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Vulnerabilidad ante el abuso sexual. Aportes desde un modelo integral y comunitario de prevención

Introducción

El abuso sexual en la infancia y adolescencia suele ser pensado como un fenómeno inexplicable. Su capacidad de generar confusión y rechazo es incomparable (Wortley y Smallbone, 2012). La atribución de anormalidad médica (por ejemplo, pedofilia) o disposición criminal a ese comportamiento puede tener algún efecto tranquilizador al situar al ofensor como lo otro (Cockbain y Reynald, 2016). Esta mirada externaliza el tema, lo piensa como un asunto exclusivo de un grupo de enfermos, varones en su mayoría, y sus víctimas, mujeres, niñas y niños. A contramano de esa idea, la evidencia disponible desmiente que se trate de un hecho atípico, relativo sólo a unos pocos y anormales agresores (Wortley y Smallbone, 2012).

Una de las formas del maltrato infantil es el abuso sexual. Esta noción alude a situaciones que perjudican la salud física y/o psicológica de niñas, niños y adolescentes, ponen en riesgo el desarrollo integral, son difíciles de solucionar sin ayuda externa y constituyen una grave vulneración de sus derechos. El abuso sexual es una de las formas más invisibles de violencia y pasa a menudo inadvertido, especialmente en el entorno familiar.

La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada un problema global de salud pública y derechos humanos (UNICEF, 2017a). El abuso sexual es uno de los modos en los que se manifiesta la violencia sexual (diferente de la explotación sexual) e incluye un abanico de acciones que van desde el uso de la fuerza física o el uso de estrategias de presión para mantener relaciones sexuales (amenazas, manipulación, chantaje, seducción), los tocamientos (besar, agarrar, apretar, acariciar), hasta formas menos directas como la exposición no deseada a escenas o imágenes sexuales (acoso vía Internet, voyeurismo, exhibicionismo, engaños). Puede ocurrir en cualquier entorno: dentro y fuera del hogar, en escuelas, lugares de trabajo, instituciones deportivas, religiosas, de bienestar social, en barrios y comunidades, en contextos de viaje y turismo y a través de Internet. Los responsables pueden ser adultos o compañeros, actuando solos o como grupo, y suele haber un desequilibrio de poder entre el perpetrador y la víctima (Pinheiro, 2006; Radford et al., 2015; UNICEF, 2017a).

El propósito del presente artículo es avanzar en la comprensión de la problemática con el interrogante centrado en cómo prevenir o reducir la vulnerabilidad al abuso sexual. Con el concepto de vulnerabilidad se hace referencia a las interacciones entre los aspectos individuales, sociales y programáticos que inciden en la vulnerabilidad a una enfermedad o daño (Ayres, Paiva y Cassia, 2018). Refiere a un conjunto de aspectos individuales y colectivos vinculados con una mayor susceptibilidad a padecer perjuicios y menor disponibilidad de recursos para su protección.

En la primera parte del artículo recuperamos consensos globales, datos y estudios diversos para caracterizar la problemática. El abuso sexual es una violación de los derechos humanos de las personas, afecta su bienestar físico, sexual, reproductivo, emocional, mental y social. La distribución de esta problemática no es aleatoria entre la población: los datos disponibles evidencian que afecta a una gran cantidad de mujeres, niñas y adolescentes, que los victimarios son por lo general varones y se aprovechan de una relación de confianza o autoridad. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (2016), 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren algún tipo de abuso antes de los 18 años. Como veremos más adelante, se trata de un delito que ocurre mucho más de lo que se devela y sólo un ínfimo porcentaje de quienes lo han padecido pide ayuda o toma el valor necesario para denunciarlo en instancias judiciales. A pesar de que los niños y niñas son susceptibles a la violencia y al abuso sexual, la adolescencia es el período de vulnerabilidad más pronunciada, especialmente para las mujeres (Unicef, 2017a).

En la segunda parte del artículo el interrogante está centrado en cómo prevenir o reducir la vulnerabilidad ante el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Si bien existe un consenso internacional de que es posible prevenir las distintas formas de maltrato infantil a partir de un enfoque multisectorial, son recientes los desarrollos de enfoques o metodologías de prevención del abuso sexual y es muy escasa la evaluación de las estrategias implementadas (OMS, 2016; OPS, 2017; UNICEF, 2018).

Las acciones de prevención, en su mayoría, están basadas en modelos aplicados en el contexto educativo y es extendido el acuerdo sobre los temas que deberían estar incluidos en la prevención en el ámbito escolar. La organización Save the Children (2012) ha propuesto tomar en cuenta de modo específico trabajar con niñas y niños sobre los siguientes contenidos: a) buenos secretos (que hacen bien y se pueden guardar) y malos secretos (que hacen mal y deben ser contados); b) contactos físicos adecuados e inadecuados, no sólo por cómo les hagan sentir sino también por quién se los haga; c) reconocimiento del propio cuerpo; d) desarrollo emocional; e) educación afectivo-sexual; f) revelación del/los episodio/s y pedido de ayuda; g) habilidades de autoprotección y seguridad personal. De un modo similar, la OMS plantea que los programas preventivos prometedores enseñan a niñas y niños: 1) la propiedad de su cuerpo; 2) las diferencias entre los contactos normales y los tocamientos impúdicos; 3) cómo reconocer las situaciones de abuso; d) cómo decir "no"; e) cómo revelar los abusos a un adulto en el que confíen. Este tipo de programas se han demostrado útiles a la hora de mejorar conocimientos y comportamientos de autoprotección que se supone servirán de prevención del abuso (Zwi et al., 2007; OMS, 2016).

La complejidad del abuso sexual exige reconocer los múltiples niveles del problema para incluir las distintas instituciones y grupos que pueden ser protagonistas en la construcción de una respuesta social contundente. Exige una respuesta que procure intervenir en los aspectos individuales, programáticos y estructurales que inciden en la vulnerabilidad ante el abuso sexual. Para abonar a esa construcción desarrollamos un modelo con principios (teóricos) y una guía de orientación práctica (pasos). Este modelo aspira a construir una respuesta integral a nivel local, que abarque la educación sexual, la movilización contra el abuso sexual y el fortalecimiento de una red de protección de derechos en infancia y adolescencia.

Reconocimiento de derechos y marco legal en la Argentina

En primer lugar, es importante destacar los consensos globales alcanzados en las últimas tres décadas en materia de reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. De la mano de la adhesión de casi todos los países del mundo a la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989), tuvo lugar un proceso de visibilización del maltrato infantil en tanto problema que excede la esfera privada, diferente según regiones y países.

El avance que significó la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) al reconocer al niño/a como sujeto de derechos provocó tensiones entre la ley moderna y las culturas o modos de regulación social locales, al promover la democratización de las relaciones sociales entre niñas, niños y adultos. Este reconocimiento de la niña o niño como sujeto de derechos implica una nueva concepción de sus relaciones con la familia, la sociedad y el Estado. Se deja atrás una concepción del infante como objeto de representación, protección y control y se pasa a un paradigma del niño, niña o adolescente como sujeto de derecho. La Convención tiene un carácter integral de los derechos: abarca todas las dimensiones de la vida y desarrollo y el ejercicio de los derechos es progresivo en virtud del desarrollo de sus facultades. Paradójicamente o no, el principal instrumento internacional político y jurídico para reducir una cultura de la discrecionalidad de los padres, los funcionarios y el poder Judicial se implementó en el marco de Estados debilitados para garantizar los derechos, en un período histórico signado por un retroceso del Estado como promotor de bienestar (Bustelo, 2011).

En la Argentina, la adecuación interna a la CIDN se dio mediante la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2005) y sus Decretos reglamentarios 415 y 416/2006. En este marco, el nuevo Código Civil, en vigencia desde 2015, acoge los mismos principios y viene a dar coherencia a la normativa relacionada con la intervención en este ámbito (Biagini y Sánchez, 2019). El nuevo código plantea la responsabilidad parental en reemplazo del concepto de patria potestad (arts. 638 y subsiguientes) y reconoce la autonomía progresiva. Al mismo tiempo prohíbe los castigos físicos y malos tratos por parte de los adultos (art. 647) (Thourte y Wachter, 2019). La autonomía progresiva, el derecho a ser oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta son algunos de los principios y derechos que se han incorporado en el plexo normativo, y de modo más lento y dificultoso en la jurisprudencia y las prácticas (Thourte y Wachter, 2019).

Entre los cambios más recientes vinculados a la protección contra el abuso sexual se destaca la modificación del art. 72 del Código Penal en octubre de 2018, que supuso la incorporación del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes como delito de instancia pública. El artículo implica que el Estado debe intervenir e investigar las denuncias sobre abuso sexual cuando se trata de menores de edad sin necesidad de que la madre o el padre ratifiquen la denuncia. Esta acción (la ratificación de la denuncia) era necesaria cuando el abuso sexual era un delito de instancia privada, y trababa un sinnúmero de procedimientos cuando, por temor a represalias, por la decisión de no “manchar el honor de la familia” o porque había familiares cercanos implicados, la madre o el padre decidían no hacerla.

A pesar de estos avances en el reconocimiento de derechos, en el accionar de las instituciones persisten prácticas propias del paradigma tutelar. Muchas veces las instituciones encargadas de brindar contención y cuidado son co-productoras del daño y los padecimientos. Las normas judiciales de procedimiento y prueba, por ejemplo, generan que en ocasiones las víctimas no puedan probar la agresión en los tribunales. Las dificultades en el acceso a la justicia se agudizan cuando se trata de agresiones sexuales. Sin duda, entre los nudos críticos institucionales para brindar asistencia y protección están los extensos tiempos de espera entre declaraciones y procedimientos, y la falta de articulación entre instituciones que deberían trabajar en colaboración, lo cual afecta de manera negativa a quienes han decidido, en procesos que nunca resultan sencillos, realizar una denuncia judicial. Esto genera procesos de revictimización que se retroalimentan en distintos procedimientos o intervenciones del Estado.

Datos sobre magnitud y características del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

El estudio del maltrato infantil en general y del abuso sexual en particular resulta difícil y las estimaciones son muy variables, dependiendo del país y del método de investigación utilizado (OMS, 2016). Dependen de las definiciones utilizadas, la cobertura y la calidad de los datos oficiales, la cobertura y la calidad de las encuestas basadas en los informes de las propias víctimas, los padres o los cuidadores.

Las estadísticas sobre abuso sexual en el mundo y en nuestro país presentan limitaciones debido a que existe un amplio subregistro de la problemática, principalmente porque el abuso sexual se oculta y silencia. Todas las violencias son subregistradas en las encuestas tanto por las víctimas como por los perpetradores (Unicef, 2017a). No obstante, la violencia sexual lo es en mayor medida pues forma parte del repertorio de tabúes sociales más potentes de nuestras sociedades, es ilegal, y porque las víctimas suelen estar presionadas para encubrir, envueltas en circuitos de extorsión y manipulación, especialmente cuando los perpetradores son de su entorno cercano. Las niñas y los niños temen sufrir represalias y procesos de estigmatización si hablan de lo que les ha sucedido. Distintos estudios han identificado entre las razones que explican los bajos niveles de denuncia ante las autoridades el sentimiento de culpabilidad de la víctima por lo ocurrido, la vergüenza y la creencia de que nadie puede ayudar (OPS; 2017; Singh, Parsekar y Nair, 2014; UNICEF, 2017a; UNICEF, 2014).

El abuso sexual puede ser dimensionado y caracterizado tomando dos tipos de datos: aquellos producidos por encuestas en población general y aquellos producidos por diferentes instituciones y dependencias del Estado que reciben denuncias y activan mecanismos de protección, conocidos como datos administrativos (UNICEF, 2017a; Stoltenborgh, Van Ljzendoorn, Euser y Bakerman-Kranenburg, 2011; Fallon, 2010; OPS, 2011). Los datos registrados por los organismos oficiales señalan la punta del iceberg del problema, pues refieren sólo a la ínfima porción de casos que ha llegado a denunciarse y registrarse (OPS, 2017; UNICEF, 2017a). Las violencias sexuales son medidas con mayor precisión con encuestas aplicadas a población general en las cuales se pregunta sobre situaciones vividas a lo largo de la vida (OPS, 2011). A partir de un metaanálisis de datos mundiales, se documentó que la prevalencia del abuso sexual registrado por encuestas a población general resulta 30 veces más alto que el que indican los informes oficiales a partir de los datos judiciales o programáticos que procesan (Stolterborgh et al, 2011).

Diferentes estudios realizados en población general con muestras representativas en más de 40 países de países de altos y bajos ingresos afirman que los abusos sexuales afectan a una gran proporción de la población, siendo la mayoría de las que los experimentan mujeres y niñas, y la mayoría de los perpetradores, varones (OPS, 2010; OPS, 2017; Radford, 2015; Stolterborgh et. al, 2011; UNICEF, 2017a).¹ En los países en los que hay información disponible, casi 9 de cada 10 chicas que sufrieron abusos afirman que ocurrieron durante la adolescencia (UNICEF, 2017a).

El abuso sexual está influenciado por el género: las niñas y adolescentes mujeres suelen informar tasas entre 2 y 3 veces más altas que sus pares varones (Radford et al., 2015; UNICEF, 2017a), aunque en algunos países como China se han encontrado tasas altas de abusos sexuales contra niños (Yen et al., 2008). El abuso sexual es una expresión grave de las violencias de género en la infancia y adolescencia. Las niñas y niños son más propensos a ser abusados ​​sexualmente por una persona que conocen, generalmente un adulto o un niño mayor que es un miembro de la familia, pariente, amigo de la familia o en una relación de confianza o autoridad (Pinheiro, 2006). En el citado informe de UNICEF (2017a) se señala que 9 de cada 10 situaciones de abuso fueron perpetradas por alguien cercano o conocido para las chicas o los chicos. Entre las adolescentes aparecen los novios como los perpetradores mencionados con más frecuencia, de acuerdo con los resultados de encuestas probabilísticas realizadas en 40 países de Europa, América del Norte, África y Asia (Barter et al., 2009; Reza et al. 2009, UNICEF, 2017a). Asimismo, los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares que no son los propios, o en instituciones de acogida, son también más vulnerables al abuso y a la explotación sexual (Pinheiro, 2006).

Hay evidencia de que algunos tipos de maltrato infantil ─entre los que se cuentan formas graves de violencia física y sexual─ pueden pasar inadvertidos, pues no son fácilmente identificables (OMS, 2009). Al analizar la situación del maltrato es importante tener presente la posible co-ocurrencia con violencia hacia la mujer en el ámbito doméstico (Radford et al, 2015; OMS, 2009). Se trata de situaciones en las cuales el victimario agrede tanto a la mujer como a los niños, pero también situaciones en las que la agresión se produce del hombre hacia la mujer y de ésta o ambos hacia los niños y niñas (Sánchez y Biagini, 2019; Patró Hernández y Limiñana Gras, 2005). Las investigaciones también muestran que las probabilidades de que una niña o niño padezca prácticas disciplinarias violentas es mayor en los hogares donde la madre es maltratada. Ser testigo de agresiones hacia la madre también tiene impacto en el desarrollo y la salud de niñas y niños; en los años 70 del siglo pasado se realizaron estudios que analizaron cómo algunos problemas que se generan en el desarrollo personal y social tienen su origen en haber estado expuestos a agresiones en el ámbito familiar (Sepúlveda García de la Torre, 2006; Save the Children, 2011; Sánchez y Biagini, 2019).

En la Argentina no se han realizado aún encuestas en población general para medir y caracterizar la problemática del abuso sexual, pero sí se dispone de información de otras encuestas. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2013, el 3,1 % de las mujeres encuestadas fueron forzadas en su primera relación sexual y cerca del 1 % de los varones fueron forzados (INDEC, 2013). En el informe de la Encuesta Nacional de Victimización (INDEC, 2017) se indica que existe una prevalencia de 1,7 % en delitos de ofensa sexual en la población de 18 años y más de Argentina, y que la tasa de no denuncia alcanza el 87,4 %. Este dato del subregistro y la baja tasa de denuncia está en línea con las cifras globales, según las cuales sólo el 1 % de las adolescentes que han experimentado sexo forzado se acercó a profesionales o instituciones para pedir ayuda (Unicef, 2017a). Estos números muestran cuán grande es la cifra negra de este tipo de delitos personales, desestimando la “postura convencional” según la cual el número de personas afectadas es mínimo, y los agresores son unos pocos “enfermos”.

En relación con los registros, si bien no existe a nivel nacional un organismo que sistematice los datos provenientes de las distintas instituciones que trabajan en este tema (Thourte y Wachter, 2019), funcionan distintos registros a nivel provincial o según dependencia estatal. Es una tarea pendiente crear sistemas de información unificados y generar datos vía encuestas poblacionales. No obstante estas limitaciones, es diversa y valiosa la información que se produce sobre el tema a partir de los datos propios de programas, servicios o instituciones.

En la provincia de Buenos Aires comenzó a funcionar en 2009 el Registro Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA), en el cual cada niño o niña con derechos vulnerados que fue atendido por el servicio de protección posee una ficha digital. Según el REUNA, en el año 2016 el 11 % de los casos atendidos correspondían a violencias o abusos sexuales (PBA, 2016). De acuerdo a los datos aportados por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2013 dicho organismo intervino en 20.000 casos de niños/as con sus derechos vulnerados, de los cuales un 10,9 % del total fue por abuso sexual (Bianco, 2015).

En 2016 Unicef Argentina, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicó los datos de una década del programa “Las víctimas contra las violencias”, cuyo objetivo es brindar atención a las víctimas de abusos o malos tratos de todas las edades. El Programa cuenta con un registro propio que realizan profesionales que acuden en casos de urgencia, y que actúa en la Ciudad de Buenos Aires las 24 horas, los 365 días del año. Los datos que recoge este informe son sobre niños, niñas y adolescentes, que corresponden al 52,5 % de las atenciones brindadas por el programa entre 2006 y 2016 (UNICEF, 2016). El informe muestra que 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual menores de edad que han solicitado asistencia fueron de género femenino, que se trata de niñas y adolescentes que en su gran mayoría asisten a la escuela, que el 86,7 % podría identificar al agresor (por lo tanto, se trata de personas conocidas por ellas), que la violencia sexual más habitual es el tocamiento por la fuerza seguida por las violaciones (vía oral o anal), que el 94,8 % de los agresores es de género masculino y que el 19,3 % de los agresores convive con las víctimas.

En relación con el vínculo que mantienen víctima y victimario, de acuerdo con los datos del programa el 53,9 % de los agresores de niñas y niños de 0 a 10 años son familiares (padre, padrastro, tío, hermano o hermanastro), mientras que el 30 % son conocidos no familiares. Estos porcentajes se modifican para niños, niñas y adolescentes de 11 a 18 años: el 42,1 % de los agresores son desconocidos, el 29,3 % son conocidos no familiares, como vecinos, amigas/os, etc., y el 26% son familiares. Un dato que destaca este informe es que el 36,8 % de los agresores son trabajadores o profesionales que cuidan niños, niñas y adolescentes (en las escuelas, instituciones de salud, fuerzas de seguridad, ámbitos religiosos, etc.). Respecto del lugar del hecho, el 33,2 % de los hechos sucedieron en la vivienda de la víctima, el 24,9 % en la vivienda del agresor, el 13,7 % en la calle y un 28 % en otros lugares (UNICEF, 2016).

Desde el ámbito de la justicia, un informe sobre personas condenadas por delitos contra la integridad sexual en la Ciudad de Buenos Aires (Unidad Fiscal de Ejecución Penal, UFEP, 2017) muestra que el 93 % de las víctimas fueron mujeres, que las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes corresponden a más de la mitad de los delitos condenados que están en prisión (56 %), y a casi tres cuartas partes de los delitos condenados que aún no están en prisión (73 % para las condenas en suspenso). Es decir que, de acuerdo con este informe, al menos 9 de cada 10 víctimas son mujeres y las condenas en su mayoría corresponden a delitos contra la integridad sexual de menores de edad.

En Tierra del Fuego, el Equipo Interdisciplinario de Psicología Interinstitucional realizó un análisis sobre los delitos contra la integridad sexual en el período 1998-2008 (Camargo et al., 2009). El corpus de datos del estudio estuvo conformado por datos sobre denuncias y condenas. El 96,2 % de las denuncias corresponden a mujeres y sólo el 3,8 % a varones, en consonancia con los datos precedentes internacionales y nacionales. Con respecto a las denuncias de abuso sexual infantil, la franja etaria con mayor riesgo es la comprendida entre los 13 y 15 años (31 % de las denuncias), seguida por la de 10-12 años (23 %). En el 42 % de los casos la relación con el victimario refiere a un vínculo familiar (un 31 % corresponde a familiares de primer grado y el 11 % restante a familiares de segundo grado como abuelos, tíos, primos, cuñados, etc.), seguido por un vecino o conocido (39 %), personas con quienes la víctima tenía alguna relación. El 25 % restante refiere a personas desconocidas, sin contacto previo. El porcentaje de condenas en Tierra del Fuego es alto, y aún así sólo en el 26,2 % de las denuncias pudo probarse el delito y condenarse al victimario.

Una encuesta realizada en 2009 por Bringiotti a estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires (2.750 casos) muestra que el 10% ha sufrido algún tipo de abuso sexual antes de los 19 años por parte de un familiar o de un desconocido. El número de mujeres duplica al de varones. El 70 % sufrió manoseos.

Avances en la prevención y aportes desde un enfoque integral y comunitario

A pesar del reconocimiento general de la complejidad del abuso sexual contra niños, niñas y adolesce y de la necesidad de un abordaje integral, son muy escasos los métodos de intervención que comprendan las múltiples dimensiones y niveles sistémicos del problema, que incluyan a la diversidad de actores y las diferentes etapas y momentos de la intervención.

Como se adelantó en la Introducción, las aproximaciones preventivas del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes están basadas en modelos aplicados en el contexto educativo (OMS, 2016). La organización internacional Save the Children (2012) ha detectado una serie de déficits en la implementación de estas acciones, relativos a la baja formación en el tema, la ausencia de espacios de trabajo interdisciplinar, la confusión respecto de los procesos de denuncia y la discontinuidad de los programas de prevención.

Los programas tienden a focalizar un grupo particular, por ejemplo niños/as, padre/madre o profesionales (Kornblit, Camarotti, Capriati y Wald, 2017). Hay muy pocos programas que trabajen de un modo integrado con todos los sectores o grupos que intervienen en la problemática. Tampoco se ha realizado una evaluación sistemática de estas intervenciones para conocer sus efectos e impacto. La evaluación se ha limitado a considerar la satisfacción de los participantes. En ocasiones, los programas preventivos, en especial los diseñados para escuelas, no están insertos en contextos más amplios, por ejemplo de educación sexual.

Por otro lado, muchas de las acciones de prevención del abuso infantil se basan en la confección de guías y manuales de recursos para la asistencia frente al develamiento del abuso, no trabajan en la prevención primaria de la problemática sino en la prevención secundaria y terciaria, ya que el contenido versa sobre orientaciones para que docentes, profesionales o facilitadores adquieran conocimientos y puedan actuar sobre situaciones de abuso infantil ya perpetradas (Kornblit, Camarotti, Capriati y Wald, 2017).

A partir de sus experiencias y de su labor como coordinadora del Programa Las víctimas contras las violencias, Eva Giberti (2015) describe los procedimientos y las estrategias de los atacantes sexuales, los riesgos de la revinculación, el estado de desvalimiento de los niños/as y adolescentes y el secreto que comprometen con los atacantes. En relación con la escuela, señala que se requiere advertir desde el aula sobre los riesgos de un abuso sexual, cualquiera sea su origen, e incorporar en las clases programas destinados a informar. Esto demanda un análisis previo sobre cuál es el programa más idóneo según las edades y los docentes a cargo. La metodología es importante pero también la situación de los alumnos, de la escuela y de la comunidad donde actúa.

En los últimos años el campo de estudio sobre prevención ha comenzado a diversificarse, especialmente a partir de estudios realizados desde la criminología sobre las estrategias o modus operandi que utilizan los agresores sexuales (Cockbain y Reynald, 2016). En las acciones de prevención es recurrente el interrogante sobre el perfil psicológico del agresor, la psicopatología individual o sus características personales, como si fuera la llave maestra de la prevención. No obstante, la característica más distintiva de los abusadores sexuales es su aparente normalidad (Herman, 1988). Si bien no existe un tipo de personalidad definida en relación con el agresor, sí existe un tipo de vínculo (Kornblit, 2017). Lo fundamental con respecto a esto es que el agresor no reconoce la necesaria distancia con la niña, niño o adolescente que le permita aceptarlo como un ser con necesidades propias, especialmente en relación con su desarrollo evolutivo. Se trata de una confusión de los límites que le permite avasallar el cuerpo del otro como si fuera una extensión del suyo. Por eso es tan importante el mensaje preventivo para las posibles víctimas en cuanto a que “mi cuerpo es mío”, aunque pueda parecer algo muy simple (Kornblit, 2017).

Entre los nuevos estudios se destacan los estudios desde una perspectiva situacional, en los cuales la pregunta se desplaza del porqué del abuso para poder examinar el qué, dónde, cómo, cuándo y quién (Brayley et al. 2011; Leclerc et al. 2011). Estas investigaciones, centradas en las dinámicas más inmediatas de la situación, abren nuevas posibilidades de prevención, informadas por los modus operandi de los agresores. Si bien el abuso sexual es una problemática global, se plantea que la solución debe ser local en tanto y en cuanto la dimensión del abuso y sus dinámicas, como así también sus causas y procesos estructurales, difieren entre localidades (McHugh, Adams, Wortley y Tilley, 2016). En función de estas variaciones, se alientan los abordajes de prevención que promueven una respuesta a nivel local, barrial o institucional.

Los aportes que planteamos en este apartado tienen como punto de partida la identificación de limitantes o desafíos en las aproximaciones preventivas del abuso sexual infantil y contribuir con su desarrollo. Compartimos aquí aspectos generales de un modelo de trabajo para la prevención del abuso sexual que adjetivamos como integral y comunitario. Se trata de un enfoque con principios teóricos y una guía de orientación práctica con pasos para llevar adelante acciones contra el abuso sexual a nivel local. Este modelo teórico-práctico recupera el trabajo realizado por nuestro equipo a lo largo de los últimos años, tanto en el ámbito de la investigación como en la asistencia técnica a programas de intervención en distintas provincias de la Argentina. Específicamente, el modelo se nutre de la sistematización de experiencias comunitarias en las cuales hemos participado en el norte y en el sur del país.

La primera experiencia nace en el año 2015 en la región de los Valles Calchaquíes junto a la Red Aquí y Ahora a Tu Lado (ONG referente en temáticas de derechos de niños, niñas y adolescentes del departamento de Santa María, provincia de Catamarca), la comunidad indígena de Amaicha del Valle (Tucumán) y los municipios de Cafayate y San Carlos (Salta). Esta iniciativa, financiada y apoyada por Unicef Argentina, consistió en reunir organizaciones, instituciones y referentes locales vinculados a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de una región semirrural del país, alejada de las capitales provinciales y de los recursos que en ellas se concentran (judiciales, programáticos, educativos, de salud, de seguridad). Esta experiencia tuvo una primera etapa entre 2015 y abril de 2018, en la cual contó con el apoyo técnico de nuestro equipo de trabajo (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA), y una segunda etapa desde mediados de 2018 hasta la actualidad, en la cual la Red Aquí y Ahora a tu Lado continúa multiplicando las acciones en nuevas localidades de la región.

Esta iniciativa contó con: 1) un proceso de capacitación en cascada sobre abuso sexual, derechos y promoción de la salud, que comenzó con la formación de equipos locales para luego extenderse a las escuelas (personal docente, jóvenes líderes y niños, niñas y adolescentes de nivel inicial, primario y secundario) y a otras instituciones que trabajan con dicha población; 2) encuentros de jóvenes para capacitarlos como líderes (jornadas, campamentos, bicicleteadas, realización de murales, batucadas en las calles); 3) un número amplio de actividades de sensibilización con participación juvenil en escuelas, plazas, calles, y medios de comunicación locales; 4) la creación de centros de escucha comunitarios en las tres localidades, con el fin de recibir demandas que no lograban ser canalizadas en las instituciones y organismos disponibles en la región; 5) acuerdos con áreas provinciales para mejorar el acceso de los habitantes de los Valles Calchaquíes a la justicia y a medidas de protección; 6) conexión con áreas programáticas provinciales para acercar recursos humanos y materiales a los valles; 7) mesas intersectoriales locales para generar acuerdos y modos de acción conjunta; 8) la escritura participativa de una ruta de acción ante casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes con aclaraciones específicas según cada provincia (elaborada en conjunto con organizaciones de la comunidad y profesionales de las áreas de educación, salud, justicia de las tres provincias); 9) la capacitación en distintos ámbitos (escuelas, centros de salud, policía) para que se aplique y se trabaje de acuerdo con la ruta de acción consensuada.

La segunda experiencia en la que colaboramos comenzó en 2018 en Río Grande, Tierra del Fuego, a partir de la iniciativa de la Secretaría de Promoción Social del municipio. Se conformó un equipo municipal que está abordando la temática en el municipio, se capacitó a las áreas de cultura y deportes para que puedan trabajar con los adolescentes que concurren a sus actividades artísticas y deportivas en la desnaturalización, la prevención y la detección de casos de abuso sexual; y se conformó una mesa intersectorial en el marco de la cual se realizó un diagnóstico participativo local sobre la problemática del abuso sexual infanto-adolescente y se construyó de manera colectiva una ruta de acción –impresa y digital– para saber cómo actuar ante casos de abuso sexual en la infancia y adolescencia.

A partir del trabajo realizado en estas experiencias construimos un modelo de intervención para prevenir, promover el cuidado y la protección ante situaciones de abuso sexual infanto-adolescente. La sintética presentación de las experiencias en el norte y en el sur del país permite comprender que cada intervención –-a pesar de estar basada en idénticos ejes conceptuales y principios que guían la acción– es única y singular. En la puesta en marcha de iniciativas cada localidad pone en juego aquello con lo que cuenta, que en un país federal y desigual como Argentina marca heterogéneos puntos de partida, recursos y caminos posibles. Sin embargo, es importante reconocer que muchos problemas se repiten de modo similar en distintas comunidades, por lo cual es importante sistematizar y difundir los aprendizajes de experiencias que puedan iluminar zonas o espacios comunes de acción.

El modelo desarrollado puede ser pensado como una tecnología social en tanto guía práctica para la implementación de acciones de distintas instituciones, idealmente todas las instituciones y grupos que trabajan con niñas, niños y adolescentes en una localidad. Esta modelización tiene como meta la construcción de una respuesta integral y comunitaria: hablamos de un abordaje integral porque se incluyen acciones de prevención y promoción, asistencia y protección, en las cuales se involucran a diferentes sectores, áreas del Estado y de la comunidad. Enfatizamos la movilización comunitaria porque los procesos de transformación son más duraderos cuando se compromete a las poblaciones y, en el caso que nos ocupa, cuando las y los adolescentes se asumen como protagonistas del cambio que quiere llevarse a cabo.

La modelización toma como eje central de intervención la dimensión comunitaria, entendida como un espacio social en construcción permanente, atravesado en distintos grados por la diversidad, el conflicto y la cooperación. No se parte de una perspectiva romántica de la comunidad, en tanto armónica y homogénea, sino como un espacio atravesado por relaciones de poder entre actores e instituciones que coexisten en un territorio. No obstante ello, se propone potenciar vínculos positivos entre los grupos sociales con los que se trabaja, sin desestimar la existencia de intereses contrapuestos. Se busca, entonces, maximizar las potencialidades del trabajo colaborativo a la vez que minimizar la influencia de los intereses particulares o factores que no colaboran con el desarrollo de la acción colectiva, entendida como la acción que privilegia el bien común.

Ejes conceptuales, principios y pasos

El modelo está organizado en tres ejes conceptuales, con diez principios, y seis pasos. En el desarrollo de las acciones en salud trabajamos desde un enfoque de género y de derechos, incluyendo los sociales, económicos y culturales. Este enfoque es crucial para el reconocimiento y el respeto de la dignidad y la capacidad de acción de las y los adolescentes, su ciudadanía y participación activa, asumiendo que no existe una sola forma de vivir la adolescencia sino múltiples, y que la experiencia de ser joven depende de cuestiones estructurales y culturales, como también de las relaciones sexo-genéricas.

El primer eje conceptual plantea que nada se sostiene en el tiempo sin la movilización comunitaria, la articulación entre instituciones y el compromiso del Estado. Este eje se desglosa en cuatro principios: 1) movilización comunitaria como herramienta de abogacía; 2) articulación interinstitucional para mejorar el acceso a los servicios de salud, protección, justicia y programas sociales; 3) búsqueda de apoyo del Estado nacional, provincial y municipal para dar sustentabilidad a las respuestas locales; 4) ampliación de las acciones comunitarias a otras localidades para potenciar las respuestas y reforzar la sustentabilidad

La movilización involucra a adolescentes y jóvenes, tanto dentro como fuera de la escuela, y a adultos o familias que decidan acompañarlos. Con una comunidad movilizada, las actividades de prevención están enmarcadas en un proyecto mayor que se difunde y se instala en las instituciones comprometidas. Es necesario que las diversas instituciones entiendan los beneficios del trabajo en red y se den tiempo para pensar en cada escenario los mejores modos de vincularse. Dado el complejo mundo en el que se desenvuelve la vida cotidiana en la actualidad, los recursos o apoyos que enmarcan su desarrollo deben ser producto de articulaciones de un conjunto de instituciones: familia, escuela, servicios de salud, organizaciones comunitarias, clubes y otras organizaciones, todas las cuales pueden resumirse en la expresión “Adultos que cuidan y estimulan”. La sustentabilidad de acciones de movilización comunitaria puede lograrse mediante acuerdos con las provincias y municipios de los territorios donde se realizan las intervenciones, de modo que la capacidad que se logró construir quede instalada. Si bien la participación comunitaria es uno de los pilares de la sustentabilidad, el otro es el apoyo del Estado, capaz de sostener recursos y otras capacidades en el tiempo.

El segundo eje posiciona a las y los adolescentes y jóvenes como protagonistas del cambio, con apoyo de adultos que estimulan y cuidan. Este eje está subdividido en tres principios: 1) adolescentes que tomen la palabra y sean parte de la acción colectiva; 2) escuelas como espacios privilegiados para la promoción de la salud; 3) los cambios en los repertorios culturales sólo son posibles si se propicia la reflexión crítica.

Los procesos de cambio en las comunidades son más duraderos si participan adultos y adolescentes del lugar, desde el comienzo del proceso, incluyendo la etapa diagnóstica. Hay que tener en cuenta que la participación adolescente en proyectos comunitarios implica una oportunidad para su propio desarrollo y crecimiento. Y aquí, parafraseando a Donald Winnicott (1994), es crucial la presencia adulta: donde haya un adolescente pujando por crecer debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje. En lo que denominamos zona práctica de influencia nos planteamos trabajar con jóvenes a nivel comunitario y grupal estimulando solidaridades y también, en términos de sus subjetividades, la posibilidad de soñarse a sí mismos en otros mundos y de pensarse a futuro. Para lograr la movilización comunitaria un punto central es la integración de jóvenes y adultos, lo cual implica la mutua valoración de intereses y opiniones. Los adultos deben propiciar la reflexión sobre cuál es su lugar y en qué medida el modo en que cumplen su rol habilita o no la participación genuina de los adolescentes, da lugar a su voz y, fundamentalmente, a sus prácticas, aun cuando estas les puedan generar rechazo o incomodidad.

El tercer eje plantea diagnosticar, planificar, evaluar y sistematizar de manera participativa y tiene tres principios: 1) conformación y capacitación de equipos locales para llevar adelante las tareas y unificar criterios de intervención; 2) monitoreo permanente para cambiar a tiempo lo que no funcione y evaluación para registrar los cambios ocurridos; 3) sistematización de la experiencia para documentar lecciones aprendidas.

La base de toda acción de movilización comunitaria es la participación de dicha comunidad en todas las fases del proceso, desde la etapa diagnóstica hasta la planificación y ejecución de acciones. La sistematización de experiencias implica una interpretación crítica a partir de un ordenamiento y una reconstrucción de elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en un proceso para comprenderlo, interpretarlo y así aprender de la propia práctica. Se reconstruye la información sobre los actores y factores que han intervenido, sobre cómo se han vinculado entre sí y, en la medida de lo posible, se analiza por qué motivos lo han hecho de esa manera. La clave es avanzar en una interpretación crítica del proceso de movilización comunitaria realizado que permita extraer aprendizajes que tengan utilidad para el futuro.

En relación con los principios del modelo, presentamos aspectos generales de la guía de orientación práctica (Wald, Camarotti, Capriati y Kornblit, 2018). Los pasos del modelo implican avanzar sobre el “cómo” de las acciones. Los pasos son una forma de implementar los principios que animan el trabajo comunitario en salud con jóvenes. Los seis pasos que hemos desarrollado para facilitar la realización de proyectos o intervenciones bajo este modelo son: 1) diagnóstico participativo y formulación de problemas; 2) organización y formación de las y los participantes jóvenes y adultos; 3) comunicación del proyecto a los actores de la comunidad y áreas del Estado vinculadas; 4) trabajo en las escuelas; 5) acciones en la comunidad; 6) articulación entre instituciones y la construcción de una respuesta social. En cada uno se detallan objetivos e indicadores de evaluación para facilitar la planificación e implementación de las acciones. Por supuesto, estos pasos son flexibles y su utilización es singular y contingente en cada experiencia. La apuesta es a no encorsetar soluciones, pero sí a tomar en cuenta los aprendizajes de distintas experiencias y comunidades, ya sea cercanas o geográficamente alejadas.

En el sitio web dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales hemos subido materiales para la formación en prevención, promoción y protección en torno al abuso sexual infanto-adolescente². Se trata de materiales teóricos y ejercicios prácticos diseñados para su utilización en talleres y tienen como propósito explícito movilizar a la comunidad para el cuidado y la promoción de derechos de las y los adolescentes. Estos materiales fueron preparados y seleccionados por el equipo formado por Ana Lía Kornblit, Alejandro Capriati, Ana Clara Camarotti y Gabriela Wald, y fueron utilizados en el marco del proyecto “Hacia un sistema de acción regional integrado. Fortalecimiento de las acciones de las instituciones locales y las redes juveniles”, con el apoyo de UNICEF Argentina (2015 y 2017). Buena parte de los materiales compartidos en este sitio han sido elaborados en el marco del proyecto y también se han seleccionado excelentes documentos realizados por organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil dedicados a la temática.

Acerca de los límites de las acciones locales contra el abuso

Resulta importante remarcar los límites de este tipo de intervenciones y sus alcances. Hay quienes afirman que en tanto no mejoren las condiciones estructurales que determinan los problemas de salud adolescente no se lograrán modificaciones sustantivas en relación con la calidad de vida de las y los jóvenes o, en el mejor de los casos, se alcanzará apenas un paliativo. Siguiendo a Onetto (7), en los proyectos comunitario-sociales es posible diferenciar una “zona de preocupación” y una “zona de incumbencia”. La primera comprende todos los factores que pueden influir, en este caso, sobre la salud integral adolescente, los cuales escapan a nuestro radio de acción como profesionales u operadores comunitarios, pero que sabemos que tienen influencia sobre ella, como por ejemplo el nivel socioeconómico de las familias de los y las adolescentes, el tipo de entorno ambiental del territorio de residencia, etc. La zona de incumbencia, en cambio, es la que está directamente en el foco de lo que sí podemos modificar; por ejemplo, la posibilidad de que los y las jóvenes defiendan su derecho a la educación sexual integral. Teniendo en cuenta precisamente la posibilidad de las intervenciones que pueden incentivar cambios, preferimos llamarla “zona práctica de influencia”. Si bien desde este nivel de abordaje no podemos modificar condiciones macro o estructurales (regulaciones laborales, inversión educativa, o cuestiones referidas a la seguridad social, etc.), sí es posible generar transformaciones intermedias: reflexión crítica de la comunidad, su movilización para conseguir que se amplíen derechos o que se hable de temas silenciados, trabajo con instituciones clave (como la escuela, el centro de salud, organismos de gobierno, etc.) para mejorar los sistemas de respuestas a determinada problemática, la generación de vínculos entre adolescentes y adultos que redunden en vínculos de cuidado, entre otras.

En el caso específico de las acciones contra el abuso sexual es importante tener presentes las resistencias existentes a hablar de ese tema y otros relacionados, vinculadas con aspectos culturales arraigados que tienden a aceptar el maltrato infantil y tolerar las violencias de género. Para vislumbrar estas resistencias podemos examinar las representaciones sobre el abuso sexual y los estereotipos sobre las víctimas. Kennedy (2016) identifica una posición convencional sobre el abuso y el accionar institucional que contribuye a la perpetuación del problema. Como mencionamos en la Introducción de este trabajo, según esta posición el abuso sexual aparece como un comportamiento patológico de unos pocos (mayormente) varones, que afecta a un número reducido de víctimas (mayormente mujeres).

De acuerdo con el análisis de Kennedy, el escenario con el que se encuentran las personas que denuncian no es alentador. En ocasiones se desconfía del testimonio de las víctimas, se plantea que lo inventan o que no supieron comportarse adecuadamente para evitarlo. Se generan dudas o sospechas sobre si lo que ocurrió requiere una intervención judicial. Los estereotipos sobre las víctimas (“la vengadora”, “la mujer que no sabe cuidarse”, “la provocadora”, “la mujer demasiado susceptible”, “la histérica delirante”) obstaculizan aún más la denuncia. Aún quienes han sufrido una agresión reconocida como abuso sexual, muchas veces tampoco tienen ningún tipo de compensación luego de pasar por el sistema judicial. Así, el develamiento y la denuncia son sistemáticamente desalentadas tanto por las sociedades como por sus instituciones, colaborando de manera profunda en el silenciamiento del problema. Kennedy afirma que la maniobra de culpar a la víctima permite a las personas negar que el abuso sexual tiene la magnitud que tiene y ocurre incluso al interior de una pareja. Argumenta que esta negación impide a las personas ver que el abuso sexual estructura las relaciones entre varones y mujeres en situaciones que parecieran no tener nada que ver con él y devela un conflicto de intereses entre mujeres y varones. Existe un interés masculino en mantener el statu quo, pues si hubiera mayor protección hacia las mujeres, podrían salir perdiendo (Kenney, 2016).

Desarticular estos aspectos requiere de un trabajo que interrogue los modelos de socialización de género, emprender acciones tendientes a ampliar la voluntad de denuncia de las mujeres, chicos y chicas que hayan sufrido este tipo de agresiones, y trabajar para brindar cada vez mejores respuestas institucionales cuando las personas afectadas buscan ayuda.

A modo de cierre

Si bien son diversas las iniciativas que existen para desnaturalizar el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y mejorar las acciones de prevención, asistencia y protección, el cuadro de situación que se percibe es ambiguo: hay logros, contramarchas y limitantes. La intervención del Estado es diversa, contradictoria y desigual: sus intervenciones develan déficits institucionales y nudos críticos en la protección de derechos en la infancia y adolescencia. Por lo general, la acción estatal es tardía y reacciona ante situaciones extremas. A pesar de los avances institucionales, en el accionar de servicios y dispositivos persisten prácticas propias del paradigma tutelar. Los mayores logros, tal vez, estén vinculados con la mayor conciencia que tienen las generaciones más jóvenes sobre las violencias sexuales y las violencias de género y el activismo social que alienta la visibilización de estas problemáticas.

Como hemos visto a lo largo del artículo, reducir la vulnerabilidad ante el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes presenta retos de naturaleza y magnitud muy diversa. Una tarea central descansa en lo preventivo y promocional: ampliar la discusión pública sobre los maltratos hacia la infancia, lograr que más familias incorporen pautas de crianza y métodos de disciplina no violentos, promover la educación sexual integral y el derecho a una vida libre de violencia, discriminación y abuso.

La gran mayoría de las acciones para la promoción de la salud sexual, cuando tienen impacto, modifican primero el nivel simbólico y cultural, y no las conductas individuales (Paiva, 2018). La extensión del abuso sexual rebasa el binomio patología - normalidad. El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes se inscribe en sociedades organizadas en torno de los privilegios del poder masculino y la discrecionalidad del poder adulto. Las jerarquías de género y los abusos del mundo adulto son las bases culturales que posicionan a las mujeres, niñas y niños en inferioridad de condiciones para la autonomía y la toma de decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. Las violencias sexuales hacia las infancias tienen como denominador común que la palabra del niño o la niña está desacreditada, se arroja un manto de sospecha sobre ella y se descree de su veracidad. La desvalorización de su palabra obedece a que la palabra adulta, especialmente la del padre, es la posición socialmente más autorizada, elemento característico en sociedades estructuradas sobre la heteronormatividad como régimen político. Estas intersecciones evidencian la necesidad de incrementar la integración entre las acciones contra el maltrato infantil y la violencia contra la mujer y aumentar la sinergia entre las agendas de diversos colectivos y redes institucionales.

Otra tarea central para reducir la vulnerabilidad ante el abuso sexual refiere al tipo de asistencia y acompañamiento que se brinda a las personas que han pasado por este tipo de situaciones. Como aprendimos en nuestras experiencias comunitarias, es decisivo un abordaje que integre las acciones de prevención y promoción, asistencia y protección como un continuo en el cual se teje una red de cuidado a nivel local (que involucre a diferentes sectores, áreas del Estado y organizaciones de la comunidad) y se aliente la movilización comunitaria. Los procesos de transformación son duraderos cuando se compromete a las poblaciones y, en el caso que nos ocupa, cuando las y los adolescentes se asumen como protagonistas del cambio que quiere llevarse a cabo. Nada de esto es fácil. Los saberes locales existentes en la comunidad, especialmente el conocimiento acumulado de técnicos, profesionales y referentes barriales, son tan valiosos para iniciativas de este tipo como socialmente desjerarquizados.

Estos retos involucran de modo decisivo al mundo adulto y las instituciones: tienen que ver con sus acciones (y omisiones), con el resultado de los debates públicos sobre prioridades, valores, jerarquías de género y derechos en la infancia. A pesar de los avances en el reconocimiento de derechos, los esfuerzos institucionales y el activismo social, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo un tema tabú, un asunto del cual es necesario hablar cada vez más para aumentar las posibilidades de prevención y fortalecer las redes de cuidado.

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Notas