(FaHCE-UNLP, Argentina)
A tres décadas de la recuperación de la democracia, los territorios de la Argentina expresan la complejidad de las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas producidas en el país y en el mundo por el auge del neoliberalismo, su crisis y por los proyectos políticos actualmente en disputa.
A escala nacional, el territorio construido por la democracia puede entenderse como resultado, momento y condición de las interrelaciones entre el proceso de acumulación de capital en el país (en el que se destaca la posición que en cada sector de la economía ejercen los actores hegemónicos); las distintas políticas públicas, tanto las vigentes como aquellas que sucesivamente fueron implementadas; y las diferentes dinámicas de los movimientos y organizaciones sociales. A escala regional y local, el territorio se presenta como un movimiento continuo de situaciones geográficas producidas por eventos geografizados (Silveira, 2001: 160) producto de la articulación contradictoria, desigual y combinada de actores con dominios diferenciales de escalas de tiempo y espacio.
Las políticas neoliberales de privatización, reforma del Estado, apertura y desregulación iniciadas en 1975/76, pero fuertemente impulsadas en 1989 y 1991 con el denominado “Plan de Convertibilidad”, afectaron negativamente al sector industrial. Como señala Schorr: “...ya no fue la vinculación entre la producción industrial y el Estado el núcleo central del proceso económico, sino la valorización financiera y la salida de capitales al exterior vinculada a otro tipo de Estado, modificación que derivó en la contracción y en la reestructuración de la producción industrial” (Schorr, 2004: 67). Este proceso de “desindustrialización” tuvo un carácter regresivo, heterogéneo y concentrador de la actividad industrial en grandes empresas transnacionales.
Ciudades del frente fluvial industrial evidencian este proceso contradictorio. San Nicolás y Ensenada fueron afectadas por los ajustes en SOMISA e YPF respectivamente. La movilización y resistencia de los trabajadores en defensa de las fuentes de trabajo enfrentó una respuesta estatal, que incluyó en el caso de SOMISA la ocupación de la planta por parte de la gendarmería. En la destilería YPF, la “racionalización” redujo el número de trabajadores de 5.400 en 1991 a 600 tres años después (Muñiz Terra, 2012: 147).
Zárate, en cambio, beneficiada fundamentalmente por su localización en la ruta del MERCOSUR, se convirtió en un polo de radicación de nuevas inversiones del sector automotor (como el caso de Toyota), inversiones enmarcadas en las ventajas dadas por el régimen para el sector, que benefician fundamentalmente a las grandes empresas terminales.
En los espacios agrarios, el cultivo de soja avanzó en extensión e intensidad. Como señala Reboratti, pasó de 2 a 17 millones de hectáreas entre 1980 y 2005, y mientras que en la región pampeana se aprovechó de la densa red de transportes y centros urbanos pequeños y medianos, en las áreas rurales del norte del país la expansión produjo al mismo tiempo el reemplazo de cultivos tradicionales como el algodón y la deforestación del bosque original (Reboratti, 2010: 67). El actor hegemónico es el “agrobusiness”, que impone conflictos a comunidades rurales y pueblos originarios, y configura situaciones geográficas signadas por la disputa territorial.
Los territorios que cuentan con recursos mineros y energéticos han mostrado cambios significativos. Ciudades y localidades del NOA y la Patagonia vinculadas a la producción petrolera, como Tartagal, Comodoro Rivadavia y Cutral Co, fueron afectadas por la privatización de YPF. Como tituló Salvia para la Patagonia de los ´90, el panorama regional es el de “sectores que ganan y sociedades que pierden” (Salvia, 1999). Frente a esta realidad, el surgimiento de movimientos de desocupados planteó nuevas dinámicas políticas y disputas territoriales.
Los proyectos e inversiones de las grandes empresas transnacionales de megaminería también dieron lugar a disputas políticas y a movilizaciones sociales de rechazo en diferentes provincias y localidades del oeste argentino. Se produce así una sucesión de situaciones geográficas con disímiles resultados, eventos en los que los actores transnacionales articulados a ciertos actores provinciales disputan el territorio con las comunidades locales. Esquel, Famatina, Andalgalá, Bajo la Alumbrera construyen la memoria de estas situaciones. En estas disputas emerge el lugar: las movilizaciones de las poblaciones afectadas involucran, además de intereses, sentidos de identidad y vinculación afectiva por sus espacios de pertenencia.
En la Región Metropolitana de Buenos Aires y los grandes aglomerados urbanos del país la fuerza del mercado inmobiliario se impuso en intensidad y extensión: urbanizaciones cerradas y countries conformaron espacios articulados a grandes equipamientos comerciales, de entretenimiento y de consumo. Redefinidas las infraestructuras de transporte a favor del sector automotor privado y en detrimento del ferrocarril, han tensionado la movilidad en las ciudades y configurado nuevas estructuras territoriales.
Los últimos diez años de la democracia son objeto de numerosos debates sobre los cambios y continuidades de las políticas actuales respecto del neoliberalismo, de las pugnas entre los modelos neodesarrollista (Varesi, 2011: 33-59), de la Sociedad de Mercado y de la Sociedad de Trabajo (Rofman, 2009: 254-260); y por las disputas en torno a los modelos y políticas de desarrollo territorial.
Siguiendo a Varesi, el modelo iniciado en el 2002 presenta un perfil productivo que ha posibilitado la reducción del desempleo y mejoras en la distribución del ingreso que a partir de 2003 han beneficiado los “pisos” de las clases subalternas. El modelo se asienta en el núcleo productivo-exportador preexistente y en la recuperación de sectores manufactureros destinados al mercado interno, en transferencias de recursos para estabilizar la nueva correlación de fuerzas y en políticas públicas activas (Varesi, 2011: 55).
Entre las políticas estatales activas puestas en marcha desde el año 2003 son de destacar aquellas que recuperaron con una perspectiva federal el rol del Estado en la planificación y el desarrollo territorial. En este sentido, son particularmente relevantes la conformación del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN) y el anteproyecto de Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial, que plantea la necesidad de regulación y planificación del territorio por parte del Estado. Entre sus consideraciones, da cuenta de los principales conflictos por la ocupación y uso del suelo, y de las problemáticas territoriales del país a comienzos de la presente década. Entre ellos se destacan:
-inequidad estructural del territorio argentino en lo que respecta a niveles de desarrollo y habitabilidad;
-estructura jerárquica y concentrada del sistema urbano, con una creciente presión demográfica sobre las grandes ciudades;
-ausencia de infraestructuras adecuadas para el acceso de la población al trabajo, la salud y la educación, entre otros, y para el acceso de las producciones locales al mercado nacional y regional;
-desregulación generalizada del acceso al suelo urbano, que trae como consecuencias la creciente fragmentación del territorio y un creciente nivel de polarización social;
-déficit sistemático de redes de servicios urbanos básicos, de movilidad y de equipamientos;
-cambios en los procesos productivos regionales, que se reflejan en fenómenos como la tendencia a la despoblación y desaparición de pequeñas localidades; la presencia de ciudades “cercadas” por la rentabilidad productiva agrícola-forestal de los suelos colindantes, que presiona sobre los ejidos con el riesgo de afectación de agroquímicos sobre las comunidades que las habitan; el crecimiento explosivo de los centros rurales emplazados en zonas turísticas; los conflictos relativos a la tenencia de la tierra, incentivados por el aumento exponencial de los precios de los commodities y la consecuente expansión de la frontera agropecuaria.
-dificultades de los gobiernos locales para la gestión del ordenamiento y desarrollo territorial.
Estos conflictos que enuncia el COFEPLAN dan cuenta de una continuidad en las problemáticas territoriales del país y de los desafíos que debe encarar la democracia argentina para su reversión.
CONSEJO FEDERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (2012) “Anteproyecto de Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial” Versión aprobada por la VII Asamblea de COFEPLAN, 1° de noviembre de 2012.
MUÑIZ TERRA, Leticia (2012) Los (ex) trabajadores de YPF. Trayectorias laborales a 20 años de la privatización. Buenos Aires: Espacio Editorial.
REBORATTI, Carlos (2010) Un mar de soja: la nueva agricultura en Argentina y sus consecuencias. En Revista de Geografía Norte Grande, N° 45. Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pp 63-76.
ROFMAN, Alejandro (2009) “Los dos modelos económicos en discusión. En Cuestiones de Sociología, Nº 5-6. UNLP. Pp. 254-260.
SALVIA, Agustín (1999) La Patagonia de los noventa: sectores que ganan, sociedades que pierden. Buenos Aires: La Colmena.
SCHORR, Martín (2004) Industria y Nación. Poder económico, neoliberalismo y alternativas de reindustrialización en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Edhasa.
SILVEIRA, María Laura (2001) Una situación geográfica de la historias a la teoría de la teoría a la historia. En Estudios Socioterritoriales, Año II, Nº 2, CIG – FCH – UNCPBA. Pp. 157-168.
VARESI,
Gastón (2011) “Argentina 2002-2011: neodesarrollismo y
radicalización progresista”. En Realidad
Económica,
N° 264, IADE. Pp. 33-59
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