que absorbiera a la población asistida” (Cortés y Kessler, 2013, p. 45) y que dejara atrás los programas sociales focalizados de corte “asistencialista” que habían proliferado durante la década anterior. Dicho giro productivo involucró la puesta en marcha de un conjunto de programas nucleados en el área “Argentina Trabaja”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En este marco, y por iniciativa de la Comisión Nacional de Microcrédito, surge el programa de microcréditos conocido como Banco Popular de la Buena Fe (BPBF) que a partir del 2004 se integra como parte del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra”. En el año 2006 se sanciona la ley 26.117 de “Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social”, en la que quedaba establecido el objetivo de promover los microcréditos como política de Estado.

Como mencionamos al comienzo, la implementación de los microcréditos comenzó a cobrar relevancia mundial durante los años 70 a partir de dos experiencias centrales: la del Banco Grameen o “Banco de los pobres” –fundado en 1976 en Bangladesh por el economista Muhammad Yunus–; y la iniciativa Agencia de Cooperación Acción Internacional –que comenzó a desarrollarse en Estados Unidos y cuyas acciones iban destinadas a América Latina–. Ambas propuestas respondían al objetivo de transformar a los microcréditos en una “herramienta” para “subsanar” o “aliviar” las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que afectaban a amplios sectores en los diferentes países. Bajo este paradigma, en Argentina durante los años 80 y 90 –en un contexto de profundas reformas neoliberales–, distintas organizaciones sociales sin fines de lucro implementaron programas de microcréditos en concordancia con ONG internacionales –como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Iglesia católica y organizaciones locales. En Washington, en 1997, se creó la Cumbre Mundial del Microcrédito, y en 1998 la Asamblea General de la ONU declaró al año 2005 como el Año Internacional del Microcrédito.

Centrándonos nuevamente en Argentina, con la promulgación de la ley 26.117 en el año 2006, los microcréditos pasaron a constituir un pilar de la política social del gobierno, bajo un enfoque que, como mencionamos, enfatizaba la intención de “reconstituir una sociedad basada en el trabajo”. El BPBF se orientó a otorgar pequeños créditos con interés a personas en situación de vulnerabilidad social, excluidas del sistema bancario formal, a fin de que pudiesen desarrollar emprendimientos productivos, de reventa o de servicios; estaba dirigido prioritariamente a las mujeres con la idea de que las ganancias generadas pudiesen constituir una nueva fuente de ingresos a la economía del hogar. De acuerdo con la propuesta, cada uno de los emprendedores ingresaba al BPBF con un proyecto individual; luego debían conformarse grupos de cinco personas como requisito para el acceso al dinero. Sobre esta dinámica grupal descansaba la “garantía solidaria” que sustentaba al programa, según la cual cada uno de los prestatarios se transformaba en responsable del cumplimiento en el pago de sus compañeros “empeñando” su palabra de compromiso (única garantía exigida por el sistema). Asimismo, saldar la deuda total que había contraído el grupo era condición para el acceso a un nuevo préstamo.

El BPBF se caracterizó por el énfasis en el afianzamiento de un conjunto de valores no monetarios –responsabilidad, honestidad, confianza, dignidad, solidaridad, etc. – que debían ser incorporados y dinamizados por sus miembros y actuaban como disciplinadores de los comportamientos. Estos valores eran considerados claves para garantizar el funcionamiento del programa, tal como lo advertía el nombre del mismo y su referencia a la “buena fe” que debían poseer y demostrar los beneficiarios al obtener el dinero, en tanto la única garantía empeñada era el “valor de la palabra”.

El trabajo de los emprendedores era acompañado por un equipo de promotores en reuniones semanales de asistencia obligatoria llamadas “vidas de centro”. En el caso de Bolívar, los emprendimientos en desarrollo incluían la venta de alimentos, la fabricación y venta de lencería y blanquería, la reventa de ropa, de artículos de limpieza y de mercería, y también servicios como depilación, peluquería, mecánica, herrería y radio. Los participantes eran en amplia mayoría mujeres, y las edades abarcaban un rango extenso entre los veintiocho y los sesenta y cinco años. Algunos de los emprendedores habían iniciado su proyecto a partir de su ingreso al banquito; otros, ya venían desarrollando una actividad particular y se involucraron con el objetivo de ampliarla (por ejemplo, mediante la compra de nuevas herramientas o insumos); por último se encontraban quienes ingresaron al programa desarrollando una actividad y en el transcurso decidieron dedicarse a otro rubro. Entre ellos, algunos desarrollaban el emprendimiento vinculado al banquito como su única ocupación, mientras otros desempeñaban actividades laborales por cuenta propia o en relación de dependencia. Dichas actividades incluían la prestación de servicios de limpieza, el cuidado de niños y ancianos, la realización de trabajos de costura, la venta de productos alimenticios, etc. También había quienes percibían jubilaciones y/o pensiones.

Los microcréditos como objeto de indagación de las ciencias sociales

A medida que los sistemas de microcréditos se fueron expandiendo y consolidando, las ciencias sociales los transformaron en objeto de indagación desde múltiples enfoques. Algunos autores han puesto el foco en dilucidar la capacidad/incapacidad de los microcréditos para alcanzar sus objetivos: “alivio de la pobreza”, “empoderamiento”, “inclusión social y financiera” (Martínez Castillo, 2008; Zouain y Barone; 2007). Otros se han abocado a considerar las consecuencias macro y microeconómicas que acarrean diferentes mecanismos de microfinanzas partiendo de la problemática del sobreendeudamiento de los hogares pobres (Guérin, Morvant-Roux y Villarreal, 2014). Asimismo, hay quienes han abordado la pregunta por los microcréditos como herramientas de empoderamiento femenino, partiendo del hecho de que son las mujeres las principales destinatarias y receptoras de estos programas. (Dávico, 2004; Gutiérrez Pastor, 2012). También han sido estudiados los espacios de sociabilidad y los vínculos que se generan en torno a la participación en diferentes sistemas de microcréditos a partir de las prácticas, representaciones, acuerdos, conflictos, y negociaciones que surgen en dicho marco (Fingermann, 2011; Koberwein, 2011; Iucci, 2010).

Los microcréditos también han sido abordados como instrumentos de política pública. En nuestro país, algunos de los ejes de análisis propuestos por la literatura se han concentrado en determinar en qué medida estos programas, al igual que aquellos incluidos en el “giro productivo” que se atribuye para sí la política social argentina a partir del año 2003, representan efectivamente o no una ruptura con las políticas sociales focalizadas y asistencialistas asociadas a las décadas previas (Arroyo, 2016; Hopp, 2010). Otros autores se centran en la pregunta por la sostenibilidad y la viabilidad de los emprendimientos que surgen en el marco de programas de política social impulsados bajo el paradigma de la economía social (Coraggio, 2008; Hopp, 2010; Merlinsky y Roffman, 2004).

Si bien nuestro objetivo en este trabajo no apunta a problematizar las virtudes o defectos de los sistemas microcréditos ni del BPBF como herramienta de política social, ni busca realizar una evaluación de impacto en función de los objetivos propuestos por el programa y los resultados alcanzados, consideramos que los enfoques presentados por estos trabajos abonan aspectos fundamentales para comprender las implicancias, alcances, limitaciones y consecuencias que programas de estas características conllevan para los distintos actores involucrados.

El BPBF como experiencia de endeudamiento

El sistema de créditos del BPBF poseía características que, de acuerdo con los emprendedores, habían motivado su participación. La pequeñez de los montos recibidos, la flexibilidad para su devolución, el cobro de bajos intereses, y la posibilidad de que la palabra operara como única garantía requerida, eran aspectos altamente valorados por los prestatarios. Estos afirmaban contar con la “seguridad” y la “tranquilidad” de que podrían cumplir con los plazos establecidos para la devolución del dinero, lo que les permitía evitar estados de miedo y angustia que, en algunos casos, eran generados por otras instancias de endeudamiento:

No me gusta tener deudas porque no sé si voy a llegar a pagarlas. Y mucho menos créditos. Me da miedo no poder llegar. Pero con lo del banquito yo sabía que esa cantidad de dinero la podía pagar. (Beatriz, 54 años).

No era que vienen y te ofrecen un crédito y te dicen: te vamos a dar $30.000. ¿$30.000 cómo lo pago? ¿en cuántas cuotas? Pero esto no porque era un crédito chiquito (…). Siempre fue algo manejable porque era una cuota mínima, que vos teniendo un emprendimiento ya funcionando esa plata la tenías que recuperar. (Ricardo, 60 años).

Al mismo tiempo, los emprendedores destacaban la posibilidad de devolver las cuotas en plazos que se adaptaban a los ritmos de sus emprendimientos o a las dinámicas y tiempos de la economía y la organización familiar. Algunos optaban por el pago de cuotas semanales en pequeños montos, “fáciles” de reunir y como un modo de evitar sumar un gasto más a principio de cada mes. Otros realizaban pagos mensuales, como era el caso de los emprendedores que disponían de ingresos de tal periodicidad, o simplemente porque no contaban con el tiempo necesario para acercarse todas las semanas a las “vidas de centro” para llevar el dinero.

A esto se añadía la posibilidad de elegir la cantidad de cuotas en las que sería reembolsado el dinero, de modo tal que algunos preferían utilizar el mayor número posible (veinticinco a pagar semanalmente), y otros optaban por reducir ese número, pensando en la posibilidad de obtener un nuevo crédito:

En mi caso yo la plata la devolví semanalmente. Las otras chicas algunas la devolvieron mensualmente. Yo no me acuerdo en este momento lo que era por semana, pero serían $50 por semana. Y bueno, las otras chicas en vez de llevar todos los $50, porque el trabajo no se lo permitía ir todas las semanas, lo devolvieron mensualmente. (Liliana, 54 años).

Yo pagaba por semana, porque ya te digo, como a mí me ingresa dinero todos los días y las vidas de centro generalmente son los lunes, y bueno yo ya sé que a fines de esa semana anterior yo ya tengo que dejar la plata aparte porque el lunes tengo que pagar. (Jimena, 42 años).

Como señalamos, estos elementos transformaban al BPBF en una forma atractiva de acceso al crédito para los emprendedores. Estos, muchas veces, dada la irregularidad de sus ingresos o por no contar con las garantías exigidas por las instituciones del sistema financiero formal, se veían imposibilitados para acceder a otros mecanismos crediticios o solo podían hacerlo en condiciones altamente desventajosas, pagando intereses muy elevados.

No obstante, la pequeñez de los montos otorgados, que operaba en algunas ocasiones como una ventaja, se transformaba en un limitante en otras. Si bien era uno de los aspectos valorados por los emprendedores, dado que se trataba de sumas económicamente “accesibles” para sus presupuestos, muchas veces era el principal impedimento para quienes se acercaban al banquito en busca de sumas de dinero que les permitieran dar inicio a emprendimientos rentables sin contar con otras fuentes de capital. Esto se veía claramente en las formas que tenían los participantes del programa de significar el dinero recibido, al que definían como una “ayuda”, “una platita más”, algo que “suma”:

Yo creo que para arrancar un emprendimiento es poca plata. Porque si por decirte, yo con $2000 tengo que comprarme todas las herramientas para arrancar a trabajar de peluquera, te digo que no porque una tijera te sale $2000. Es imposible, pero bueno, se supone que emprendas lo que emprendas siempre tenés que tener algún otro monto y eso es una ayuda. (Jimena, 42 años).

Con ese dinero es difícil, se te complica para arrancar un emprendimiento. Me parece a mí, según de lo que sea. Porque ponele, si es ropa con $1000 no compras nada, pero está bueno cuando ya tenés el emprendimiento armado como para sumarle cosas. (Melisa, 39 años).

Estas ideas se volvían más relevantes aun cuando repasábamos las trayectorias de los prestatarios (y de sus emprendimientos) tanto dentro como fuera del programa. Por un lado, se encontraban quienes ya venían desarrollando una actividad determinada antes de incorporarse al banquito y solicitaron el crédito para acceder a insumos o mercaderías. Por otro lado, estaban aquellos que realizaban actividades laborales de forma independiente al emprendimiento y para quienes el banquito representaba la posibilidad de obtener un ingreso “extra” que sumar al sustento de la economía del hogar.

Lo dicho hasta el momento nos permite afirmar que el BPBF se presentaba como una opción de financiamiento que resultaba atractiva por las facilidades de acceso y de pago que ofrecía. Sin embargo, la exigüidad de los montos otorgados imposibilitaba la puesta en marcha de emprendimientos rentables y sostenibles cuando se contaba con el dinero del préstamo como único capital. Esto habilita la pregunta acerca de quiénes son los que acceden y logran mantenerse dentro de un sistema como el del BPBF. Pregunta que se vuelve relevante si tenemos en cuenta que se trata de una herramienta que fue puesta en marcha para responder a una problemática tal como es el desempleo de amplios sectores de la población, entre los que la presencia de mujeres es predominante. No nos ocuparemos aquí de esta cuestión dado que excede los límites de la presentación, pero consideramos oportuno dejar abierto el interrogante.

“Virtudes” y “valores morales” en un sistema de garantía solidaria

El BPBF tenía la particularidad de operar sobre la base de un sistema de garantía solidaria. De acuerdo con este, cada uno de los participantes integraba un grupo de cinco personas en el que se transformaba en garante del cumplimiento de pago de sus compañeros, al mismo tiempo que “empeñaba el valor de su palabra” de que reembolsaría al sistema el dinero obtenido. El funcionamiento de esta garantía era la condición necesaria para permanecer dentro del programa y para obtener un nuevo crédito (que involucraba siempre un monto de dinero mayor al recibido previamente). Esto último se debía a que solo era posible avanzar a una nueva etapa de financiamiento una vez que todos los integrantes del grupo cumplían con sus obligaciones de pago.

Al igual que ocurre en toda relación de crédito según lo señalado por Wilkis (2013), el elemento incertidumbre respecto de la devolución del dinero por parte de los deudores a los acreedores, estaba presente en el BPBF. Sin embargo, la especificidad de la garantía implicaba que esa incertidumbre recayera, en primera instancia, sobre los propios participantes que, además de ser ellos mismos deudores, eran quienes debían responder ante un eventual incumplimiento en el pago por parte de sus compañeros. De esta lógica se derivaba el énfasis puesto por los lineamientos oficiales del BPBF acerca de la importancia de recuperar y fortalecer un conjunto de valores morales (responsabilidad, honestidad, confianza, solidaridad y dignidad) cuyos participantes debían portar y poner en ejercicio “obligatoriamente”.

En este sentido, el BPBF nos ofrecía un caso interesante para indagar el modo en que se entrecruzan la esfera económica y la no económica, el dinero y los valores no monetarios. Esta es la pregunta sobre la cual Wilkis (2013), siguiendo los trabajos pioneros de Zelizer (2009, 2011), elabora su “sociología moral del dinero” en la que expone la capacidad que posee el dinero de funcionar como el transporte de una serie valores y virtudes morales. Estos valores que circulan con el dinero a partir de lo que las personas hacen con él, son puestos en juego para evaluar, valorizar, clasificar y jerarquizar a dichas personas en espacios determinados; y, en consecuencia, operan como un “capital moral” que se busca acumular y conservar. De acuerdo con el autor, este “capital moral” se vuelve central a la hora de analizar los procesos de endeudamiento popular dado que, tal como advierte la propuesta del BPBF, las virtudes y los valores acumulados en relación con las prácticas monetarias suelen operar como la principal y/o única garantía que pueden movilizar los sectores sociales de menores ingresos al momento de involucrarse en una relación de deuda.

Como mencionamos al comienzo del apartado, participar del programa implicaba para los emprendedores la obligación de mostrarse como exponentes de las virtudes y los valores exigidos por el BPBF, no sólo ante los promotores, sino también ante sus compañeros (y garantes). La responsabilidad, la honestidad, la confianza, la solidaridad y la dignidad delineaban el “capital moral” que los participantes debían acumular; y las prácticas asociadas al dinero crédito y a las lógicas monetarias propias del programa se transformaban en uno de sus principales exponentes. Sobre la base de estas prácticas se daba lugar a múltiples juicios de valor que los emprendedores empleaban para valorizarse a sí mismos y para evaluar y jerarquizar a sus compañeros.

Durante las entrevistas, observamos que la responsabilidad y el cumplimiento en la devolución de las cuotas eran consideradas las principales condiciones que todo emprendedor debía poseer, y como tales se transformaban en un indicador directo de moralidad. Esto les permitía a los participantes evaluar su propia trayectoria, así como aprobar o impugnar el comportamiento de otros y daba lugar a una clasificación en la cual los prestatarios se diferenciaban entre: “buenos” y “malos”, “bien intencionados” o “mal intencionados”, “cumplidores” o “irresponsables”. Así lo expresaba una de las emprendedoras: “bueno, con esta mujer no vamos a tener problema de pagar porque es muy buena persona” (Jimena, 42 años). Al mismo tiempo, desde el programa operaban mecanismos simbólicos de reconocimiento de estas “virtudes”, como por ejemplo los diplomas “al buen comportamiento” que recibieron algunos de los emprendedores que referían a su condición de “buenos pagadores”.

La idea de responsabilidad apelaba también a la obligación de dar explicaciones “moralmente válidas” en casos de incumplimiento en el pago. Un ejemplo lo encontramos en un relato según el cual una emprendedora no había devuelto el préstamo dado que en lugar de invertirlo lo había gastado para comprar alimentos. En este caso, el conocimiento pormenorizado que tenían sus compañeras de la situación en la que se encontraba la mujer era empleado para “justificar” su modo de proceder, así como para matizar la intencionalidad atribuida a este:

Eso no se hace. Uno sabe que tiene que devolver la plata. Pero también era una pobre mujer, era pobre como yo, pero sabíamos que era una pobre mujer, con cuatro o cinco hijos para darles de comer y no tenía marido ¿qué le vas a decir? No tenía otra (Patricia, 59 años).

Al mismo tiempo, resultaba fundamental para los emprendedores el hecho de “hacerse presentes” y de “afrontar la situación” en aquellos casos en que no pudiese reunirse el dinero. El “dar la cara”, “ser honesto” e intentar buscar una solución a las dificultades de pago, era tan importante como “ser cumplidor”, dado que se lo consideraba como indicio de la “buena fe” de la persona y del “valor de su palabra”. Distinto era lo que ocurría cuando el incumplimiento no iba acompañado de una explicación que pudiese ser evaluada. Aquí comenzaba a operar el régimen del “dinero sospechado” (Wilkis, 2013), encargado de establecer usos legítimos e ilegítimos del dinero sobre la base de opiniones y sentimientos fundados en elementos morales, sociales y culturales. En el caso analizado pudimos ver que la sospecha se nutría del conocimiento que tenían los emprendedores de aspectos de la vida cotidiana de sus compañeros que no se hallaban directamente vinculados con el programa. Como ocurre frecuentemente en comunidades “chicas” como Bolívar, los prestatarios solían circular por los mismos espacios de recreación, sociabilidad y consumo, y hubo casos en los que las prácticas que tenían lugar en estos espacios fueron sometidas a evaluación y utilizadas para poner en duda la “voluntad” de pago de algunos de ellos:

Encima yo había ido no sé a dónde y la encontré comprando, la llame a Susana y le dije: Susana acordate lo que yo te dije, la encontré comprando un teléfono en Naldo y no sabes lo nerviosa que se puso. Recién había cobrado la plata y ya está, después nos jodió a nosotros, nos clavó. (Beatriz, 54 años).

La ibas a ver en todos lados, evento que había, ahí estaba. En el centro cívico, cuando había feria, que se yo, en todos lados. Y no era como uno que capaz sale, da una vuelta y no compra nada, no, gasta. (Liliana, 55 años)

Al mismo tiempo, ese conocimiento pormenorizado de “la vida de los otros”, que tenían emprendedores y coordinadores, operaba como barrera de entrada al programa para aquellas personas de las que se desconfiaba de su voluntad de pago, o se consideraba que no eran “honestos” respecto del destino que darían al dinero. Como ejemplo podemos mencionar un relato que tuvo lugar durante una de las reuniones grupales a las que asistimos, donde se hizo referencia al caso de una señora que se había acercado al banquito a solicitar un préstamo, y este le había sido negado debido a que se “comentaba” que vendía drogas en su barrio. En este caso, la sospecha acera de la “carencia” de capital moral operó como el límite que se impuso a la circulación del dinero.

Estos ejemplos ilustran que las prácticas asociadas al dinero no permanecen ajenas a la esfera de los valores y las significaciones sociales y morales como lo expone la teoría económica ortodoxa. Por el contrario, dichas prácticas están cargadas de elementos significativos que se ponen de manifiesto y adquieren relevancia en el marco de relaciones sociales específicas. Son estos elementos los que reafirman un principio indiscutible: el dinero no es un hecho meramente económico sino un fenómeno social; idea que opera como pilar central de la propuesta de Zelizer (2011) sobre “marcado social del dinero”, a la que referimos a continuación.

Dineros múltiples, múltiples usos: dinero separado, dinero diferenciado

“Las personas identifican, clasifican, organizan, usan, segregan, producen, diseñan, guardan e incluso decoran el dinero, a medida que van enfrentando sus múltiples vínculos sociales” (Zelizer, 2011, p. 13). Este proceso, denominado “marcado social”, implica la adopción de modos de diferenciación y de control complejos sobre el dinero, que son expresión de significados sociales y culturales que condicionan directamente las prácticas.

Tomando estas ideas, nos proponemos abordar aquí la pregunta por las prácticas concretas y los modos de vincularse con el dinero del préstamo y del emprendimiento que llevaban a cabo los participantes del programa. Para ello buscamos reconstruir, por un lado, las estrategias y formas de organización que eran puestas en marcha para garantizar la devolución del dinero recibido; y, por el otro, los modos en que este dinero al igual que las ganancias obtenidas circulaban y “convivían” con otros “dineros” hacia el interior de los hogares de los emprendedores.

Los relatos recabados pusieron de manifiesto rápidamente que, en sus economías cotidianas, los emprendedores aplicaban múltiples formas de marcar el dinero del banquito. Las técnicas utilizadas para generar las distinciones buscadas entre este dinero y otros incluían: la atribución de lugares específicos para su guardado, la asignación de propósitos determinados para su uso, la separación respecto de otros dineros domésticos (salarios, jubilaciones, ingresos de otros miembros del hogar) y el ocultamiento de su existencia como un modo de “salvaguardarlo”. Las dos billeteras que tenía Zulema son un claro ejemplo de marcado. Estas le permitían mantener separadas las ganancias de su emprendimiento de venta de artículos de limpieza de los ingresos de su empleo como auxiliar en un colegio:

(…) yo no mezclo la plata, todo lo que es de artículos de limpieza lo tengo en una billetera. No es que le cargo gas al auto con eso o me compro un helado, o voy a comprar carne con eso. No, no lo toco a eso. Entonces de ahí, de las mismas ventas solamente saco para eso, para la cuota (Zulema, 50 años).

Como puede verse, en este caso el proceso de marcado combinaba técnicas distintas, ya que Zulema no sólo guardaba el dinero en un lugar específico, sino que además le adjudicaba usos distintos. Tal como mencionó en otros pasajes de la entrevista, el dinero del emprendimiento, además del pago de las cuotas, era empleado para reponer la mercadería, y sólo en aquellos casos en que contaba con un “resto” luego de cubrir estos pagos, lo utilizaba para gastos determinados como comprarles ropa o zapatillas a sus hijos; en otras ocasiones, optaba por conservarlo como un ahorro para gastos futuros que originara el emprendimiento.

Otro ejemplo era el de Patricia, dedicada a la confección de ropa y blanquería para bebés. Ella asignaba las ganancias de las ventas a diferentes fines ordenados según una escala de prioridad. Al mismo tiempo, diferenciaba ese dinero del que obtenía en su trabajo como cuidadora de ancianos:

(…) yo en ese momento estaba pagando la carrera de Hernán en Buenos Aires, así que era una de giro y giro. Entonces siempre necesitaba aunque sea un poco de plata movible. Yo casi todo lo que hice con la máquina lo dediqué a la educación de mi hijo porque yo con lo que trabajaba de noche comía. (…) o sea que yo cada plata la tenía destinada, y yo sabía que con lo que ganaba a la noche me tenía que mantener. Y bueno, y la ganancia de ahí era lo que le mandaba a Hernán…un poco, porque de ahí, primero tenía que volver a reponer el material y la cuota (Patricia, 59 años).

Un caso similar era el de Jimena, en cuyo hogar existía una separación entre el salario de su marido y las ganancias que obtenía ella a través de su emprendimiento de peluquería a domicilio. Mientras que el dinero de su esposo era destinado a los gastos domésticos, las ganancias de Jimena se utilizaban para sostener el emprendimiento y los estudios terciarios de una de sus hijas: “y bueno yo ya sé que a fines de esa semana anterior yo ya tengo que dejar la plata aparte porque el lunes tengo que pagar, y el resto entero para Melina, es una plata que no veo” (Jimena, 42 años).

Estos ejemplos muestran, por un lado, que no todos los billetes que circulaban hacia el interior de los hogares eran iguales e intercambiables por otros, lo que desestima la apariencia de fungibilidad que recae sobre el dinero (Zelizer, 2011). Por el otro, ilustran que en el marcado de sus dineros los emprendedores ponían en juego múltiples consideraciones morales, sociales y culturales que afectaban el modo en que esos dineros eran utilizados. En primer lugar, la importancia dada a la responsabilidad y el cumplimiento en la devolución de las cuotas y los juicios morales que se construían en torno a ello, dan cuenta de los esfuerzos que buscaban garantizar que las sumas de dinero podrían ser reembolsadas. En segundo lugar, en los casos de Patricia y Jimena, en torno al esfuerzo que conlleva la acción monetaria de enviar dinero a sus hijos –lo que implica al mismo tiempo la “prohibición” de gastar ese dinero de otra forma–, se ponen en juego consideraciones acerca de la importancia de la educación como “herramienta para el futuro”, y como la “herencia o el legado” que será posible dejarles:

Hemos restringido un montón de gastos, a la casa no se le ha hecho nada, (…) ha sido obvio que lo hemos tenido que dejar porque estaba eso primero. Porque yo siempre digo, nosotros que somos gente de trabajo, es la única herencia que le vamos a dejar a ella. (Jimena, 42 años).

Hasta aquí analizamos algunas de las prácticas concretas que los emprendedores llevaban a cabo en relación con el dinero del microcrédito en el marco de sus economías domésticas. A continuación, abordaremos la pregunta por el entramado de relaciones y de prácticas que surgían como resultado de la participación en el banquito.

El banquito Bolívar: modos de hacer, acuerdos, obligaciones, e intercambios

En el intento de reconstruir el entramado de prácticas y relaciones que tenían lugar en torno a la participación en el programa, pudimos ver que determinadas características propias de este –la garantía solidaria, la modalidad de acceso grupal a los préstamos, el énfasis en ciertos valores– dieron lugar a un conjunto de modos de hacer, acuerdos, obligaciones e intercambios entre los emprendedores y entre estos y los promotores que adquirieron cierta regularidad y se instalaron como propios en el banquito bolivarense.

Un ejemplo fueron las redes de compra y venta de los bienes producidos por los emprendimientos que se generaron entre los participantes, las cuales eran definidas discursivamente como modos de “colaborar”, de “ayudarse unos a otros”. Estas prácticas se asentaban sobre “lazos de solidaridad” e identificación mutua que se habían generado en el marco del programa, y que eran promovidos permanentemente desde el discurso de los coordinadores en concordancia con los lineamientos oficiales de la política pública. Así lo ilustra el siguiente fragmento:

Todas nos comprábamos algo. O alguna que por ahí te decía: mira, yo tengo una parienta que va tener un bebé y me daba la dirección, o decile que te mando yo. Entonces entre nosotras mismas, (...) Por eso te quiero decir que todo era muy solidario, hasta el hecho de que alguna otra vendedora te comprara algo o te diera un comprador, o un posible comprador (Patricia, 59 años).

Nos comprábamos entre las mismas emprendedoras, ahí éramos todas iguales, y se daba todo como una cuestión que fortalecía los vínculos entre nosotras mismas y muchas se hicieron…entraron sin conocerse y terminaron haciéndose amigas. (Romina, 43 años).

Al mismo tiempo, se hacía referencia a la practicidad de establecer intercambios con personas con las que se mantenía un contacto semanal, sobre todo en lo referente al acceso y al cobro de los bienes intercambiados, lo que podía involucrar también prácticas como el fiado o el pago a plazos:

(…) capaz que había cosas que necesitás, pero que siempre por una o por otra cosa, no te comprás. Y vas a la vida y la tenés ahí, entonces decís buena ya está esas sábanas las necesito. Y te las terminás comprando. Y de paso le comprás a un compañero que está como vos y que le viene bien hacerse un peso, y que capaz que tenés suerte y te fía o le vas pagando como podés (risas). (Beatriz, 54 años).

Otro ejemplo eran las estrategias colectivas de resolución de problemas que se ponían en marcha cuando uno de los emprendedores no cumplía con los pagos. En estos casos se recurría a la organización de rifas de las que participaban no sólo quienes debían responder ante la deuda por el compromiso que generaba la garantía solidaria, sino también el resto de los emprendedores y los promotores, quienes enfatizaban la importancia de la “ayuda mutua”.

Asimismo, las “vidas de centro” que muchas veces por ser de asistencia obligatoria generaban tensiones a los emprendedores con otros compromisos familiares y laborales con los que debían cumplir, eran experimentadas como espacios de “contención” y “compañerismo”. De acuerdo con los relatos, además del pago de las cuotas, tenían lugar múltiples intercambios, como el aporte de ideas para los emprendimientos, la puesta en común de experiencias vinculadas a la actividad de cada uno, el relato de cuestiones personales, entre otras:

Yo estoy muy conforme con las experiencias lindas que tuve en la vida del banquito, lo que me ayudaron y el compañerismo que hay, la unión que hay en las reuniones, porque ahí somos todos iguales. No porque vos críes chanchos y yo crie pollos y la otra tenga una tienda es diferente. No, ahí somos todos iguales, somos todos emprendedores. Así que, ya te digo para mí es hermosa la vida del banquito (Liliana, 54 años).

Estos ejemplos muestran que en torno a un conjunto de prácticas económicas –como lo son el pago de las cuotas, la entrega de los créditos, las ventas de productos– tenían lugar una multiplicidad de vínculos sociales cargados de elementos afectivos, personales y morales que no pueden ser explicados a partir de la idea de racionalidad instrumental que proponen los abordajes más clásicos de la economía y la sociología económica para el análisis de los fenómenos económicos. Tal como sostiene Zelizer (2009), las prácticas económicas y las relaciones que involucran cuestiones afectivas coexisten, sin que esto implique la contaminación entre dos mundos concebidos como esencialmente hostiles entre sí.

Reflexiones finales

El artículo se centró en los destinatarios del programa de microcréditos BBFB nucleados en el banquito de Bolívar, con el interés de indagar los sentidos, las valoraciones y los usos que construían en torno al dinero de los microcréditos, a su circulación y al endeudamiento; así como también en el entramado de vínculos y relaciones que se tejían en el marco de esta experiencia. Para ello empleamos un modo de conceptualizar al dinero que se distancia de los abordajes ortodoxos –cuyo énfasis se coloca únicamente en las dimensiones organizativas del dinero y en su carácter de medio de intercambio universal–, con el objetivo de dar cuenta de la capacidad que posee dicho dinero para operar como un transporte de valores, no sólo monetarios sino también no monetarios, los cuales son expresión de significados sociales y culturales, y adquieren sentido en el marco de relaciones específicas.

A partir de estas ideas y de la información recabada en el trabajo de campo fue posible observar, en primer lugar, el modo en que los emprendedores vivenciaban y conceptualizaban la experiencia de obtener financiación en el marco de un programa con las particularidades que implicaba el BPBF. Así, mientras que, por un lado, se destacaban positivamente ciertas características como el cobro de bajos intereses, las facilidades en el acceso y la devolución del crédito, y el hecho de recibir montos de dinero pequeños y “manejables”; por el otro, reconocían la imposibilidad de llevar adelante un emprendimiento rentable y sostenible en el tiempo contando únicamente con dicho dinero. En concordancia con esto, los préstamos recibidos aparecían en el discurso de los entrevistados como “una ayuda”, una “plata más”, algo que suma bajo la idea del “todo suma”, pero no como un recurso que pudiera garantizar por sí solo la puesta en marcha de una actividad y, menos aún, una tendiente a convertirse en el principal sustento económico del hogar.

En segundo lugar, indagamos en el rol central que asumía la puesta en juego de un conjunto de virtudes morales asociadas a los modos de comportarse con el dinero, que operaban como elementos de jerarquización, evaluación y diferenciación entre los destinatarios de los préstamos y que daban lugar a distinciones entre “buenos” y “malos”, “bien intencionados” o “mal intencionados”, “cumplidores” o “irresponsables”, etc.

En tercer lugar, la importancia dada por los emprendedores a dichas valoraciones y juicios morales pudo ser observada a partir de diferentes estrategias y prácticas que implementaban para asegurar la devolución del dinero. El proceso de “marcado social” nos permitió ilustrar cómo a partir del empleo de diferentes técnicas –separación física del dinero, asignación de usos específicos, distinción respecto de otros dineros que circulaban en el hogar– se realizaba un esfuerzo por ejercer un control sobre el dinero en cuestión, que se hallaba atravesado por consideraciones éticas acerca de la centralidad del cumplimiento en un sistema que funcionaba sobre una garantía solidaria.

En cuarto y último lugar, nos propusimos reconstruir el entramado de relaciones y de prácticas que tenían lugar entre los emprendedores, y en el espacio de las “vidas de centro”. Aquí encontramos un conjunto de modos de hacer, acuerdos, obligaciones, e intercambios, que adquirieron ciertas particularidades en el banquito de Bolívar y se incorporaron como parte de su modo de funcionamiento regular. Mencionamos las redes de compra y venta, las estrategias colectivas de resolución de problemas y el énfasis dado a valores como la solidaridad, el compañerismo y la ayuda mutua. Estos ejemplos nos permitieron mostrar que las prácticas económicas no se hallan regidas de manera exclusiva por la racionalidad del cálculo instrumental, sino que, por el contrario, se encuentran atravesadas por elementos simbólicos, afectivos, morales, y socioculturales que los actores ponen en juego en el marco de los diferentes contextos en los que participan.

A modo de cierre, consideramos que el análisis presentado puede constituir un insumo para quienes, ya sea desde organizaciones de la sociedad civil o desde el propio Estado, piensen propuestas de características similares al BPBF como alternativas de intervención social. El análisis de las prácticas cotidianas, minuciosas y rutinarias de quienes, en este caso, reciben el dinero de los microcréditos no puede ser soslayado, dado que a partir de él pueden obtenerse numerosos indicios de lo que ocurre realmente cuando estas iniciativas son puestas en funcionamiento. A partir de dichos indicios, surgen infinidad de interrogantes como, por ejemplo, qué ocurre con el elevado porcentaje de personas que realizan el intento de participar en estos sistemas pero no logran mantenerse ni completar los ciclos propuestos por los mismos; lo que conlleva implícita la pregunta por quiénes son realmente los receptores de estas políticas que son pensadas para sectores en condiciones de vulnerabilidad social en pos de generar alternativas de autoempleo de relevancia para el sostenimiento de las economías familiares. Como vimos en el caso de Banquito Bolívar, quienes daban cuenta de trayectorias “exitosas” o de mayor “perdurabilidad” fueron quienes ya contaban con emprendimientos en funcionamiento originados por fuera del banquito, o quienes poseían capitales económicos extra para realizar las inversiones iniciales. Aquí se presenta también el dilema entre la valoración positiva de las flexibilidades de pago y la pequeñez de los montos, como formas de evitar contribuir al sobreendeudamiento de las familias, y el hecho de que esos montos de dinero resultan insuficientes. También surge la pregunta acerca de las posibilidades de desarrollo y crecimiento a largo plazo de los emprendimientos puestos en marcha, cuyo desarrollo inicial –como vimos en el caso de Bolívar– aparece muy ligado a las redes de comercialización que se generan entre los propios integrantes del programa; y, en estrecha relación con esto, podríamos pensar también si estas iniciativas, además del otorgamiento de los créditos, se encaminan efectivamente al logro de objetivos tendientes a afianzar la autonomía de los participantes y fortalecer lazos que contribuyan al desarrollo de economías locales donde los emprendimientos puedan insertarse, o si nuevamente sólo podrán “avanzar” los que tengan este camino previamente allanado, dejando en el camino a quienes se integren al programa en busca de un “nuevo comienzo”.

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Notas