Notas de investigación

Valor(es) y la tríada tierra-trabajo-política. Una etnografía sobre vida urbana en el Gran Buenos Aires

Introducción

En este texto me interesa sintetizar algunos resultados de una etnografía en barrios populares del partido de La Matanza, uno de los distritos más emblemáticos y populosos del Gran Buenos Aires. Entre 2017 y 2024 articulé un trabajo de campo de largo aliento junto a residentes de asentamientos de reciente conformación y barrios autoproducidos de mayor consolidación, trabajadores de cooperativas de saneamiento ambiental encuadradas en programas sociales de empleo, referentes barriales y funcionarios estatales. Esto implicó involucrarme en dinámicas comunitarias de provisión de alimentos, jornadas y conferencias de prensa ligadas con el hábitat popular, además de movilizaciones en el espacio público para reclamar por el asesinato de un referente comunitario. A partir de una perspectiva antropológica sobre el poder y los entramados de fuerzas —que destaca sus sedimentaciones materiales, relacionales e históricas (Crehan, 2004; Gramsci, 1981; Wolf, 2001; Roseberry, 2014[1989]—, la tesis doctoral¹ indaga en cómo se despliegan los procesos recientes de urbanización y reproducción de la vida en un escenario de incertidumbre, precarización y violencia crecientes. En estas notas presento uno de esos ejes: cómo se articulan modalidades de producción-extracción de valor en dichos procesos de urbanización, las cuales abren nuevos sentidos al histórico entrecruzamiento entre tierra, trabajo y política en los sectores populares urbanos.

La Victoria y la (re)creación de vida urbana

Un aspecto fundamental de mi investigación consistió en atender a las variadas regulaciones que se ponen en juego al producir la vida urbana entre las clases populares. Por ejemplo, al momento de acceder a la tierra y autoconstruir un barrio. Las regulaciones elaboradas socialmente en La Victoria, un asentamiento de Virrey del Pino creado a fines de 2016, en este sentido son ilustrativas. En 2017, luego de algunas semanas en las que visité la nueva ocupación y dialogamos con Canay —el referente barrial encargado de la organización inicial—, le comenté que estaba escribiendo “un libro sobre el barrio San Nicolás —un barrio cercano más consolidado, donde estaba realizando trabajo de campo para mi tesis de licenciatura, investigación que luego continué y profundicé en mi doctorado—, un libro para la facultad” y que “me interesaba conocer un poco más sobre la organización de la toma”. Frente a mi insistencia, me invitó a participar de las asambleas.

Durante las asambleas, la elaboración de criterios de membresía posibilitó administrar la asignación de terrenos vacantes y la permanencia en ellos, como así también arbitrar una serie de conflictos internos. Incluso, se posicionó como una estrategia para la potencial articulación con políticas estatales de urbanización (o para confrontar una gestión pública basada en la ambivalencia y la ilegibilidad de los sentidos populares del habitar que en no pocas ocasiones finalizaba en desalojos y despliegue de violencia) y como un medio de contener el incremento de riesgos por la aparición de bandas y otros agenciamientos señalados por encabezar la mercantilización de los terrenos.

El control sobre los usos de los terrenos otorgados era un tema central de debate en dichos espacios. Cuando las familias o personas asignadas para habitar los lotes no realizaban ningún tipo de avance en aquel, ni tampoco participaban de las mejoras barriales, era un motivo de preocupación para Canay y el resto de residentes; y en determinadas ocasiones decantaba en su reasignación. En aquel asentamiento, la tierra no podía permanecer inmóvil: si no era trabajada, transformada, si no se la apropiaba mediante energía y trabajo y tiempo, se redistribuía. La tierra podía cambiar de “dueño” o de "potencial propietario", aunque esta asignación era condicional a la inversión de esfuerzo humano y a una serie de criterios altamente moralizados. Esta regulación social de algún modo respondía a los intentos por elaborar sentidos colectivos en la “lucha por el predio”. También, se evidenciaba la oposición de gran parte de los pobladores a que las dinámicas del asentamiento relativas a la gestión del suelo sean interpretadas como movidas en base a arreglos e intereses económicos. Tal lógica considerada “espuria”, muchas veces era asociada a prácticas clientelares, a actividades de grupos ligados a redes criminales y a motivaciones basadas en el lucro. Esto, al parecer, podría dificultar los diálogos con funcionarios y agencias de gobierno en torno a la regularización del asentamiento, incluso legitimar acciones de represión y desalojo.

Durante las asambleas se movilizaron tres principios o criterios de asignación de parcelas:

• La “necesidad”, como una regla aglutinante de diversas circunstancias y ciertos casos sensibles y prioritarios: la condición económica de las familias (si las personas se encontraban desempleadas o con dificultades financieras), la constitución de la unidad familiar (grupos monoparentales o familias numerosas) y criterios de género (priorizaron la situación de mujeres jefas de hogar o que hayan sufrido violencia). También era señalado dentro de esta pauta el estado de salud de algún poblador o integrante de familia (enfermedad o discapacidad).

• Las experiencias de padecimiento y sacrificio. Hondamente moralizados y atravesados por dimensiones temporales, estos criterios se movilizaban para comparar distintas situaciones “en revisión” —lotes asignados pero no ocupados, conflictos entre familias salientes (por no haber realizado avances) y familias entrantes (de los que se esperaba la permanencia)— y cuestionar a quienes, “necesitando” un lugar para vivir, no se establecían definitivamente ni se involucraban en el armado barrial, cuyo proceso era definido como arduo, ávido de organización y de compromiso individual y colectivo.

• La participación y el involucramiento en espacios y prácticas colectivas. Se manifestaba, por una parte, en las mejoras realizadas, tanto de la infraestructura y servicios públicos como de los lotes (en parcelas propias o mediante la ayuda brindada a otros vecinos). Este hacer, el cual implicaba una profunda inversión de tiempo y trabajo, construía y habilitaba, de algún modo, un principio de derecho sobre aquello sobre lo que se dedicaba esfuerzo y tiempo vital de manera significativa, tornándolo algo merecido y justo (Quirós, 2011; Ferraudi Curto, 2013; Manzano, 2013). Ese hacer también daba cuenta de la lucha —y nuevamente el sacrificio— por el acceso a la tierra y las expectativas abiertas hacia la urbanización, expresando en gran parte el empeño cotidiano por construir un barrio. Por ello, entre los criterios creados colectivamente, la participación y el compromiso eran altamente valorados, configurando evaluaciones morales positivas entre vecinos y vecinas.

En la investigación, además de destacar cómo el trabajo compone un lugar central en la experiencia de las clases trabajadoras en términos de reproducción social, emergió un sentido de trabajo ligado a la producción urbana. Como argumenta Teresa Caldeira (2017), la autoconstrucción como proceso genera nuevas formas de política al habilitar un despliegue de agencia inusitado. Cuando construyen, además de sus viviendas, infraestructuras y servicios urbanos o equipamientos colectivos, las personas se vuelven agentes de urbanización, interactuando con el Estado y otras instituciones, imbricándose en lógicas transversales para lograr mejoras materiales. Así, se tornan partícipes, con su fuerza de trabajo, de la consolidación urbana de los barrios que habitan.

En tal sentido, el trabajo entendido en términos de inversión y gasto de energía, se ubicó como aspecto clave de la creación de valor en los mercados locales de suelo urbano; sea como un trabajo condensado en las tareas de autoconstrucción de viviendas y mejoramiento de terrenos para posteriormente comercializarlos o, a nivel comunitario, para avanzar en la progresiva urbanización del asentamiento, lo que a fin de cuentas valorizaba la tierra.

En ciertos sectores de La Victoria, algunas personas desarrollaban una serie de arreglos y estrategias para obtener rendimientos económicos de la tierra vacante. Según los comentarios de residentes y miembros de las organizaciones con las que entablé vínculos duraderos, eran varios jóvenes quienes gestionaban los terrenos que se ofertaban por el boca en boca o a través de plataformas web. Además, vecinos y vecinas con cierto capital e influencia, como comerciantes y emprendedores, estaban involucrados en tales operaciones; incluso el acaparamiento y venta de terrenos era una estrategia familiar común de personas con menor capacidad económica. Asimismo, se mencionaba la presencia de migrantes que edificaban velozmente locales para alquiler, depósitos o talleres y casas de material; ritmos que no se condicen con los procesos más extensos y esforzados que habían experimentado los pobladores más antiguos. Parte de estos actores aprovecharon para ocupar, lotear y vender; otros acordaron la comercialización con los supuestos dueños de los campos, arreglo en el que podían subdividir y negociar hasta cierto límite. También estaban los que “arreglaron” con la municipalidad para “tomar y vender”. Ante esa dinámica, no eran pocos los vecinos que se quejaban con cierta amargura, porque sentían que en su momento podrían haber tomado “uno o dos terrenos para tener”, para “hacer plata”.

Cuando conversábamos con los habitantes de la zona, la viveza de las personas que tienen la iniciativa para acaparar parcelas era destacado como un rasgo fundante del vigente mercado local de suelo. Trayendo una conversación con una pareja de residentes sobre los lotes “usurpados” que “se acaparan y luego se venden”, su respuesta fue clara:

Marta: Sí, siempre pasa. Hay, hay [quienes venden terrenos]. Los que tomaron allá vos vas a ver en Facebook que te lo venden barato. Toman tres, cuatro, cinco, una manzana toman. Siempre está el vivo, viste. Que va hacia adelante, y bueno, loteó y te lo vendió. Todos esos terrenos fueron vendidos.

José: En vez de darle a uno que necesita, ellos venden, viste. Hay mucha gente que necesita.

Los vivos “toman cuatro, cinco, seis terrenos”, algunos “tenían como veinte”. Con el tiempo “los arreglaban un poquito, se le ponía un ranchito, y después se los venden a gente que necesita, que vienen de otros lados, ponele Capital o vienen de afuera”, profundizaba Paco (vecino y trabajador de cooperativa) sobre el modus operandi de estos operadores sagaces.

Más allá de la astucia atribuida a jóvenes o emprendedores locales, al parecer, era frecuente que muchas personas hubieran tomado más de un terreno cuando ocurrían las ocupaciones masivas de tierra. Sin embargo, el destino de esos lotes era variado. Además de tomar terrenos para habitar o como fuente de herencia futura y trasmisión patrimonial, esto es, “para dejarle algo” a nuevas generaciones, en ocasiones los lotes eran adquiridos con el propósito de obtener una ganancia, sea (re)vendiendo rápidamente o luego de un tiempo, sea para captar una renta mensual producto del alquiler de la propiedad. Si bien existen casos de situaciones complejas por la actuación de agentes ligados a la criminalidad, pareciera regir un escenario común: lejos de liderar grupos de poder que controlan el mercado local de suelo —a diferencia de lo que ocurre en otras geografías con el llamado “tráfico de tierra” (Dammert y Rodríguez, 2024) o con grupos criminales que diversifican sus actividades económicas (Lacerda y Telles, 2024)—, muchas personas encontraban en la obtención de una (o varias) parcela de tierra una vía relativamente sencilla y atractiva para acumular activos. Iniciativas comunitarias coexistiendo con estrategias individuales o familiares en torno a la producción de ciudad y como una vía atractiva de aprovisionamiento.

Puede argumentarse que, en esas representaciones y narrativas sobre ciertos actores o prácticas económicas ligadas con el suelo, en las que se envuelven la circulación de dones y mercancías (y valores ligados al dinero o a los vínculos interpersonales), las personas construyen clasificaciones sociales y morales cuyas fronteras no son fijas. Así, mientras que para algunos tomar tierra se veía como una oportunidad que no había que desaprovechar ya que potenciaba las estrategias familiares de obtención de ingresos o era una posibilidad para mostrar generosidad al “donar” una parcela a quién precisaba, a otros se los acusaba de vivos, encuadrándolos como parte constitutiva de grupos criminales, siendo señalados por llevar a cabo prácticas ilegítimas y poseer supuestos vínculos con funcionarios municipales o bandas que hacían de la venta de parcelas de tierra “un negocio”.

La tierra y el interjuego entre producción y extracción de valor

Uno de los ejes articuladores que costuraron la investigación doctoral se vincula con las discusiones acerca del valor. La noción de regímenes de valor es apropiada para referir a la variedad de arenas sociales y culturales que se despliegan de manera situacional en la definición de valor(es) y cómo los mismos cristalizan en ciertos objetos materiales. Esta definición, heredera de los aportes de Appadurai (1991) pero que al mismo tiempo es discutida y enriquecida por Villarreal (2014), permite subrayar cómo las evaluaciones y equivalencias entre bienes y servicios son producidas y reproducidas diferencialmente a partir de relaciones socioculturales y económicas, en contextos donde las dimensiones de poder rigen y torsionan ritmos e interacciones. Con ello, busqué explorar la imbricación de valores económicos con valores sociales y morales —aquello que Wilkis y Carenzo (2009) denominan forma don-mercancía—, sobre todo al momento en el que los sectores populares urbanos intentan establecer relaciones de acceso, acumulación y transacción con la tierra. Esos procesos de acceso, valorización y acumulación de suelo, que en la etnografía aparecen como tomar, dar, pedir, vender, comprar, expresan una reconfiguración en la cual dinámicas familiares y relaciones de vecindad emergentes ocupan el centro de la escena. Como mostré en el apartado anterior, en dichas dinámicas, las donaciones de tierra o vivienda a parientes, compañeros y “hermanos” de fe coexisten con maniobras de emprendedores locales y residentes, quienes procurando tomar el mando de sus vidas y corriendo riesgos elucubran estrategias de venta particulares, como las publicaciones en redes sociales y plataformas de e-commerce, y amplían así el panorama actual de las formas populares de urbanización.

Generalmente, luego de tareas de mantenimiento, limpieza, cercado e incluso armado de una casilla, en paralelo a la participación en asambleas y otras actividades comunitarias, los dueños de los lotes pasaban a la etapa de comercialización. Esa etapa se relacionaba con —y a la vez era motorizada por— una multiplicidad de factores: desde la urgencia financiera, el riesgo de ocupación (a partir de la potencial acción de carreros, transas o bandas), la percepción de que las condiciones decantarían en un desalojo inminente por parte de agencias estatales, desavenencias y conflictos con la organización que encabezaba la toma o con los residentes permanentes, la imposibilidad de continuar invirtiendo tiempo y trabajo, incluso la especulación en el tiempo hasta definir un momento propicio para realizar la transacción.

Entre 2022 y 2023 comencé a prestar atención a publicaciones en MarketPlace y grupos de compra-venta de Facebook, en donde las personas llevan adelante estrategias de venta de terrenos. Con características similares a los folletos de loteos populares del siglo pasado —como resaltar la ubicación y dimensiones de las parcelas, los aspectos destacados en términos urbanísticos y de equipamiento colectivo o servicios de infraestructura, la variedad de financiamiento y formas de pago, la documentación dominial respaldatoria, entre otras— familias, residentes de barrios más consolidados y emprendedores locales posicionan al suelo como fuente de ahorro, deuda o inversión a futuro energizando el alternativo mercado inmobiliario. Allí, proyecciones mercantiles y sentidos más pragmáticos constituidos en base a maniobras y oportunidades de acumulación, valorización y obtención de ganancias se acoplan a las modalidades asociadas a dones, organización comunitaria y valor social, como el tomar, dar y pedir parcelas de tierra.

Los avisos se titulan mayormente “se vende terreno”, “vendo o permuto”, “vendo o cambio”, “terreno en venta: financiamos o permutamos”, dando a entender que es factible tanto la venta como el intercambio por otro pedazo de tierra o bien. A continuación, un dato destacado en las descripciones tiene que ver con las dimensiones de la parcela, expresados en metros: 10 x 24, 11 x 20, 10 x 20, 10 x 10, 10 x 15.

Junto con la ubicación —barrio y localidad—, en los avisos es resaltado la cantidad de cuadras que distancia la tierra en venta del asfalto, instituciones educativas (escuela primaria, escuela secundaria y jardín comunitario), si está cerca de centros de salud y paradas del transporte público (“el 622 Q va a Catan”). Por ejemplo, algunos posteos en MarketPlace destacan que el terreno se encuentra “a 10 cuadras de ruta 3”, “a 20 metros de parada de colectivo y remises”; incluso la cercanía con depósitos donde comercializan materiales de construcción —“Corralón a la vuelta”—. Quienes publican los anuncios detallan aspectos referidos al grado de autoconstrucción alcanzada, es decir, si los lotes tienen una casilla o una casa de material —“con una pieza grande de material ah terminar y un monoambiente echo de maderas”, “tiene una casilla precaria y baño de material”—, los servicios de infraestructura como el acceso a electricidad y agua —“Cuenta con bajada de luz y agua potable”, “luz prepago, agua de pozo”— y alguna otra mejora o avance constructivo —“Cuenta con 12 pozos para llenar las bases”, “está serrado. Con alambre de 2 metro ideal para hacer una quintita”—.

Los precios publicados en los avisos fluctúan de los 700 mil pesos a los 3 millones de pesos, además de tasaciones en dólares, dependiendo del período tenido en cuenta, el lugar en el que está ubicado el terreno y los amenities. Los resultados del trabajo colocado en la mejora de la parcela y en muchas ocasiones la construcción de una casilla de maderas o una casa de ladrillos, finalmente, son monetizados y expresados en el valor del terreno.

Entre los factores de incidencia del precio de la tierra estaban, además de la confrontación entre la oferta y la demanda o la estructura del mercado de suelo local —que suele incorporar elementos y dinámicas del mercado inmobiliario formal (Cravino, 2006)—, el grado de urbanización, la existencia de equipamiento comunitario y redes de infraestructura (especialmente asfalto, servicio de electricidad y red de agua potable), el tiempo transcurrido desde la adquisición del terreno (en una coyuntura económica marcada por una inflación galopante) y —a pesar de lo que afirman las corrientes teóricas sobre la renta de la tierra— la existencia de trabajo humano invertido en el mantenimiento y mejora de las parcelas o en la construcción de una casilla. Es decir, el valor está en gran medida colocado en el tiempo social y necesario de producción de la tierra como suelo urbano, así como en la formación de un barrio a través del trabajo de autoconstrucción de infraestructuras y redes de servicios.

Asimismo, muchos vendedores financian el pago o pueden llegar a rebajar el precio final si la compra es al contado: “con plata en mano se habla”, “Pido 3 millones a contado sino a pagar sería otro precio con anticipo 2 millones”, “Por el terreno quiero 800mil al contado o a pagar un millón. 500mil efectivo y 500mil a pagar por mes o como lo puedas pagar”, “anticipo 2 millones y 24 cuotas de 100 mil pesos”. Una cuestión particular, además de esta variedad de financiamiento, es que también se aceptan modalidades de pago que incorporen vehículos: los posts tienen indicaciones tales como “tomo moto o auto parte de pago”, “permuto auto x terreno doi diferencia”, “SE PUEDE TOMAR AUTO MOTO Y EFECTIVO Y CUOTAS”. La mayoría de las publicaciones tenían algún número de teléfono de contacto; otros preferían direccionar las dudas de los potenciales compradores vía mensaje privado a sus perfiles de Facebook: “dejo mi número celular”, “interesados paso mi whatsap”, “cualquier consulta al privado!”, “solo interesados”.

Otra cuestión significativa era el modo en que se traspasarán los derechos de posesión hacia el comprador, o el tipo de documentación que respalda la propiedad. En tal caso, quienes suben los avisos suelen destacar criterios jurídicos o documentación respaldatoria que volvían atractiva la operación: “ago boleto de compra y venta”, “ante escribano siempre y cuando pague el comprador”, “Con Papeles de posesión”, “tengo sartificado de vivienda”, “tiene sus papeles”, “dueña directa”. En tales formas novedosas de mediar ciertas transacciones con la tierra, las relaciones sociales y los procesos de valorización tienen una importancia significativa con motivo de lograr cierto bienestar y mejores condiciones de vida.

En definitiva, aquello que se ve como parte de la robustez comunitaria en los estudios clásicos sobre el hábitat entre las clases trabajadoras, aquí tiene cierto entrelazamiento con estrategias de rentabilidad e inversión a futuro: los datos empíricos muestran una tensión en la concepción dicotómica entre individuo/comunidad, para exhibir más bien entrecruces, fricciones, conjunciones entre ambos polos. Pareciera regir aquello que identificó Verónica Gago entre los sectores populares: una pragmática vitalista en donde el cálculo es impulsado por una estrategia vital, una racionalidad (neo)liberal fundamentada en el beneficio y la medida, la acumulación y la búsqueda de ganancia, junto a un movimiento de auto-despliegue colectivo, comunitario de vitalidad, una potencia afectiva que tracciona para el alcance de bienestar (Gago, 2015). Esta conjunción compleja produce novedosas formas de subjetividad y organización, así como tácticas de intercambios y sociabilidad, en síntesis, de valor en un sentido amplio.

Valor, más allá de la tierra: trabajo cooperativo y luchas contra la precarización

De todas maneras, los procesos de valorización —y su reverso, la extracción de valor— no se vinculan solamente con el acceso y la administración de la tierra entre los sectores populares en tiempos recientes. Además de la producción de ciudad y el desarrollo de un mercado inmobiliario alternativo, el valor adquiere contenido en los anudamientos existentes entre formas de trabajo y las luchas que estas poblaciones dan contra la precarización de sus contextos de vida. Es decir, aspectos diferentes sobre el valor surgieron cuando analicé el trabajo en el marco de programas sociales, y específicamente las tareas limpieza de márgenes de arroyos llevadas a cabo por dos cooperativas de ACUMAR,² cuyos miembros en general residían en el barrio San Nicolás o en asentamientos de reciente conformación en sus alrededores, como La Victoria.

En esos casos los procesos de subjetivación política (encuadrados como “la pelea por la cooperativa” y el conjunto de acciones tendientes a modificar las condiciones de precarización laboral) les permitía a los integrantes de cuadrillas reconocer el valor del trabajo realizado —y ser reconocidos por otros agentes, como vecinos y vecinas, supervisores, miembros de otras organizaciones comunitarias—: con sus esforzadas tareas (las cuales dejan rastros en sus cuerpos, sobre la propia vitalidad) las inundaciones se han reducido, la acumulación de basura disminuyó y el saneamiento de los cursos de agua de los barrios donde llevan a cabo los operativos aportó a cierto bienestar en los entornos que habitan.

Además, ese trabajo tiene valor en sí mismo, como fuente de reproducción social para los propios cooperativistas y sus familias. Ramona, secretaria de la cuadrilla 202, lo deja claro cuando resalta la importancia de la cooperativa como fuente de trabajo para los que quedan excluidos del “trabajo asalariado formal”:

(...) todo tiene valor. Para mí desde… desde que empezamos acá todo tiene valor, porque es una fuente de trabajo para los que no pueden conseguir otra cosa… viste que hay muchas personas que no tienen estudios (...) Como yo le digo a mis hijos, es lo que me da de comer, siempre. Es este mi ingreso de todos los meses. Por eso cuido mi trabajo, porque con esto pago mi cuenta, con esto es lo que sobrevivo (Ramona, 15 de abril de 2023)

En dicho sentido, en esos procesos de trabajo se disputa el reconocimiento (institucional y social) de su condición de trabajadores y de residentes, reclamo que tiene su soporte en la (re)valorización del aporte dado a la construcción de una ciudad más justa y ambientalmente sostenible (Fernández Álvarez, 2018; Maldován Bonelli, 2020; Manzano, 2023). Pero a la vez el valor también es imbuido por los múltiples sentidos que entran en disputa al considerar las formas contemporáneas de trabajo y su extracción por parte del Estado. Si bien quienes participan en cooperativas en el marco de programas sociales (y también como miembros de organizaciones comunitarias) han construido rutinas y organización de tareas, consolidando un saber-hacer y gestionando cotidianamente recursos y problemáticas, la propia condición de programa estatal establece límites en la conformación del trabajo.

Así, existen también situaciones de desvalorización, las cuales provenían de diferentes enraizamientos: caricaturizaciones, comentarios ofensivos y disposiciones humillantes en el espacio público y en redes sociales hacia las personas que integran programas de empleo asociativo —caracterizaciones de sentido común que están sostenidas por ciertos medios de comunicación, producciones académicas e intervenciones oficiales acerca de los modos de vida y las formas de política de las clases trabajadoras en el Gran Buenos Aires (Quirós, 2011; Fernández Álvarez et al., 2019)—; comportamientos y prácticas de residentes de nuevos barrios, quienes no habían experimentado las peleas por la urbanización y eran cuestionados por expresar una frontera moral y simbólica con respecto a las expectativas de higiene y limpieza de los cooperativistas (por ejemplo, por arrojar basura a los arroyos o crear microbasurales); finalmente un malestar y desprestigio creciente por parte de aquellos que son objetivo de este tipo de política social, por entender que se trata de una estrategia de protección y asistencia cuya persistencia en el tiempo termina reproduciendo la pobreza, no garantiza la inserción laboral ni el reconocimiento social e institucional (Hopp y Lijterman, 2025). Ese disvalor hacia las políticas sociales redistributivas cobró sentidos más radicales desde el avance de las nuevas derechas y la asunción de La Libertad Avanza como gobierno nacional en diciembre de 2023. Especialmente, tras la reducción del presupuesto para comedores y merenderos comunitarios que decantó en la “Fila del Hambre” de febrero de 2024, frente a la sede del Ministerio de Capital Humano (Manzano y Barreto, 2025).

Entonces, las propias características de los programas estatales de contraprestación (pocas horas y bajo salario), las condiciones precarias de trabajo y en especial las complejidades de la labor en cooperativas (que exige un esfuerzo diario por sostener lo “comunitario” como ideal a consolidar en la práctica) derivaban en que, eventualmente, algunos trabajadores no estén predispuestos a acatar órdenes de supervisores o de los “jefes” de las cuadrillas, cometan actos de indisciplina y, muchas veces, decidan ausentarse de la jornada de trabajo (generalmente para realizar otras actividades laborales más redituables), lo que a fin de cuentas perjudicaba a todo el grupo. En varias ocasiones percibí enojo entre los trabajadores porque el organismo público les pagaba poco por el desgaste realizado en un escenario de precariedad ambiental, lo que explica otra de las razones de las desavenencias de algunos cooperativistas para aceptar trabajar a destajo en la limpieza de márgenes de arroyos sin un reconocimiento mayor (a pesar de los intentos por regular las tareas). Entre los reclamos, estaba patente la comparación con el personal de empresas de servicios “tercerizadas” (quienes realizaban tareas semejantes) y las quejas por no tener una equivalencia salarial ni posibilidades concretas de constituirse de modo más orgánico y estructural como empleados del ente que gestiona la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Pese a ese malestar, quienes hacían parte de las cooperativas de ACUMAR no veían el trabajo en el programa como “algo de paso”, tal como encontró Marcos Pérez (2024) en varios participantes de organizaciones piqueteras que consideraban las tareas comunitarias como una experiencia temporaria, y apuntaban a lograr un “trabajo genuino” y “digno” ligado al mundo industrial. Más bien, las y los cooperativistas aspiraban a que ACUMAR los contratara por fuera de la órbita estatal y los convenios anuales que se efectuaban en el marco del programa “Potenciar Trabajo”. Cuando conversaba con ellos y ellas, sus horizontes de expectativas se orientaban al deseo de ser reconocidos institucionalmente (y remunerados) como trabajadores formales, de acuerdo al sacrificio y las tareas que realizaban, y no como beneficiarios del Estado: además del estigma de ser catalogados como “vagos” y “planeros”, entendían que al estar enmarcados en programas sociolaborales sus condiciones de trabajo permanecerán precarizadas, a pesar de ciertas ventajas como el monotributo social, obra social o vacaciones. La extracción de valor, la captura de energía y fuerza de trabajo por parte del Estado por medio de sus organismos estatales era evidente al constatar la paupérrima remuneración salarial de estos trabajadores de la cuenca: en diciembre de 2023 percibían la mitad del sueldo de un empleado público de planta permanente,³ y el monto neto apenas sobrepasaba el salario mínimo, vital y móvil.⁴ Tampoco llegaban a cubrir la canasta básica,⁵ de allí que estaban forzados a desplegar otras estrategias de obtención de ingresos. La extracción de valor, la captura de saberes, energía y fuerza de trabajo por parte del Estado por medio de sus organismos y políticas públicas al reducir costos utilizando mano de obra barata proveniente de los barrios populares quedaba en evidencia.

Aún más, como trasfondo estaba subyacente una discusión profunda sobre los sentidos acerca del trabajo entre los pobres urbanos y los programas de inclusión socioproductiva que promueven la organización en cooperativas. Primero, por las ambivalencias y complejidades que acarrea este tipo de políticas sociolaborales. Parte de la crítica está dada por la combinación de principios propios de la economía social con otras lógicas vinculadas a transferencias de dinero, la inclusión de poblaciones en condiciones de “vulnerabilidad” y prácticas del mundo del empleo asalariado (Arcidiácono y Bermúdez, 2015). Para algunas investigaciones este tipo de experiencias atraviesa una tensión entre el desarrollo del trabajo cooperativo como medio para la integración y la posibilidad de construir una identidad colectiva o como un recurso de la asistencia social a la pobreza y al desempleo (Hopp, 2015). Esas características y condicionamientos determinan las dificultades entre las y los trabajadores de programas basados en el empleo asociativo para reconocerse bajo una identidad marcada como trabajadores asalariados o en tanto asociados a un entramado cooperativo, más allá del reconocimiento social de otros agentes que hacen parte de la trama sociocomunitaria.

Segundo, porque la disposición a los procesos de trabajo, de inversión de energía cargado de sentidos y saberes (y la constelación de valores que la sustentan) tiene un anclaje histórico en los fenómenos de industrialización y de vida fabril que marcaron a las clases trabajadoras durante el siglo XX, fenómenos que hoy son el reflejo de un pasado idealizado.

Siguiendo una serie de investigaciones, los procesos de organización en torno al trabajo que protagonizan los sectores populares urbanos tras la crisis de 2001, están mediados y condicionados por significados elaborados históricamente acerca de las clases trabajadoras en marcos de relaciones de hegemonía (Fernández Álvarez y Manzano, 2007; Manzano, 2013). En tal configuración, aparecen sentidos, prácticas y articulaciones entre actores sociales en los que el trabajo es posicionado como aquello que garantiza la reproducción, la supervivencia o lo que le otorga sentido a la vida; así como el objeto de movilización y demanda hacia el Estado, y la sustancia para consolidar procesos de construcción identitaria (Fernández Álvarez y Manzano, 2007). A su vez, tal construcción del trabajo está inextricablemente ligada a la construcción social del desempleo como un escenario de lucha, especialmente en Argentina tras fines de la década del setenta y sobre todo durante los años noventa. El horizonte de construcción subjetiva de la población tuvo históricamente al trabajo industrial y asalariado como punto de movilidad social y puerta de posibilidad para la ciudadanía y el acceso a derechos (Manzano, 2013; Pérez, 2024). Las tareas y complejidades cotidianas de las cooperativas estudiadas se vinculaban o disputaban de acuerdo a esos modos de valorización del trabajo.

Urbanización, valor y economías urbanas difusas

Ahora bien, la extracción de valor no se desenvuelve solo en torno a las formas en que las políticas sociales usufructúan el trabajo y organización colectiva entre los sectores populares urbanos, es decir, a partir de las energías y entramados capturados por el poder público. Se corresponde también con mercados ilegalizados cuya operación está mediada por poderes locales que denomino espectrales por su oscilación entre invisibilidad/visibilidad: redes ligadas al mundo del delito y la criminalidad, por momentos catalogadas como bandas compuestas por transas, narcos, soldaditos, y caracterizadas por límites difusos y un control territorial fragmentado (Garriga, Caravaca y Mancini, 2023).

Ante escenarios inestables donde las nuevas generaciones no encuentran opciones en el mercado formal de trabajo y experimentan los efectos perniciosos de un aumento de la precarización de la vida, “el mundo del crimen” se sitúa como una alternativa válida para la obtención de renta, aunque sea una opción caracterizada por su individualidad, heterogeneidad y el riesgo para la vida propia y la de terceros. De esta manera, las reflexiones elaboradas a partir de la voz de referentes barriales, residentes de barrios populares y militantes de organizaciones comunitarias y de derechos humanos, permite señalar una cotidianeidad marcada por la absorción de una cantidad creciente de fuerza de trabajo joven direccionada hacia los mercados locales de suelo y de drogas ilegalizadas; es decir, la extracción de valor de las propias energías de las personas, en este caso a través de la implantación de formas de reclutamiento gracias al incremento de “oportunidades” en el “mundo del crimen” y más allá de él, capitalizando fuerza de trabajo por medio de aspiraciones, expectativas de creciente consumo, rápida obtención de renta y movilidad social (Feltran, 2011; Rodríguez Alzueta, 2014; Cozzi, 2022).

En definitiva, el interjuego entre producción y extracción de valor por parte de estas fuerzas ligadas a la criminalidad también se acopla a los procesos mismos de urbanización popular. Cuando en junio de 2022 visité la oficina de Juan —un funcionario municipal del área de urbanización de villas y asentamientos, quien también es dirigente de un simbólico barrio popular matancero—, me tomó por sorpresa que, al momento de conversar sobre el “narcotráfico en los barrios”, agarró un papel y una lapicera. Inmediatamente, empezó a garabatear sobre la hoja para tratar de explicarme un aspecto del funcionamiento y la relación entre urbanización y aquellas economías urbanas difusas pero en expansión. Dibujó a lo largo del papel puntos gruesos que representaban casas y también ondulaciones que entendí como conexiones informales de servicios de infraestructura, clandestinas o en proceso de regularización; debajo de los puntos gruesos que identificaban las casas en la hoja (o “detrás”, si nos trasladamos a una representación del diseño en el territorio) trazó otros puntos más tenues y pequeños, que entendí como si fuesen “cocinas” (donde se procesan las sustancias ilícitas) y “bunkers” (casas precarias que funcionan como puntos de venta), aunque nunca los nombró como tales. A continuación afirmó, mientras superponía líneas rectas (la urbanización estatal) sobre las ondulaciones:

Si vos les ponés el agua y la cloaca, pero no abrís calles, no cambias lo estructural de un barrio, el narcotráfico sigue y se alimenta de eso: terminan funcionando como un escondite. Escuchame, ¿para qué se van a ir si tienen agua, tienen luz, tienen cloacas, y así como están las calles [angostas o en mal estado] funciona como escondite? (Juan, 22 de junio de 2022)

Como demostró Juan al bosquejar un garabato sobre un trozo de papel, este poder espectral calificado como “narcotráfico”, desarrolla lógicas extractivas más allá de la captura de fuerza de trabajo joven. En paralelo, “se alimentan” de la producción de ciudad realizada históricamente mediante la autoconstrucción y los entramados socio-vecinales. Así, avanzan en la apropiación de procesos históricos de urbanización para consolidar sus operaciones de mercado, parasitando y sirviéndose de los avances constructivos en el entramado barrial, como las redes de infraestructura y servicios que las clases trabajadores autoconstruyen, el trazado de calles, la construcción de viviendas, etc. Además, confrontan no sólo con estrategias populares de organización que las redes comunitarias apuntalaron por décadas, pudiendo expresar, en algunas ocasiones, una manifestación violenta (y letal) de su poder (Tufró, Brescia y Píngaro Lefevre, 2017); sino también con el poder público, el diseño de programas de integración socio-urbana y los agentes estatales que intentan implementar políticas de mejora urbana. Y, paradójicamente, también abren oportunidades para el desarrollo de mercados locales y opciones de acceso al suelo y la vivienda en barrios populares.

Reflexiones finales

La erosión de modelos históricos de liderazgo y militancia en asentamientos de conformación reciente, la presencia de actores o grupos organizados en torno a mercados ilegalizados con modos de acción o visibilidad más espectrales y difusos (aunque en ocasiones demostrando su poder letal sin contemplaciones), la persistente presencia de organizaciones comunitarias encabezadas por mujeres que se encargan de tareas para asegurar la supervivencia y trazan vinculaciones con los procesos de urbanización, las ambivalencias estatales junto al trazado de las políticas urbanas que apuntan a la configuración de ciertas subjetividades y la regulación social, y los amplios sentidos sobre el trabajo, las estrategias familiares y de emprendedores locales que se empapan de esfuerzos colectivos y de disposiciones mercantiles y riesgos, todos estos elementos reflejan los trenzados y costuras que se entretejen cotidianamente para crear y recrear la vida urbana en el Gran Buenos Aires.

En estas notas de investigación analicé uno de los aspectos centrales de mi tesis de doctorado, a saber, el interjuego entre producción y extracción de valor al momento de crear y recrear la vida urbana. Dicho interjuego es movilizado por diversos actores en entramados de fuerzas sociales ligados con el suelo, las formas de trabajo y el desarrollo de ciertos mercados en barrios populares.

El material de campo producido en un período de investigación extenso refleja que, más allá de modalidades de demanda y modos de hacer política —que los sectores populares formulan en base a la organización colectiva, o en términos de lenguajes de derecho y lucha motorizados históricamente—, las personas buscan hacer frente a condiciones de crisis y violencias crecientes a través de la articulación de diversas estrategias: elucubrando circuitos de aprovisionamiento; desplegando prácticas comunitarias de contención y trabajo; tomando riesgos y apostando a iniciativas de carácter especulativo; incorporándose a actividades ligadas con la criminalidad; luchando por permanecer en sus espacios de vida, mantener sus rutinas y limitar el avance de los peligros derivados, entre otros aspectos, de agentes de poder locales. Allí, son disputados los marcos en que se pueden profundizar o atenuar desigualdades sociales, los sentidos de la reproducción social y el modo en que las condiciones de vida de las clases populares lidian con complejidades en pos de estabilizarse.

Referencias bibliográficas

Appadurai, A. (1991). La vida social de las cosas: Perspectiva cultural de las mercancías. Grijalbo.

Arcidiácono, P. y Bermúdez, A. (2015). Clivajes, tensiones y dinámicas del cooperativismo de trabajo bajo programas sociales. El boom de las cooperativas del Programa Ingreso Social con Trabajo-Argentina Trabaja. Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, (7), 3-36.

Caldeira, T. (2017). Peripheral urbanization: Autoconstruction, transversal logics, and politics in cities of the global south. Environment and Planning D: Society and Space, 35(1), 3-20.

Cozzi, E. (2022). De ladrones a narcos. Violencias, delitos y búsqueda de reconocimientos. TeseoPress.

Cravino, M. C. (2006). Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana. UNGS.

Crehan, K. (2004). Gramsci, Cultura y Antropología. Bellaterra.

Dammert, M. y Rodríguez, A. (2024). Lotes, titulación y especulación en una ciudad intermedia (Tacna) del Perú. En L. Álvarez Enríquez (Coord.), Informalidad(es), realidades alternas, derechos y gestión urbana (pp. 293-313). Gedisa.

Feltran, G. (2011). Fronteiras de Tensão: política e violência nas periferias de São Paulo. Editora Unesp.

Fernández Álvarez, M. I. (2018). Más allá de la precariedad: prácticas colectivas y subjetividades políticas desde la economía popular argentina. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, (62), 21-38.

Fernández Álvarez, M. I. y Manzano, V. (2007). Desempleo, acción estatal y movilización social en Argentina. Política y Cultura, (27), 143-166.

Fernández Álvarez, M. I., Wolanski, S., Señorans, D., Pacífico, F. et al. (2019). Bajo sospecha. Debates urgentes sobre las clases trabajadoras en la Argentina. Ediciones Callao.

Ferraudi Curto, M. C. (2013). El derecho como categoría etnográfica en la urbanización de una villa en Buenos Aires. Antropolítica, (34), 159-182.

Gago, V. (2015). La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular. Tinta Limón-Traficantes de Sueños.

Garriga, J., Caravaca, E. y Mancini, I. (2023). Quem governa o bairro? Violência e mercados de drogas ilegais em bairros segregados na Grande Buenos Aires (Argentina). Contemporânea, 13(3), 805-828.

Gramsci, A. (1981). Escritos políticos (1917-1933). Siglo XXI Editores.

Hopp, M. (2015). Identidades laborales de destinatarios del Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”. Trabajo y Sociedad, (24), 207-223.

Hopp, M. y Lijterman, E. (2025). Vidas respetables, entre el trabajo y la desprotección. Conversaciones sobre "planes sociales" en la Argentina de la pospandemia. Población & Sociedad, 32(1), 1-29.

Lacerda, L. y Telles, V. (2024). Fronteiras urbanas, mercados em disputa: jogos de poder na produção de espaços. Caderno Metrópole, 26(61), 1-23.

Maldován Bonelli, J. (2020). Trabajo y Economía Popular: categorías y supuestos en debate. Revista institucional de la defensa pública, 13-18.

Manzano, V. (2013). La política en movimiento. Movilizaciones Colectivas y Políticas Estatales en la Vida del Gran Buenos Aires. Prohistoria.

Manzano, V. (2023). Producción colectiva de trabajo, bienestar y subjetividades: la Organización Barrial Tupac Amaru. Miríada, 15(19), 127-156.

Manzano, V. y Barreto, L. (2025). Entretejidos de la vida comunitaria y relaciones de poder cambiantes: historicidades y desafíos en barrios populares del Gran Buenos Aires. Trabajo y Sociedad, (44), 213-235.

Pérez, M. (2024). ¿Qué tienen los piqueteros en la cabeza? Siglo Veintiuno.

Quirós, J. (2011). El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires. (una antropología de la política vivida). Antropofagia.

Rodríguez Alzueta, E. (2014). La violenta regulación del territorio en el capitalismo criminal. En VV. AA., Tiempos violentos: Barbarie y decadencia civilizatoria (pp. 17-43). Herramienta.

Roseberry, W. (2014[1989]). Antropología e historias: ensayos sobre cultura, historia y economía política. El Colegio de Michoacán.

Tufró, M., Brescia, F. y Píngaro Lefevre, C. (2017). “Aguantamos contra el Estado, perdemos contra las bandas”. Reflexiones sobre la circulación de violencias en tomas de tierras y asentamientos de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Quid 16, (6), 146-168.

Villarreal, M. (2014). Regimes of Value in Mexican Household Financial Practices. Current Anthropology, 55(9), 30-39.

Wilkis, A. y Carenzo, S. (2009). Lidiar con dones, lidiar con mercancías. Etnografías de transacciones económicas y morales. Apuntes de investigación del CECYP, (14), 161-193.

Wolf, E. (2001). Figurar el poder: ideologías de dominación y crisis. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Notas

Recepción: 01 marzo 2026

Aprobación: 01 abril 2026

Publicación: 01 agosto 2026

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

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