(FaHCE / UNLP / CONICET, Argentina)
Durante varios años la cuestión del acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) estuvo librada al arbitrio del mercado. Así, la difusión de las TIC fue siguiendo el derrotero de cualquier otra mercancía, con el valor de cambio como el regulador de su distribución.
Bajo la lógica de difusión mercantil, el acceso a estas nuevas tecnologías se fue expandiendo diferencial y desigualmente. En principio, a estos productos y servicios accedían solamente los individuos de mayores recursos mientras que los escalones sociales siguientes iban accediendo a versiones más antiguas y rudimentarias. Luego, gracias a la baja de los costos de producción y la búsqueda de ampliación de sus mercados por parte de las corporaciones informáticas y de las telecomunicaciones, lo que primero nació como un consumo de una elite pudiente y de adscriptos extravagantes a las computadoras se fue propagando a otras capas de la sociedad y transformándose en una mercancía de consumo masivo. Sin embargo, las TIC han abierto nuevas dimensiones y caras de desigualdad, y reconfigurado los procesos de inclusión/exclusión. Factores de clase, edad, género y etnia determinan una diferenciación social y cultural en el modelo de la comunicación digital y producen claras segmentaciones y brechas (Castells, 2007).
Con el comienzo del siglo XXI, en América Latina empieza a gestarse un cambio sustantivo respecto de los procesos de regulación social vigentes durante las últimas décadas del siglo pasado. De la mano de gobiernos posneoliberales (cuyas variantes y matices divergen de acuerdo al contexto y trayectoria histórica de cada país), el patrón de regulación de la producción, circulación y distribución del acceso a las TIC se ve alterado mediante la activa participación de los Estados. Actualmente, en Argentina, en contraposición a los intentos erráticos y focalizados de la década del noventa (como el plan de Centros Tecnológicos Comunitarios), un conjunto de políticas públicas, con fundamentos y escalas diferentes, apuntan hacia la universalización del acceso a las computadoras (programas basados en modelos 1 a 1, tanto a nivel nacional como provincial), la ampliación de la conectividad a Internet y el acceso público a las TIC (Programa Argentina Conectada y Programa MiPC) y, en menor medida, la regulación de los servicios de telefonía móvil.
En este contexto se inscribe el Programa Conectar Igualdad (PCI) basado en la modalidad 1 a 1 (una computadora por cada alumno y docente) de incorporación de la computadora en la educación. Lanzado en el año 2010, al momento de escribir este artículo (mediados de 2013), el PCI está cerrando su fase de implementación distribuyendo casi 4 millones de netbooks entre estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas e institutos de formación docente de todo el país. Indudablemente, la aparición del Estado como actor de peso en la distribución de las TIC significa un cambio sustantivo en el ecosistema tecnológico de la Argentina, cuyos impactos cuantitativos ya se comienzan a observar.
Las estadísticas disponibles demuestran que el acceso a la computadora se ha acrecentado gracias a la existencia del PCI y programas similares. Según la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información (ENTIC), realizada en el tercer trimestre de 2011 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a fines de 2011 el 52,8% de los hogares del país tenía al menos un equipo (INDEC, 2012b). Un número significativamente mayor al registrado tan sólo un año antes en ocasión del Censo Nacional, realizado previamente a que se iniciara el reparto de netbooks, cuando ese porcentaje era del 46,9% (INDEC, 2012a). Asimismo, de acuerdo a la ENTIC, la presencia de computadoras en hogares con adolescentes en edad escolar es marcadamente superior a la media nacional, y más aún respecto a aquellos hogares sin miembros de entre 12 y 17 años: 64% contra 52, 8% y 49,10%, respectivamente (INDEC, 2012b: 7-8). Por su parte, el reciente informe del Barómetro de la deuda social de la infancia elaborado por la UCA registra un fuerte descenso en la falta de computadoras en los hogares argentinos en los años posteriores al lanzamiento del PCI: “Efectivamente, entre 2010 y 2012 se produjo un fuerte descenso del déficit, que alcanzó los 13,6 p.p. al pasar de 53% a 39,3%.” (ODSI, 2013: 93). Más específicamente, la evaluación realizada por el propio Ministerio de Educación de la Nación consigna que en el primer año de implementación la netbook ha sido la primera computadora en el hogar para el 29% de los estudiantes beneficiarios de PCI (Ministerio de Educación, 2012).
Estas cifras revelan que las políticas públicas tendientes a la universalización de las TIC brindan un gran impulso a la evolución de los indicadores de acceso, acompañando los efectos de la expansión de la economía y los procesos socioculturales de digitalización de las interacciones sociales y los consumos culturales.
Ahora bien, más allá de los indicadores cuantitativos, la riqueza de políticas universalistas como el PCI cobra mayor relieve a la luz de estudios cualitativos al tiempo que permite plantear nuevos desafíos y sugerir caminos para mejorar el diseño, implementación y sostenimiento de dichas políticas. A partir de los datos estadísticos, nuestra investigación cualitativa (Proyectos PICT de ANPCyT, PIP de CONICET y PPID de UNLP), dedicada a comparar las trayectorias de apropiación de las tecnologías digitales de jóvenes de clases medias y clases populares en el marco de implementación del PCI en La Plata y Gran La Plata, nos permite comprender la construcción de sentido que desborda el mero acceso. Así, políticas públicas como el Programa Conectar Igualdad arrojan resultados más allá de los indicadores de posesión de computadora, inclusive en entornos de sectores medios donde esta cuestión ya estaba prácticamente resuelta. De la evidencia recogida con nuestra investigación surge que, a partir de la llegada de las netbooks, gracias a la certeza de que la totalidad de estudiantes cuentan con una computadora, las y los adolescentes amplifican sus vías de contacto mediante grupos de redes sociales virtuales donde se comunica y transmite información relevante tanto en términos educativos como de sociabilidad.
La incidencia de estas políticas también debe leerse en el plano de lo simbólico. Por un lado, aquellos estudiantes de clases populares que no contaban con una computadora previa destacan que la llegada de la netbook significa una oportunidad única, ya que de otro modo creen que jamás podrían haber accedido a una similar. Esto despierta una visión del Estado como reparador de inequidades. Por otro lado, tanto estos grupos como otros que ya tenían computadora destacan el carácter igualitario del PCI, ya sea porque las netbooks llegan a todos y todas como porque la distribución no ha ido de las ciudades más grandes a las más pequeñas. Resulta interesante cómo el acceso a la tecnología, contra versiones miserabilistas que sostienen que los sectores más relegados “no necesitan” computadoras porque les faltan “cosas más básicas”, forma parte de las demandas de las clases populares que claman por una educación de mayor calidad. De allí que estudiantes y padres valoren la respuesta brindada por el Estado.
A su vez, como hemos señalado en otra oportunidad (Benítez Larghi y Lemus, 2012), el potencial de uso de las TIC se extiende a toda la familia y habilita, en numerosos casos, el primer contacto con la computadora de padres y madres.
La omnipresencia ubicua de las redes sociales virtuales en la vida cotidiana de las y los adolescentes nos habla de un proceso de integración cultural en tanto su apropiación de estas plataformas como nuevas formas de presentación del yo en la vida cotidiana y de gestión de las relaciones de amistad y las actividades del tiempo libre atraviesan las clases sociales. Como señala García Canclini (1999: 37-38), hay bienes con los que se vinculan todas las clases sociales, aunque la apropiación sea diversa: “consumir es también, por tanto, intercambiar significados.”
Sin embargo, simultáneamente, en los usos de dispositivos como Facebook y Twitter se evidencian gérmenes de procesos de diferenciación y distinción social: por ejemplo, entre las y los adolescentes de clases medias se establecen ciertas “reglas” y “leyes” que consagran ciertas prácticas y rechazan otras en las redes sociales.
Por último, debe alertarse que muchas veces los datos meramente cuantitativos pueden ocultar rígidos patrones de desigualdad. Mientras las estadísticas demuestran cierta igualación de géneros en términos de acceso a la tecnología, la investigación realizada ilumina diferencias notorias respecto al significado que jóvenes varones y mujeres de clases populares le otorgan a la computadora e Internet: la desigual distribución del trabajo doméstico no remunerado hace que estas tecnologías se vuelvan socialmente menos significativas para las adolescentes que deben cuidar hermanitos, limpiar la casa y cocinar.
En definitiva, las políticas públicas deben tener en cuenta no sólo el mejoramiento de los indicadores cuantitativos sino también tomar en consideración los procesos de apropiación de las TIC por parte de los beneficiarios del PCI. Únicamente mediante la comprensión de los sentidos que se cuecen en la vida cotidiana se podrán incluir de manera significativa las tecnologías en el ámbito escolar y operar sobre las brechas sociales aún vigentes en pos de una mayor igualdad.
Bibliografía citada
Benítez Larghi, Sebastián y Lemus, Magdalena (2012) “Juventudes, desigualdades y TIC”, ponencia presentada en las VII Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata, diciembre de 2012.
Castells, Manuel (2007) Comunicación móvil y sociedad. Madrid: Ariel.
García Canclini, Néstor (1999) “El consumo cultural: una propuesta teórica”, en Sunkel, G. (coord.) El consumo cultural en América Latina. Bogotá: Andrés Bello.
INDEC (2012a) Censo 2010 INDEC. Buenos Aires: INDEC.
INDEC (2012b) Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC). Buenos Aires: INDEC
Ministerio de Educación de la Nación (2012) Informe de alcances y resultados del Programa Conectar Igualdad 2011, mimeo.
Observatorio de la deuda social de la infancia ODSI (2013) “Barómetro de la Deuda Social de la infancia”. Buenos Aires: UCA.
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