Debates

Las clases populares hoy. Una historia de cómo llegamos hasta acá

Introducción

Este presente nos hace volver sobre nuestros pasos y revisar lo escrito. Así, llegamos a este punto con inquietudes sobre nuestra comprensión de la transformación, composición y situación actual de las clases populares. La lectura de los artículos y notas de investigación de este dossier, que retomaremos hacia el final de este texto, nos acercan preguntas y datos que son un estímulo para tejer un panorama con una serie de investigaciones sociales que nos puede servir, si no para cancelar todas nuestras dudas, sí para organizarlas en un marco interpretativo que nos permita sistematizar lo que hemos mirado y aprendido e identificar, con ánimo más (auto)crítico que polémico, las cegueras que nos afectaron y podríamos corregir.

Partiendo de un texto de síntesis sobre los sectores populares publicado por una de las autoras junto a Pablo Semán (Ferraudi Curto & Semán, 2016), nos proponemos revisar, actualizar y debatir con lo que allí se decía y argumentar a favor de dos aspectos. Por un lado, afirmamos la vigencia de una perspectiva crítica del estudio de las clases populares que vincula historia social, sociología y etnografía. Por otro, sostenemos que identificar y analizar las formas de mercado, Estado y reciprocidad imbricadas en la trama de interdependencias sociales de las clases populares no sólo nos permite acceder a una mejor comprensión de su composición y situación actual, sino que también nos brinda valiosos conocimientos acerca de las transformaciones de configuraciones sociales más amplias que trazan un arco que va desde los tipos societales a las formas actuales de producción de la vida cotidiana. Siguiendo este propósito este texto se estructura en cinco apartados. En el primero, reconstruimos argumentos y observaciones medulares del texto de síntesis que mencionamos. En el segundo, profundizamos sobre los efectos deletéreos de la relación Estado-clases populares en un período de “retoma y crisis”. En el tercero, ponemos el foco en las erosiones y desgastes de tradiciones, formas organizativas y tramas comunitarias. En el cuarto, examinamos cómo las formas sociales del mercado fueron permeando las políticas sociales y las tramas de reciprocidad popular. En el quinto y último, nos concentramos en los procesos más recientes bajo el signo de la pandemia y la pos-pandemia como procesos de aceleración del cambio y transformación social del mundo popular.

Las clases populares: componer una mirada sociohistórica del presente

En aquel escrito que ya hemos referido, basado en la lectura juiciosa de una amplio campo de investigaciones empíricas, y en un contexto histórico diferente del actual, se sostenía que las transformaciones de las clases populares debían leerse a la luz de la acumulación de camadas geológicas que, al mismo tiempo que sedimentaban en diferentes estratos del mundo popular, le sumaban heterogeneidad, brechas internas y aprendizajes que afectaban las relaciones entre las tramas organizativas populares y el Estado, sin obviar la experiencia de la vida laboral mediada por un mercado cada vez más segmentado y desigual. Junto con describir un proceso de empobrecimiento, desestabilización y fragmentación estructural de largo plazo, que los repuntes parciales vinculados a momentos de reactivación económica y políticas redistributivas no lograron revertir, se trataba de dar cuenta de los modos en que las clases populares actuaban sobre las condiciones que se les imponían, señalando los procesos de movilización colectiva y gestión de la propia vida a través de tramas que combinaban parentesco, vecindad y trabajo. Dentro de esas tramas, destacaba la apropiación de políticas públicas, atendiendo a la centralidad de diferentes agencias estatales en el sostén cotidiano de vastos sectores, así como las brechas que se abrían entre diferentes camadas geológicas dentro del mundo popular y un quiebre pronunciado entre los sectores laborales sindicalizados (que entonces reclamaban por el impuesto a las ganancias) y una diversidad de situaciones de personas que intentaban mantenerse a flote. Desde una lectura de la situación histórica de las clases populares se construía una mirada crítica acerca de las interpretaciones que congelaban un presente de indicadores sociales y cifras auspiciosas y optimistas, sin tener demasiado en cuenta los procesos y dinámicas sociales y políticas horadadas durante décadas por un régimen socioeconómico regresivo.

Con el paso del tiempo, las estadísticas han marcado el protagonismo de diferentes situaciones dentro de lo popular: el trabajo industrial, el informal, la ocupación en servicios y la desocupación, descritos según distintas mediciones y claves de interpretación como situaciones de ascenso, marginalidad o pobreza. En los últimos cincuenta años, a través de generalizaciones que tomaban la parte por el todo, los sectores populares fueron identificados sucesivamente con determinados conjuntos de población: los trabajadores industriales, los pobladores de las villas, los desocupados, los informales, los reclamantes y los asistidos. (...) atravesados por dinámicas que crean heterogeneidades que se acumulan y deben ser integradas en una composición para caracterizar su configuración actual (...) El mundo popular contemporáneo es resultado de un proceso temporal en el que se acumulan y conectan resultados de períodos que han tenido efectos diferentes en la estructura social: desde el largo plazo de las pérdidas y la decadencia hasta el tiempo relativamente breve de las mejoras moderadas (Ferraudi Curto & Semán, 2016, pp. 141-162).

Reconocemos en aquel texto el enfoque contingente y relacional que queremos sostener en este, en la medida que, como interpela este dossier, es necesario explorar las relaciones entre Estado, reciprocidad y mercado en los sectores populares hoy como un producto contingente de procesos históricos de disímil escala y duración. Hacer esta revisión actualmente es posible porque lo que allí era indicio, son ahora investigaciones maduras que nos permiten revisar la solidez de los puntos de partida analíticos, y enfrentarnos con las consecuencias de procesos que entonces se vislumbraban en escenarios potenciales donde los límites entre distopía y realidad eran inciertos y profundamente inquietantes. Aquel texto sistematizaba y modulaba temporalmente un conjunto de saberes sociológicos y etnográficos que dimensionaban la profundidad de las transformaciones estructurales y, al mismo tiempo, identificaba agencias, persistencias y reapropiaciones poniendo el foco en la trama social, las organizaciones y el Estado. Pero captaba más tenuemente, aunque no lo ignoraba, la profundidad con que el mercado había permeado la estatalidad y las tramas de reciprocidad popular. Dado el estado del arte actual, y sobre todo los hallazgos que nos traen investigaciones con espíritu renovado, enfatizaremos y ampliaremos mucho más en la presencia organizadora y desorganizadora de múltiples formas de mercado (no sólo laboral) en la vida de las clases populares. Con la misma voluntad de aquel significativo esfuerzo de síntesis histórica, nos proponemos en este breve trabajo reconstruir, a partir de releer un amplio corpus de trabajos a la luz de los nuevos hallazgos, algunos ejes que iluminan esas transformaciones y, a su vez, dar cuenta de un cambio en las miradas sobre las clases populares hoy.

Implicancias y efectos deletéreos de “la retoma y crisis del Estado”

Se suele subrayar el protagonismo estatal durante el llamado “giro progresista”. En Argentina tomó ciertas características distintivas. En principio, estuvo marcado por tres crisis que puntuaron diferentes etapas de un proceso que ya lleva un cuarto de siglo: 2001, 2008 y la pandemia. Inicialmente una respuesta coyuntural a una situación crítica derivada del colapso de la convertibilidad, las políticas estatales se fueron diversificando hacia diferentes sectores y actividades, a la vez que se redefinieron las mediaciones, en un proceso económico que experimentó una década de crecimiento, pero desde hace alrededor de quince años, enfrenta una creciente puja distributiva y un malestar social en ascenso.

En respuesta a la crisis con epicentro en diciembre de 2001, las políticas estatales apuntaron a reactivar la economía y a mitigar la debacle social. Lo más llamativo entonces se constituyó en torno a la masificación de los llamados “planes” y el papel mediador de las organizaciones piqueteras que, desde el reclamo de trabajo, comenzaron a asumir la gestión de transferencias condicionadas de ingreso a fines de los 90, si bien la mayoría de los recursos se encarrilaron a través de redes partidarias e incluyeron a otros actores, especialmente grupos asociados a las iglesias y algunas ONGs.¹ Dos aspectos sobresalían en el vínculo entre Estado y clases populares: la monetarización y la mediación organizacional territorializada. El kirchnerismo continuó en gran medida el diseño del gobierno provisional duhaldista pero se distanció respecto a la política represiva de las protestas como respuesta al repudio general frente a los asesinatos de Kosteki y Santillán. Los programas de transferencia condicionada se combinaron con políticas alimentarias y urbanísticas. El estado se barrializaba diferencialmente en una geografía accidentada que seguía los vericuetos de los vínculos políticos locales. Mientras tanto, las áreas de educación, salud y seguridad pública, provincializadas durante la década de los noventa, constituían un sustrato relativamente estable con demandas crecientes y más complejas, tramitadas con recursos diferenciales según la jurisdicción y la población afectada. Más temprano que tarde, la pregunta por la empleabilidad fue retomada en el diseño de los programas de transferencia condicionada (diferenciando grupos poblacionales según género y composición del grupo familiar) mientras crecía el empleo, se revitalizaban los sindicatos y se restablecían las negociaciones colectivas de trabajo en una modalidad que se denominó como “corporativismo segmentado” (Etchemendy & Collier, 2008).

A partir de 2008, la situación cambió ante la crisis financiera global que afectó a las commodities y la derrota política del kirchnerismo en el llamado “conflicto con el campo”. Respecto a la relación clases populares - Estado, fue la Asignación Universal por Hijo la que marcó un hito. Implementado en 2009 (luego de la derrota kirchnerista en las elecciones de medio término), este dispositivo no contributivo de seguridad social buscaba alcanzar a quienes quedaban fuera del trabajo formal. El foco ya no era la desocupación sino que el diagnóstico había cambiado: la mayoría de los pobres eran trabajadores sobreexplotados y desprotegidos a los que difícilmente los alcanzarían las protecciones del trabajo formal. En primer lugar, tal como mostró D’Amico (2020), la AUH implicaba un desafío ambivalente y profundo para las organizaciones en tanto no exigía contraprestación y su gestión se realizaba a través de ANSES. Ante la asignación directa y sin mediaciones de los flujos monetarios de la política de protección social, los tejidos organizativos se apoyaron en otras políticas menos estables a lo largo del tiempo mientras se sucedían intentos de debilitarlos. En segundo lugar, el ingreso mensual de la AUH constituyó una base segura para las familias (y especialmente para las madres) en situaciones de inestabilidad laboral, que continuó a lo largo de los cambios de gobierno hasta el presente. Permitió el endeudamiento y ocasionalmente la ampliación del consumo, si bien las escaladas inflacionarias recurrentes socavaron la solidez de ese piso. En tercer lugar, la gestión centralizada en el organismo estatal de la seguridad social ayudó al despliegue de sus recursos administrativos, a la ampliación de su capilaridad a través del país y de su base de datos alcanzando a diferentes grupos poblacionales (Arcidiácono & Perelmiter, 2024). Contribuyó a burocratizar los vínculos entre clases populares y Estado, y configurarlas como una amplia población incluida en una política de sesgo keynesiano que compensaba por vía estatal ingresos que no se obtenían en el mercado laboral ni siquiera en un período de relativo crecimiento. Y a su vez, se presentaba ideológicamente como un modo de combatir la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos aunque, menos consciente de los efectos de relegar las instituciones de cercanía, disminuir los márgenes de acción desde abajo y amplificar la monetarización, bancarización y financiarización de las formas de ejercicio de la estatalidad. Aun cuando la metáfora merkleniana del cazador ya refería procesos de individualización en la multipertenencia organizacional y las incursiones urbanas para procurar recursos (Merklen, 2005), la individualización creciente que se constata en los estudios actuales sobre el mundo popular también puede pensarse como correlato de este rediseño de las políticas públicas.

En pocas palabras, existieron dos procesos en tensión que configuraron una nueva situación: las asignaciones monetarias y el acceso al crédito ligado a dichas asignaciones que competían y se combinaban con otras formas de acceso al dinero y ampliación del consumo, y la construcción de instituciones de cercanía e infraestructuras humanas de integración comunitaria, que se fue fragmentando, segregando y erosionando con el paso del tiempo. Esto también condujo a cierto estrechamiento de la noción estatizada de bienestar (con un evidente sesgo keynesiano) centrada no exclusiva, pero predominante y crecientemente, en los ingresos. El estado contribuía así a la masificación del consumo, a la financiarización de las economías de las clases populares y al creciente acceso mercantilizado al bienestar, mientras que los nuevos conflictos y problemas que emergieron de esta situación en los escenarios educativos, sanitarios y comunitarios no recibieron tanta atención ni lograron ser inscriptos en lógicas ligadas al acceso a derechos de corte universalista. Como mostró Segura (2020) las desigualdades se multiplicaban en los diferentes procesos de metropolización de las clases populares, la mejoría de los ingresos no halló un correlato en experiencias urbanas de bienestar. Las desigualdades urbanas tendieron al desacople y continuaron su ritmo de profundización, más allá de algunas situaciones puntuales que se debieron más al empeño de sus promotores (Ferraudi Curto, 2014) que a un impulso estatal universalizante. El acceso al suelo y las infraestructuras urbanas, la educación, la salud, la seguridad, las infraestructuras humanas de integración socio-comunitaria, pilares históricos del bienestar popular, se resintieron, desgastaron y erosionaron ante problemas y conflictos que surgían. En efecto, sin tanta atención ni respuestas coherentes y sistemáticas, otros pilares del bienestar languidecían o se veían desbordados por problemas y nuevos conflictos difíciles de gestionar, y las tramas microsociales sufrían un proceso de erosión y desgaste creciente. Por otro lado, la incorporación de organizaciones populares y militantes sociales en la sociedad política y en el aparato estatal, no redundó en el mediano plazo en el fortalecimiento de los lazos entre los activismos y la politicidad popular, sino que en muchos casos condujo al establecimiento de una intensidad política de minorías y cierres sociales e identitarios que estimularon el desapego con las tramas sociales y la dimensión política de la vida de los que no se dedican a la política. Desapego, erosión y desgaste que tiempo más tarde, en la sucesión de derrotas y frustraciones, llegó a volverse pura irritación.

Campo popular y mundo popular: erosiones y desgastes

Entre las cosas que se procesan por debajo del radar algo averiado de la política y las ciencias sociales están las grandes heterogeneidades del mundo popular, que como mostró Merenson (2023) se convertían en separaciones y alteridades constitutivas de las identificaciones de clase. Diferenciaciones que incluso podían habitar en una misma familia, como encuentra Tóffoli (2024), cuando una trabajadora comunitaria de un comedor popular, titular de un “potenciar trabajo”, confiesa que no conversaba sobre eso en su familia porque su hermana peluquera “odiaba a los planeros”. Así el malentendido se fue instalado entre el campo popular, como espacio donde se articulan activismos, representaciones y referencias; y el mundo popular, como universo heterogéneo de relaciones de interdependencia social donde se despliega la vida material y simbólica de las clases populares. Mientras que los incluidos en el primero tendieron a aumentar el volumen de la emoción de los emocionables (Sidicaro, 2013), los incluidos en las profundidades del segundo tendieron a quitarle intensidad y bajar el volumen de la emoción política.

Los datos sobre la poca participación y acción reivindicativa entre los sectores bajos de la estructura social que arrojó la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales analizados por Kessler y Piovani (2025) podría interpretarse en este sentido. Los trabajadores informales de bajos ingresos y menor nivel educativo mostraron un menor nivel de afiliación a organizaciones y participación en acciones reivindicativas que los formales, los trabajadores del sector público y los estudiantes universitarios. Recordemos que entre estos dos últimos grupos se recluta una parte muy significativa del activismo en el campo popular. Mientras, en los quintiles más bajos de la estructura social la afiliación y participación (cuando sucede) se centra en las organizaciones religiosas, con una leve preferencia mayoritaria a favor de las denominaciones evangélicas. Proceso este último, que lleva décadas de expansión en el mundo popular (Semán, 2021). La observación de que las desigualdades sociales inciden directamente en la afiliación y acción reivindicativa, en el sentido de que los sectores altos y más educados disponen de (y ponen en juego) más recursos para movilizar en el espacio público sus intereses y creencias, no solo invita a revisar la validez de los consensos en las ciencias sociales y la opinión pública, como señalan claramente los autores (2025, p. 173), sino también a revisar la erosión de los vínculos entre organizaciones, dirigentes, referentes, activistas y clases populares.

La polarización política también permeó a las ciencias sociales. Los análisis tendieron a resaltar la fortaleza: destacamos lo que sedimentaba, subrayamos la creatividad popular y lo que podía organizarse, pero descuidamos lo que se erosionaba, se desgranaba en el tiempo, se desorganizaba o se reorganizaba bajo otros términos y lógicas, siguiendo las líneas de fractura surgidas de esa constante erosión. No se trataba de una práctica nueva sino que activaba un hilo profundo en la historia del campo intelectual que había sobrevivido a lo largo de los años posteriores a 2001, incluso a pesar de las críticas a las miradas normativas sobre las formas de politicidad popular (y a través de ellas). De ese modo, no contribuimos a entender el mundo que nos rodeaba sino que nos creamos fantasías tranquilizadoras, pusimos más énfasis en la crítica a las ideologías dominantes que en la comprensión crítica de las experiencias y el nuevo paisaje de economías morales que emergía más acá de cualquier tipo de representación política y/o teórica, mientras utilizábamos masivamente categorías cristalizadas. Y así le bajamos el volumen a una serie de discusiones que nos devoraban por dentro.

No sólo debemos atender a lo que sedimenta y perdura, sino también a lo que se desgasta, desgrana, erosiona, disuelve y pierde fuerza. La idea geológica de la sociedad introduce una noción de proceso en la que cada nueva capa desplaza, reordena, subordina, fusiona o disuelve relaciones del conjunto. No solo vincula y reúne, sino también fractura y separa. Si ponemos el foco allí podemos ver los modos en que organizaciones y clases populares fueron sobre-explotadas y sobre-expuestas a lo largo de estos años. Alrededor de recursos estatales las organizaciones intentaron recrear rutinas parecidas a las laborales (no siempre efectivas) a la vez que formas de cuidado y gestión de lo cotidiano, no siempre bien recibidas y alojadas, sino en tensión con importantes regiones del sentido común popular. Como mostraron las etnografías de la vida política popular tempranamente (Manzano et al., 2023), la construcción de criterios de legitimidad para la distribución de recursos o la organización del trabajo implicó tensiones entre diferentes fuentes de valor (necesidad, antigüedad, esfuerzo, compromiso) y sospechas de privilegios. Las irregularidades en las inserciones laborales impactaron sobre los esquemas organizativos y las posibilidades de sostener los compromisos en emprendimientos comunitarios. Como señalaba Quirós ya en 2006, el lenguaje de los planes constituía la trama diaria de las organizaciones. El trabajo militante y voluntario se fusionó en un trabajo comunitario de alta precariedad, escaso reconocimiento y bajísima retribución, sostenida centralmente en el esfuerzo redoblado de las mujeres más pobres y al que se sobreponía (a veces en colaboración, otras en tensión y disputa) una gruesa capa de jóvenes contratados del precariado político sin demasiados recursos ni capacidad de decisión. En otras palabras, las transferencias monetarias permearon todos estos vínculos y redefinieron los modos de involucramiento, introduciendo brechas y tensiones.

La relación entre Estado y organizaciones también siguió las lógicas de gobierno, combinando provisionalidad, movilización continua (ya fuera como presión o apoyo) y disputas de poder. Algunos referentes se incorporaron en tramas gubernamentales como oportunidad de militar el estado, diseñar política pública y gestionar recursos (aunque esas posiciones no siempre fueron duraderas). El poder relativo apareció como centro de disputas entre organizaciones y desde una cima que buscaba retener el máximo control. Estos procesos trajeron tanto profesionalización como cambios en los sentidos de la militancia y deterioro de los vínculos con las bases, no sólo por el distanciamiento sino también por la incertidumbre de las dinámicas políticas y la persistente estigmatización sobre las organizaciones y sobre quienes brindan y recurren a la asistencia estatal.

Si bien algunas organizaciones propusieron la noción de economía popular para reunir los modos en que los sectores más relegados inventaban su propio trabajo y participaban de las cadenas de producción capitalista desde los márgenes, las acusaciones de “vagos”, “piqueteros” y “planeros” persistieron. Las alterizaciones estigmatizantes no sólo transitaron por los medios de comunicación o entre los sectores más acomodados sino que comprendía la sociabilidad cotidiana en los barrios populares. Desde la ya clásica investigación de Auyero sobre “clientelismo”, las diferentes perspectivas académicas también mostraban divergencias marcadas en torno al topos de la manipulación sin lograr enriquecer un debate público cada vez más simplificador (Combes & Vommaro, 2016).

A la vez, las organizaciones debieron enfrentar la emergencia de situaciones sociales crecientemente complejas. Como narra Manzano (2020), su equipo de investigación fue convocado por un grupo de referentes territoriales del sur del GBA con una demanda: no lograban insertarse en los procesos de ocupación de tierras más recientes porque otras lógicas (transaccionales y violentas) dominaban; el recuerdo de las luchas pasadas se iba perdiendo entre la población y los jóvenes vivían un mundo aparte con el que no lograban comunicarse; y, mientras tanto, las agencias estatales se apropiaban de sus conocimientos y lo devolvían en forma de políticas que paradójicamente excluían a sus artífices. En las notas de investigación publicadas en este dossier, Barreto vuelve sobre estas cuestiones al mostrar cómo en estos años han convivido tensamente diferentes criterios de valor en los procesos de auto-urbanización popular. Da cuenta de la combinación entre tramas organizativas que privilegian la permanencia, el trabajo y el compromiso; formas de patrimonialización o comercialización de la tierra que transitan entre precavidos, generosos, avivados y bandas; y modos de ejercicio de la estatalidad que apelan a la represión y la amenaza junto con una mezcla ambigua entre extracción y asistencia débilmente disimulada en la figura de la cooperativa de trabajo.

Expansión y multiplicación de las formas sociales de mercado

Bajo esta nueva luz, podemos reconocer aquellas advertencias e indicios como mecanismos del mercado permeando los modos de ejercicio de la estatalidad y participando activamente en los nuevos tejidos de reciprocidad. Varios artículos de este dossier muestran la extensión de la dimensión transaccional en la vida cotidiana. Proceso social que presenta una doble cara: un mercado expandido y multiplicado en diferentes dimensiones de la gestión de la vida y, al mismo tiempo, diferentes mecanismos de mercado operando en las relaciones sociales.

Podemos identificar advertencias tempranas sobre la importancia de estos procesos. Algunas preguntas ya se habían planteado, como lo hicieron Del Cueto y Luzzi (2016, p. 210) cuando interrogaban acerca del consumo “¿Es posible entender el acceso a bienes usualmente vinculados con formas de reconocimiento social como un elemento democratizador de las sociedades, en el sentido de una ampliación de la participación de sectores antes relegados en la vida social?” Basado en las investigaciones de Wilkis (2013), este análisis resaltaba la centralidad del endeudamiento y los mecanismos desigualadores a través de los cuales transcurría el mismo. También hacía jugar una temporalidad corta e intensa de la inclusión por consumo, en detrimento de una temporalidad más larga, dificultosa y menos intensa de inclusión en un régimen de bienestar. Mientras tanto, Gago (2014) reflexionaba sobre los modos en que la razón neoliberal prosperaba desde abajo, tomando formas propias que combinaban cálculo y goce, sobre-explotación, emprendedorismo y fiesta. Aún si llegamos a plantearnos estas cuestiones, la gran mayoría de la sociología apoyamos dichas políticas, fuera por convicción, comodidad, miedo a las represalias o… lo que Fisher llama realismo capitalista, elaborado sobre nuestros propios fantasmas ante lo que, en un país social y políticamente polarizado, se vislumbraba como advenimiento de un proyecto excluyente. Quizá era preferible valorar la existencia de mecanismos estatales de inclusión por defectuosos que pudieran ser, antes que someterlos a una crítica radical que tirara el niño con el agua sucia.

Cabría pensar que el kirchnerismo en el gobierno se fue alejando de los tejidos organizativos que reunían a las clases populares (cerrándose sobre las organizaciones más cercanas), aunque sostuvo el vínculo electoral con los más pobres o quedó asociado simbólicamente a su representación, al mismo tiempo que perdía terreno entre los trabajadores sindicalizados y las clases medias bajas a las que tendió a recusar como ignorantes de destinos e intereses propios. Su derrota en las presidenciales de 2015 nos condujo a orientar los debates hacia la explicación del fracaso, un balance sobre la estructura social y las desigualdades existentes, y la elucidación de las características de las políticas implementadas por el nuevo gobierno y sus efectos sobre las clases populares. Pero en general la tendencia fue a identificar las causas en un presente capitalista visto de un modo genérico, la sorpresa del retorno de un gobierno de derecha y a cierta distancia con los procesos sociohistóricos que se habían encadenado en la Argentina desde la salida de la crisis del 2001.

Entre tanto, las organizaciones populares fueron objeto de sospecha y criminalización, y sus esfuerzos crecientes por volver a instalarse como mediadoras de la política social y representantes de las demandas de los más postergados no fueron siempre bien recibidas. Incluso el reconocible esfuerzo de positivización de los trabajadores marginales, la búsqueda de vincularse con la cultura popular por la vía religiosa, como muestra la nota de investigación de González en este mismo dossier, los intentos de sindicalización de la economía popular y unificación de un sector con demandas y representaciones propias, logró organizar una parte y alcanzar algo de reconocimiento estatal a través de leyes y políticas, pero también encontró límites, tensiones y barreras en un clima donde toda intermediación se volvió objeto de sospecha (Trujillo et al., 2022).

Como mostró Moriconi (2023) en su etnografía sobre los trabajadores de la empresa Jabón Federal, en la primera gran crisis de empleo industrial a inicios del macrismo, también los obreros hacían un cálculo y una lectura financiera de sus “arreglos” (el modo en que llamaban el resultado de una negociación personal de sus retiros voluntarios de la empresa a distancia de los activistas sindicales del piso de fábrica) con la patronal, en un contexto que los llevaba a replegarse sobre su vida familiar y emprender proyectos individuales largamente postergados. El mercado cambiario, las turbulencias financieras, la capacidad emprendedora, se habían convertido en un marco de legibilidad de la vida, las moralidades en pugna y las expectativas futuras, no solo en el horizonte probable del precariado, sino también entraba en la ecuación de experiencia y expectativa del proletariado industrial.

La transformación del mundo popular por distintas formas sociales del mercado se mostraba más amplia y atravesaba a más sectores de los que se suponía. No era una simple imposición desde arriba, sino una íntima filtración, compartida en asados con amigos y familiares de igual condición, en un silencioso pero amplio proceso de interiorización desde abajo que completaba el marco. Que en cierto modo, permitía organizar la percepción de un mundo socioeconómico en transformación en la que cada vez se vuelve más real la frase: ni los sindicatos ni la política entra a la casa de los trabajadores. Cuando después de la pandemia los procesos de digitalización capitalista se aceleraron y capturaron la mayor parte de las fuerzas precarias del trabajo, como muestra el artículo de Juan Pablo Pérez Sainz en este dossier para el contexto latinoamericano, el legado emprendedor del neoliberalismo ya estaba allí, en parte positivizado como una forma independiente de gestionar la propia trayectoria laboral y como prueba de valor del propio esfuerzo y la sagacidad frente a los renovados (y apremiantes) desafíos (Semán & Welschinger, 2023).

Pero no solo la monetarización, el endeudamiento, la financiarización y el emprendedorismo hicieron su tarea de extender las formas sociales del mercado en el mundo popular, sino también otras prácticas apoyadas en la obtención de ingresos en los mercados ilegales y la inclusión de todo tipo de bienes en lógicas transaccionales, incluidos el suelo urbano y la vivienda popular. Defender la casa de robos y ocupaciones violentas de otros vecinos era cada vez más una tarea familiar y comunitaria sin ningún tipo de respaldo público (Oriolani, 2023). Como muestra la nota de investigación de Barreto en este dossier, la ocupación y urbanización popular pasó a combinar tradicionales formas cooperativas y políticas, con novedosas maneras de patrimonializar e intercambiar lotes en las plataformas digitales de marketplace. La pretensión de legitimar la ocupación desde la lógica de la necesidad chocaba con algunas prácticas de tomar tierra como reserva de valor. En un proceso con singularidades propias, pero que presenta semejanzas con las lógicas extractivas de la ciudad popular en México como muestra Moctezuma Mendoza también en uno de los artículos de este dossier. Y yendo más allá, este ingreso más o menos compulsivo de las dinámicas transaccionales en el mundo popular, agregaron una nueva (y conflictiva) dimensión a los territorios populares, cuando los vínculos con el universo transa en expansión, como muestran Alzueta y Roldán en este dossier, se volvieron una opción laboral (de jóvenes y mujeres) en contextos de ingresos deprimidos, empleos precarios e intermitentes, barrios segregados y expectativas de consumo frustradas.

El ingreso y la posición subordinada de mujeres jóvenes en la venta barrial de drogas, las transacciones usurarias de dinero y el consumo problemático, también debería llevarnos a revisar toda una perspectiva de políticas sociales fundadas en la premisa de las jefaturas femeninas como soporte de la construcción comunitaria. Como señaló tempranamente Faur (2014, p. 192), el maternalismo encarnado en imperativos feminizados de cuidado familiar y comunitario sitúa a las mujeres de sectores populares en un triple nudo de desigualdad (laboral, familiar y comunitario) y las constituye en un vehículo de la gestión estatal de la población vulnerable, antes que en titulares plenas de derechos. Dirigentes, políticos, periodistas, activistas, esperan todo de ellas, las trabajadoras comunitarias ultra precarizadas: que integren lo que el mercado desintegra, que protejan lo que el estado desprotege, que suturen las heridas del tejido social. Ningún ser humano puede tolerar tanta sobredemanda.

Pandemia y después: cambios de ritmo y aceleración

Mientras a lo largo de estos años podría pensarse la estatalidad como una serie heterogénea de políticas que se fueron combinando en el tiempo de modos variados a medida que el estado fue cediendo su protagonismo inicial y contribuyó a fortalecer al mercado como centro de la vida social, la pandemia implicó una ruptura abrupta marcada por el confinamiento obligatorio que, de un modo grandilocuente, volvió a colocar al estado en el centro. Para los sectores más relegados, la pandemia no sólo amplificó y potenció las condiciones de vulnerabilidad sino que además, magnificó la importancia de las transferencias monetarias (frente a la caída de otras fuentes de ingreso) a la vez que cerró los canales habituales de tramitación cara a cara (desde los esbozados aquí hasta las escuelas e incluso los hospitales, que fueron prácticamente absorbidos por la atención del COVID-19), excepto las fuerzas de seguridad. Especialmente ante la denuncia pública de brotes infecciosos, los límites de los barrios populares se constituyeron como fronteras altamente custodiadas y las políticas de cuarentena tendieron a afectar de modo desigual a centros y periferias urbanas (Maneiro et al., 2023; Segura & Pinedo, 2023).

En ese contexto, fueron las tramas de sociabilidad las que se articularon para sostener la vida diaria a través de ollas populares, dispositivos de cierre barrial y control de la movilidad urbana o incluso modos compartidos de enfrentar la enfermedad y la muerte alternativos a los oficiales, en un repliegue que basculó entre lo familiar y lo comunitario (Pinedo, 2024). Como señalan Manzano y Barreto (2025), se trató de una vitalidad de las tramas que emergían ante lo extraordinario pero retomaban una larga historia. Siguiendo su análisis, las organizaciones lograron articular estas prácticas en demandas tratables en la arena pública. Si los primeros acercamientos epidemiológicos de agencias estatales a los barrios populares tomaron la forma de espectáculos distópicos inspirados en una lógica bélica, tal como argumentan Manzano y Barreto, luego se articularon otras políticas que combinaban el cuidado barrial y la transferencia individualizada de recursos para la compra de alimentos, complementando las transferencias asociadas a la seguridad social. A la vez, la intermediación digital se fortaleció como modo de tramitación de diferentes programas estatales. Aquí también las redes cercanas operaron en los intersticios de la política pública (como muestra Balerdi, 2023). Si la mano derecha del Estado surcaba las calles (e incluso excepcionalmente debió asumir tareas asistenciales), la mano izquierda tuvo una presencia más dispersa y débil, por momentos recayó en esfuerzos voluntariosos y en ocasiones se volvió una aplicación en el smartphone. En muchos sentidos, el estado que inicialmente pareció un comité de expertos pronto mostró sus debilidades, a través de desbordes, vacíos y protecciones desiguales. Pero las transferencias se revelaron como una fuente de seguridad de ingresos que, durante meses aciagos, erizó las sensibilidades sobre la justicia de la redistribución.

El carácter profundamente paradojal de la pandemia fue que al mismo tiempo que la población se volvía dependiente de las magras asignaciones monetarias del estado por la propia cancelación sanitaria de la movilidad, quedaba claro que aquellos cuyos ingresos se resolvían fundamentalmente en el sector informal estaban en una franca (e injusta) desventaja con aquellos que lo hacían en el sector público o en el sector formal del empleo, sea porque éstos últimos podían virtualizar su actividad, sea porque tenían ingresos garantizados por diferentes vías. Y cuando nos referimos al sector informal, no lo estamos haciendo a lo que se entiende como los grupos marginales asistidos por la política social, sino al extenso, profundo y poco estudiado universo de trabajadores monotributistas, cuentapropistas, comerciantes con bajo capital, agricultores familiares suburbanos arrendatarios, profesionales independientes, empleados en los servicios domésticos, etc. Las desigualdades distributivas crecieron y se agudizaron con el correr de la crisis. El ingreso de los más pobres se contrajo menos que el del resto de la estructura social, generando un efecto de mayor equidad en un marco de mayor pobreza que afectó sobre todo a los estratos bajos de clases medias. El papel activo de las políticas públicas contuvo la caída abrupta de empresas y trabajadores formales, y amplió la transferencia de ingresos y alimentos entre los hogares pobres, pero entre ellos quedó una gruesa capa de trabajadores de sectores medios débilmente vinculados con los sistemas de protección no contributivos que vieron cómo sus ingresos se desplomaron (Salvia et al., 2022). La escalada inflacionaria que le siguió después impactó de lleno en este sector. En el registro etnográfico de estos cambios estructurales se detectó la emergencia de una sensibilidad cada vez más irritada con el Estado, considerado más como un peso insoportable que un soporte para proyectar las expectativas de mejora en la vida personal y familiar (Semán & Welschinger, 2023; Vázquez, 2023). La interpretación discrepante con la realidad de numerosos jóvenes de clases medias bajas que se intentaron desde diferentes círculos progresistas no hicieron más que contribuir a profundizar las desavenencias y agriar las relaciones políticas. Como muestra el artículo de Merenson y Semán en este dossier, quiénes se incluyen en el extenso universo de la clase media bajadora, se imaginan como un amplio grupo social desestabilizado en una dinámica que los iguala hacia abajo, atrapados entre una cúspide que puede vivir en “otra realidad” y una base que se sostiene presionando con piquetes a un estado que los gestiona con planes. La cristalización de esta imaginación sociológica en los sectores medios debería llamarnos la atención no sólo para ajustar categorías analíticas, estructuras de clase y percepciones sociales, sino también para constatar la rigidez que van adquiriendo los límites en torno a los cuales se redefinen los auto-enclasamientos y se reconfiguran las sensibilidades culturales y políticas y se trazan las (im)posibles solidaridades.

Finalmente, el protagonismo del Estado que se forjó luego de la crisis de 2001 se cerraba en la escena televisiva de la motosierra de Milei. Un elemento doméstico, al alcance de la gente común, que invitaba a cada uno a hacer “su propio ajuste de cuentas”, a sincerar su “no hay plata”, a cortar con “la casta” que lo exprimía, y acompañar la destrucción del Estado con el propio sacrificio. Con los ladrillos de los malestares de la experiencia popular con la estatalidad realmente existente, la sobredemanda política, la inflación persistente y las tensiones, malentendidos y distancias entre el campo popular y el mundo popular, se edificó una política de vigilancia, control, estigmatización y represión sobre organizaciones e intermediaciones populares. La gestión del “capital humano” del gobierno libertario retuvo las políticas de asignación monetaria (AUH y Tarjeta Alimentar) y el control de los agregados estadísticos que se miden con los indicadores del INDEC (línea de pobreza, línea de indigencia, etc.) con un claro enfoque de contención del conflicto social. Y atacó las formas de movilización (es cierto que desgastadas) con criminalización y represión o amenazas de represión e infundió miedo en el espacio público popular (es cierto que ya crispado), convocó a los intermediados a denunciar a los intermediarios, y con declaradas intenciones políticas, colapsó las estructuras y los recursos que solventan las organizaciones sociales y el trabajo comunitario (transformando las brechas existentes en fracturas). En un agresivo proceso político que no solo desarma y descompone segmentos enteros de la dimensión social del Estado y los empalmes que unen (no sin dificultades y problemas) lo estatal y lo comunitario, sino que también busca crear una nueva situación que desplaza las responsabilidades públicas hacia provincias y municipios al mismo tiempo que ajusta el gasto y las transferencias del presupuesto nacional, reduce y simplifica las (escasas) protecciones sociales, impulsa mercados laborales hiper-desregulados, drásticas reconversiones de sectores económicos enteros sin transiciones ni amortiguadores y la devastación indolente de lazos sociales y tramas comunitarias. Si en el momento anterior las capacidades de sesgo keynesiano compensaban “defectuosamente” el régimen de desigualdades del capitalismo periférico, en el esquema libertario las capacidades de supervisión y control del Estado se utilizan para exacerbar y extremar radicalmente las desigualdades de ese régimen, empujado por un militantismo intenso, exuberante y exasperado a favor del mercado como único y legítimo coordinador social, las políticas implementadas promueven la acumulación de un sector concentrado del capital.

Entre la experiencia de las formas socialmente existentes del mercado y la utopía mercantil libertaria se juega el tiempo y la política de las clases populares. En un panorama de fragmentación de las oposiciones políticas populares, debilidad de las organizaciones sociales y distanciamiento de las representaciones y liderazgos políticos. En un plazo de tres años, la combinación de pico inflacionario, posterior estabilización y derrumbe de la demanda agregada, ajuste continuo del gasto y la inversión pública, tipo de cambio atrasado, apertura importadora y decrecimiento de los salarios como principales anclas del plan antiinflacionario, y la consecuente nivelación de la inflación en torno al 40 por ciento anual, la destrucción de ingresos, créditos, consumos y patrimonios de los trabajadores formales e informales (con excepción de los empleados en el sector exportación o financiero) sigue su curso. La pérdida de puestos laborales en el sector industrial y mano de obra intensivos. El desplazamiento de trabajadores hacia la ultra flexible y precaria economía de plataformas, que en muchos casos implica un masivo proceso de paso de la inactividad a la multiactividad buscando completar y complementar ingresos de los hogares, se combina con un crecimiento de las deudas y la morosidad, en una economía popular financiera que hibrida a sus acreedores, desde bancos a billeteras virtuales, pasando por aplicaciones de juego online y prestamistas barriales. Se extienden las figuras laborales difusas que van desde el “trabajador independiente” al “emprendedor”, entrelazadas por diferentes formas de autogestionar una experiencia de sobrevivencia y una expectativa de dar con los atajos hacia la prosperidad. Situación a la que se agrega el derrumbe de pequeños patrimonios familiares, apuestas por negocios inciertos y consumos problemáticos. No parece ser, por ahora, la experiencia del desempleo alrededor de la cual se organizan necesidades y demandas del mundo popular, sino la del multiempleo precario, el tránsito a la actividad de miembros inactivos del hogar y la auto-extensión de la jornada laboral. Finalmente, si esta es la experiencia del trabajo que se difunde y consolida en el mundo popular, si estos son los problemas que organizan el cotidiano, probablemente las tradicionales herramientas de las organizaciones sociales ancladas al barrio, usuarias del tiempo disponible de los diferentes miembros de las familias y dependientes de las formas cooperativistas, no serán del todo efectivas. Incluso, los lenguajes de interpelación ya no resultan audibles en tanto otras sensibilidades políticas fueron ganando terreno, en respuesta a las limitaciones de esas formas de politización. Al mismo tiempo, el corrimiento del Estado y la desregulación extrema de los procesos socioeconómicos tampoco parece muy favorable al crecimiento de formas miméticas de las tradicionales organizaciones sindicales, salvo en las áreas territoriales y las cadenas de valor favorecidas por la profundización del extractivismo exportador.

No disponemos aún de una investigación publicada que acompañe los modos en los que estos procesos son vivenciados. Pero algunas observaciones parciales muestran pistas para intentar entender. Si hace poco más de dos años Semán y Welschinger (2023) interpretaban las formas de subjetivación emprendedora en términos de mejorismo, atendiendo al trabajo de optimización de sí, a la valoración de la autogestión y al desafío de forjarse en el mercado, hoy el mismo Welschinger nos relataba una serie de experiencias menos optimistas, marcadas por el día a día.² Hace unas semanas, mantuvo varias conversaciones con grupos de repartidores en el macrocentro de Rosario mientras esperaban que salieran pedidos, ya pasada la hora pico de la cena. En las charlas, se cruzaban comentarios sobre deudas impagables y acreedores que presionan (“con razón”) para cobrar, expectativas de que llueva para ganar más por cada reparto (en bici) y quejas a McDonalds por la falta de reparo y luminarias durante la espera de pedidos. También referían la incorporación de más personas en la actividad mientras despreciaban a los nuevos por “rastreros” que les daban mala fama. Uno relataba cómo la aplicación de Mercado Libre sorpresivamente se había quedado con todo el dinero que ganó en dos semanas de salir porque le cobraba una deuda de un producto que encargó en 2008 y nunca recibió más inmensos intereses (y él se había quedado con un último pedido en represalia). Deudas impagables, ingresos declinantes por las reglas de mercado (aumento de la cantidad de personas que salen a repartir —por pérdida de otras fuentes de ingreso o para complementarlas— y disminución del consumo), más desgaste corporal motorizado por incentivos monetarios selectivos, mínimas demandas comunes en las que no se visibiliza ni al estado ni al empleador como interlocutores posibles, reglas desconocidas muy desiguales y poco margen de acción… Como pensó en voz alta un militante que acompañaba la ronda de conversaciones, “sobrevivir hoy es revolucionario”.

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Notas

Recepción: 01 abril 2026

Aprobación: 02 mayo 2026

Publicación: 01 agosto 2026

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

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