(FaHCE / UNLP, Argentina)
Tres décadas de restitución democrática en Argentina y cuarenta años del golpe de Estado en Chile hacen que el año 2013 posea un valor emblemático y, como sucedió décadas atrás, convoque a nuevos debates académicos (Camou, 2007).
Un aniversario histórico es buen motivo para un balance y desde la realidad argentina ver qué sucede en este vecindario regional que en su mayoría ha padecido situaciones de dictadura y de transiciones democráticas recientes o tercera ola. (Huntington, 1994).
En la primera ola, las reformas electorales de 1912 en Argentina y Uruguay y la de 1914 en Chile sancionaron sistemas políticos antioligárquicos, verdaderas anomalías en un continente donde la dominación oligárquica conservaba gran parte de su potencialidad. Esta ola no logró expandirse ante la tendencia autoritaria de la década del ´30, que no afectó a México, donde una revolución prometía nuevo rumbo.
La siguiente ola surgió en la segunda posguerra en Argentina, Brasil, Cuba, Guatemala, Ecuador, Venezuela y otros países, ola que poco después la Guerra Fría hizo poco sustentable.
Durante la década del ´60, en algunos escenarios las expectativas democráticas fueron superadas por las que anunciaban un nuevo orden social, alcanzable para algunos por la lucha armada y para otros por la vía democrática. El fracaso de los movimientos armados y el Golpe de Estado en Chile frustraron ambas expectativas y, contrariamente, alentados por Estados Unidos, las fuerzas castrenses impusieron dictaduras cívico-militares que se hicieron más frecuentes y represivas en los ´70. En 1980, solamente Colombia, Costa Rica, México y Venezuela conservaban sus antiguos regímenes democráticos, cuyas respectivas transiciones pertenecen a otro tiempo y a otro análisis. (Rouquié, 2011).
A partir de la tercera ola de los ´90, en el desfavorable contexto mundial de hegemonía neoliberal todos los países latinoamericanos fueron considerados democráticos, excepto Cuba, cuyo sistema político es afín a su trayectoria revolucionaria.
En general, la transición de dictadura a democracia recorre tres trayectos (Rivas, 2013). El primero, cuando la dictadura traspasa el gobierno a autoridades electas, cuya legitimidad emana de un marco jurídico ilegítimo. Las corporaciones, incluyendo la infaltable institución armada, condicionan la entrega del poder político al establecer las reglas para la convocatoria electoral. El siguiente, cuando ese gobierno entrega el mando a otro, también electo democráticamente pero que, a diferencia del anterior, surge mediante normas y leyes de instituciones democráticas y por lo tanto legítimas, aunque continúa sometido a presiones de los factores de poder que sustentaron la dictadura. El tercero, cuando se han reducido los condicionamientos de los factores de poder residuales de las dictaduras; aunque las amenazas antidemocráticas no desaparecen, se enmascaran en actos desestabilizadores más que en acciones golpistas tradicionales.
Casos de transiciones más condicionadas son Paraguay y Chile. En Paraguay, luego que Adolfo Stroessner fuera derrocado en 1989, ello se expresa en la inestabilidad política y en el perdurable predominio del Partido Colorado, interrumpido en 2008 cuando triunfó Fernando Lugo, destituido en 2012 por el Parlamento.
En abril de 2013 el Partido Colorado ganó las elecciones con Horacio Cartes, preservando la legalidad institucional con el mismo partido político de la dictadura. El intento de designar al nieto del dictador, Alfredo Goli Stroessner representante ante la Naciones Unidas es una muestra simbólica de la presencia residual de la dictadura.
En Chile, también en 1989, Augusto Pinochet condicionó la transición legando una nueva Constitución, conservando el mando militar y asumiendo como Senador Vitalicio. Entregó el mando a la Concertación de Partidos por la Democracia que gobernó entre 1990 y 2010 pero que no venció definitivamente al poder pinochetista, sustentado en la lealtad castrense, en las corporaciones económicas y en los legatarios de la dictadura agrupados electoralmente en la Coalición por el Cambio, que en 2010 venció a la Concertación y dio el triunfo a Sebastián Piñera.
El futuro de la democracia chilena tiene dos alternativas en el corto plazo. Una, continuar en este sendero de mediatizada transición sin rupturas significativas con la herencia dictatorial, tal como en parte lo hicieron los gobiernos de la Concertación y en mayor medida el de Piñera. Otra, profundizar la consolidación democrática conjuntamente con cambios estructurales postergados, tal como parece arriesgar la candidata opositora y ex Presidente Michelle Bachelet. Ambos proyectos se dirimen en las elecciones presidenciales del 17 de noviembre de 2013.
Los condicionamientos fueron de menor grado en Brasil, Argentina, y Uruguay, pero igualmente fueron considerables y subsisten en cierta medida. Inicialmente, en estos países las transiciones se llevaron a cabo con partidos políticos que no pudieron o no quisieron una ruptura más radical con los rezagos de las respectivas dictaduras. Las victorias electorales alcanzadas, en cada caso, por el Partido de los Trabajadores en 2002, el Frente para la Victoria en 2003 y el Frente Amplio en 2004 abrieron nuevas perspectivas de profundización democrática, en afinidad con otros gobiernos afines como Ecuador y Bolivia a partir de 2006, cuando asumieron Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente. Estos países disponen de gobiernos que impulsan medidas de mayor confrontación con los poderes fácticos y en consecuencia con sus variadas intermediaciones, por lo que se avizoran dos consecuencias posibles. Una, un debilitamiento producto de esa contienda que vivifique el predominio de la derecha política en sintonía con los factores económicos. Otra, que el proceso de consolidación democrática se profundice, en afinidad con transformaciones de contenido popular. Esta variante contrahegemónica constituye un desafío viable, tal como lo demostró el proceso venezolano, donde se inició un proyecto de cambio al asumir Hugo Chávez en 1999. Este proyecto impulsó un peculiar socialismo en el marco de la llamada democracia participativa y protagónica que, pese a la muerte de su mentor en marzo de 2013, parece continuar de la mano de su sucesor Nicolás Maduro.
Las ocho emblemáticas dictaduras de América del Sur, al igual que en América Central y en el Caribe, tuvieron en común el terrorismo de Estado, que cometió crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Si la imprescriptibilidad puede ser sancionada sorteando grandes dificultades, su aplicación debió eludir aún mayores obstáculos, tal como ha sucedido en Argentina, Brasil y Uruguay, donde sus gobiernos más recientes han implementado políticas de derechos humanos y de condena al terrorismo de Estado, para terminar con la impunidad y avanzar hacia la consolidación democrática.
Las autoamnistías heredadas de dictaduras, como en Brasil, Chile, Uruguay, establecieron una impunidad que fue combatida por diversos organismos de derechos humanos, a veces con apoyo oficial y otras pese a los gobiernos, particularmente durante la primera etapa de transición democrática. El caso argentino escapó en parte a ese condicionamiento porque la Ley de Autoamnistía, promulgada sobre finales de la dictadura, fue anulada en el Congreso por iniciativa del Presidente Raúl Alfonsín.
Un avance contra la impunidad fue la conformación de Comisiones por la Verdad que en varios países latinoamericanos investigaron los casos de violaciones a los derechos humanos durante la represión ilegal. El paso siguiente fue la realización de los llamados Juicios por la Verdad, procedimiento iniciado en Argentina en 1998 que, pese a no tener efectos penales, facilitó que luego se llevaran a cabo juicios por crímenes de lesa humanidad, particularmente a partir de 2007. La lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por la recuperación de hijos de desaparecidos apropiados ha permitido, por un lado, recobrar identidades usurpadas y, por el otro, juzgar a los apropiadores.
En otros países se avanza más lentamente. Es el caso de Brasil, donde se realizan los Juicios por la Verdad desde 2012 sin lograr juzgar penalmente a los represores, índice de que no se ha logrado consolidar totalmente la democracia, al punto que recién el 31 de marzo de 2011 Dilma Rousseff pudo prohibir la conmemoración militar del aniversario del Golpe de 1964. Su significación simbólica fue, para esa realidad, lo que para Argentina fue la orden dada en 2004 por Néstor Kirchner al Jefe del Ejército General Roberto Bendini de descolgar los cuadros de Rafael Videla y Reynaldo Bignone exhibidos en el Colegio Militar.
En las condiciones existentes en 2013 no parece inminente un alud antidemocrático que destituya gobiernos con el trámite del Golpe de Estado. Sí se han producido destituciones de Presidentes mediante recursos institucionales: en Brasil, Fernando Collor de Mello (1992); Venezuela, Carlos Andrés Pérez (1993); Perú, Alberto Fujimori (2000). También renuncias, como las de Fernando de la Rúa en Argentina (2001) y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia (2003), así como su sucesor, el vicepresidente Carlos Mesa, que tampoco completó el período restante y fue sucedido en 2006 por Evo Morales.
Dos destituciones fueron más cuestionables: en Honduras, cuando en 2009 la Suprema Corte de Justicia ordenó a los militares deponer a Manuel Zelaya y la que aprobó el Congreso paraguayo en 2012 contra Fernando Lugo. En ambos casos, la comunidad latinoamericana los catalogó como Golpes Institucionales y a los gobiernos electos posteriormente, como soluciones constitucionales.
El único intento de destitución por Golpe de Estado fue el que estalló en Venezuela el 11 de abril de 2002 contra Hugo Chávez, intento frustrado en dos días cuando fue restituido en el mando.
Por el momento, no se vislumbra una contraola autoritaria, aunque no falten intentos. La democracia tiende a fortalecerse en esta etapa en que varios gobiernos implementan políticas antineoliberales y estrechan relaciones interamericanas en organizaciones que incluyen la defensa de las instituciones democráticas, como lo hacen Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela. Algunos posicionamientos de derecha y paradójicamente también de izquierda suelen jaquear con mayor o menor virulencia a estos gobiernos, y son los medios de difusión masiva los que, en su mayoría, llevan a cabo esta misión, con consignas sorprendentemente homogéneas en los distintos países de la región y con carácter destituyente, según un neologismo bastante difundido.
Bibliografía
Camou, Antonio. (2007) “Se hace camino al transitar. Notas en torno a la elaboración de un discurso académico sobre las transiciones democráticas en Argentina y América Latina”. en Camou, A.; Tortti, C. y Viguera, A. La Argentina Democrática: Los años y los libros. Bs. As.: Prometeo.
Huntington, Samuel P. (1994). La Tercera ola. La democratización a finales del siglo XX. Barcelona: Paidós.
Rivas, Ricardo A. (2013) Capítulos 7, 8, 9, 11, 12 y 13, en Blas de, Patricio (Dir.) Iberoamérica 1812-2012. Madrid: EDAF.
Rouquié,
Alain (2011) A la sombra de las dictaduras. La democracia en
América Latina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
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