(FaHCE / UNLP – CONICET - UNGS, Argentina)
En este artículo presentaremos parte de los debates que se dieron alrededor de las dos leyes nacionales aprobadas en los últimos treinta años: la Ley Federal de Educación (1993) y la Ley de Educación (2006). Nuestro argumento principal es que hubo una importante continuidad de ideas y funcionarios ligados a la Iglesia Católica que venían del período anterior (1955-1983) y que lograron sus objetivos de derogar la Ley de Educación vigente (N° 1420 de 1884) recién en la etapa democrática. En el pasado habían presentado anteproyectos en las dos últimas dictaduras (1968 y 1979), que por diversos motivos no prosperaron (Rodríguez, 2011). Sobre la base del análisis del periódico Consudec, que pertenecía al Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) dependiente de la Iglesia Católica, observaremos que este poder de influencia alcanzado durante buena parte del siglo XX fue disminuyendo notablemente al comenzar el nuevo siglo.
A mediados de 1983, en el editorial del periódico, el padre Walsh afirmaba con preocupación: “sabemos que algunos partidos políticos –unos como parte de su plataforma electoral, otros, a través de propuestas de sus comisiones propias de temas educacionales, han optado por el laicismo escolar” (Consudec, N° 482, 1983). En esos días se entrevistaron con el candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien “desmintió en forma rotunda ciertas versiones que pretendían ubicarlo en una posición contraria a la enseñanza privada, sobre todo en lo concerniente al mantenimiento del aporte estatal y en lo referente al gobierno del sector” (Consudec, N° 484, 1983). Cuando asumió la presidencia a fines de 1983, Alfonsín nombró como Ministro de Cultura y Educación a Carlos Alconada Aramburú, ex funcionario de Illia (1963-66). En un reportaje a la revista católica Esquiú, el mandatario explicó que se había educado en colegios privados y era un defensor de la enseñanza privada –que en esos años era mayoritariamente católica-, a la que le reconocía un “alto valor”. Creía que la educación pública y la privada debían complementarse y aseguraba que no se disminuirían los subsidios al sector.
En diciembre de 1984 se dio a conocer la sanción de la Ley 23.114, que convocaba a la organización de un Congreso Pedagógico Nacional. A partir de ese momento, desde el periódico se dedicaron a asegurar la participación activa de todos sus docentes, ya que el Congreso era de “vital importancia por su proyección hacia una futura Ley de Educación”. La publicación inauguró una sección fija dedicada exclusivamente al Congreso. Después de sesionar por cuatro años, el mismo finalizó en 1988 y los católicos publicaron los documentos y conclusiones –por unanimidad y en disenso- de cada una de las comisiones que sesionaron en la Asamblea Nacional realizada del 28 de febrero al 6 de marzo en Córdoba. Según recordaba el padre Múgica, en la Asamblea habían sido 300 delegados de todo el país, de los cuales “detectamos y contabilizamos un 33 % de delegados católicos independientes, 27 % de delegados identificados como justicialistas, en general más próximos a nuestra propuesta, 22 % identificado con el radicalismo, más distantes en algunos temas concretos y un 8 % identificado con partidos de izquierda, casi siempre en oposición” (Consudec, N° 924, 2000; Fabris, 2011). En efecto, uno de los más importantes distritos, la Capital Federal, había llevado una abrumadora mayoría de católicos (19 sobre 22), que habían sido altos funcionarios en los años previos: Alfredo M. Van Gelderen (primer director nacional del Servicio Nacional de Enseñanza Privada o SNEP y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación durante el “onganiato”); Marcos P. Ronchino (representante del Opus Dei y ex director nacional del SNEP en 1964) y Juan R. Llerena Amadeo (subsecretario de Educación del “onganiato” y Ministro de Educación del “Proceso”).
De acuerdo con Múgica: “quedaron claramente expresadas a través de las conclusiones las siguientes propuestas aprobadas por unanimidad: el reconocimiento y afianzamiento de nuestra identidad histórica nacional de raíz cristiana”, una “visión integral de la persona humana desde el momento mismo de la concepción”, la escolaridad obligatoria “de 10 a 11 años como mínimo” y el reconocimiento de las sociedades intermedias para crear y promover servicios educativos. En suma, “ésta podría considerarse como una de las convocatorias más significativas de la Iglesia en los últimos tiempos” y el “momento más significativo del siglo para la educación” (Consudec, N° 829, 1998).
En julio de 1989 asumió el presidente Carlos Menem (1989-1999) y su ministro fue Antonio Salonia (subsecretario de Educación de Frondizi y funcionario del “onganiato”). En 1992 dio a conocer la mencionada Ley 24.049 de “Transferencia del sistema educativo nacional de la educación primaria, secundaria y terciaria a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires”. Según Múgica, los del CONSUDEC y la COORDIEP (Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada) asesoraron a la senadora del Partido Justicialista por Tucumán, Olijela del Valle Rivas, en la redacción del artículo 23 de la ley, en el que quedó explicitado que se mantenía el régimen de aportes a la enseñanza privada en concordancia con el fijado en el orden nacional. El hecho de la transferencia la benefició, en el sentido de que permitió la rápida creación de los Consejos de Educación Católica (CEC) en las provincias donde no existían y contribuyó a la creación de las Direcciones de Enseñanza Privada en las jurisdicciones que no las tenían.
El 14 de abril de 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación (24195), a la que el periódico le dedicó varios números. En el mismo relataban que en 1991 la misma senadora Olijela le había solicitado a Múgica, en representación del CONSUDEC, que elaborara un primer borrador de la ley, en el que trabajó junto con Ronchino, Van Gelderen y el otro ex ministro de la última dictadura, Cayetano Licciardo (1981-83). Licciardo era desde 1986 el rector de la Universidad Católica de La Plata. El padre Múgica dijo que la norma representaba “El fin de cien años de laicismo confeso”. Por su parte, los consultados por el periódico explicaban que la ley seguía los lineamientos planteados en el Congreso Pedagógico Nacional.
Como bien señalan otros investigadores, uno de los temas más controvertidos y en los que la Iglesia tuvo mayor participación, fue el proceso de aprobación de los Contenidos Básicos Comunes o CBC (Nosiglia y Zaba, 2003). Antes de que se conocieran los nuevos contenidos, los católicos advertían que había que seguir “con particular atención aquella pedagogía que intenta imponerse desde los organismos oficiales (...) Ideas tales como la psicogénesis de Emilia Ferreyro (...) o el sostener que la educación sistemática debe comenzar a los cuarenta y cinco días de vida, o el inculcar a los jóvenes la idea de que el método más eficaz para preservarse del SIDA es el uso de preservativos deberán ser fustigadas desde Consudec, directa o indirectamente, serán presentadas por nuestro periódico con espíritu crítico” (Consudec, N° 707, 1993).
Los CBC se aprobaron a fines de 1994 y varios obispos salieron a cuestionarlos, tildando a la reforma como inspirada en “ideas bolcheviques” y “con orientación marxista” (cit. Nosiglia y Zaba, 2003:77). La crítica más virulenta partió de dos informes elaborados por el rector Licciardo. El ministro Jorge Rodríguez cedió a las presiones e inició una mesa de negociaciones con el cardenal primado Antonio Quarracino, monseñor Héctor Aguer y Marcos Ronchino. Finalmente, en 1995 se dieron a conocer las modificaciones que se habían realizado entre el Ministro de Educación y el presidente del CONSUDEC. Los cambios fueron numerosos y sustantivos; por ejemplo, se incorporó la “dimensión espiritual”; se sustituyó la palabra “género” por “sexo”; se atenuó la concepción evolucionista en ciencias naturales; en el área de ciencias sociales se modificó la consideración de la familia y la Iglesia como “construcción social”; en el área de formación ética y ciudadana se modificaron varias expresiones y se suprimió la referencia a que los alumnos podían encontrar en la escuela la respuesta a algunos interrogantes vinculados con su desarrollo (Nosiglia y Zaba, 2003:79-80). Esta situación provocó protestas públicas y una serie de renuncias de parte de los integrantes de los equipos que habían redactado los CBC originales.
En síntesis, ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica argentina estaban a favor de hacer más católica la escuela, antes que presionar para que se incluyese “religión” como materia a nivel nacional, cuestión que había sido ampliamente debatida entre los católicos, tanto en los tiempos del peronismo como posteriormente (Caimari, 1995; Zanca, 2006). Cabe señalar que para esa época algunas provincias la tenían como asignatura obligatoria.
Desde su sanción, la Ley Federal suscitó protestas de los estudiantes universitarios y los gremios docentes, que pedían su anulación. El padre Bianchi Di Cárcano se preguntaba cuáles eran las razones: “¿Será porque por primera vez se habla en la Argentina de la ‘dimensión religiosa’ de la educación (art. 6) ¿Será porque por primera vez se establece la responsabilidad de la familia como agente natural y primario de la educación? (art. 4) ¿Será porque reconoce a la enseñanza de gestión privada como integrante del sistema educativo (arts. 7 y 36-38) y se habla del “aporte estatal” no como mera dádiva del gobierno, sino basado en “criterios objetivos de acuerdo al principio de justicia distributiva en el marco de la justicia social” (art. 37)? Concluía que “sería triste que los defectos de la ley no dejaran ver que constituye un colosal adelanto” (Consudec, N° 851/852, 1999).
Los editoriales continuaron en ese tono y en mayo del 2006 el presidente Néstor Kirchner y su ministro Daniel Filmus presentaron formalmente un documento para el debate de la ley nacional de educación y convocaron al conjunto de la ciudadanía a opinar sobre el “futuro de la educación argentina” (Nosiglia, 2007). Los católicos, ante los hechos consumados, llamaban a participar de la convocatoria. Sobre el documento, criticaban que no se hiciera mención “de manera explícita a la educación de gestión privada, en particular la católica, que está presente en nuestro país desde 1566”. Al final de año, la Ley fue aprobada por el Parlamento (26.206/2006).
En febrero de 2007, la Comisión Episcopal de Educación Católica de la Conferencia Episcopal Argentina, cuyo presidente era el cardenal Jorge Bergoglio, dio a conocer una declaración llamada “La Iglesia y la nueva Ley de Educación Nacional” que fue transcripta completa en el Consudec. En el apartado “Valoración de la nueva Ley”, criticaban varias cuestiones. Entre ellas, que la dimensión religiosa no se enunciaba expresamente, como sí lo hacían las leyes anteriores. Consideraban que el aporte estatal a las “escuelas de gestión privada” debía aumentarse para asegurar el “principio de igualdad de oportunidades” y les preocupaba la “excesiva centralización del sistema educativo, particularmente en lo relacionado con la formación docente”. En otro punto lamentaban “profundamente” la “sorpresiva” inclusión como contenido curricular obligatorio (art. 92 de la Ley de Educación Nacional) de la Ley 26.171, que ratificaba el “Protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer” (CEDAW)” que insistía en la “instrumentación de programas de planificación familiar que podrían facilitar prácticas como la anticoncepción, la esterilización y el aborto”. Sostenían que había que defender los valores de la “mayoría de los argentinos”: la vida humana desde la concepción; la familia fundada en el matrimonio, entendido como unión estable del varón y la mujer; la maternidad, que expresaba “una vocación propia e insustituible de la mujer en la sociedad”. A ello se le sumaba la inclusión en los contenidos curriculares de la no discriminación por género (“ideología del género”), que era, según los obispos, un “principio opuesto a la realidad de la naturaleza humana, ya que el hombre desde su concepción biológica es sexuado, varón o mujer; y por ende esta inclusión posibilita una distorsión en la educación sexual”. Esto los preocupaba porque no querían que sus hijos fuesen educados en temas “contrarios a los principios de la ley natural”.
Además, unos años después el cardenal Jorge Bergoglio y el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, organizaron un acto que se realizó frente al Congreso con la presencia de cientos de padres, alumnos y docentes de los colegios del CONSUDEC. Fueron convocados para oponerse a la aprobación de la ley de matrimonio entre parejas del mismo sexo, que resultó sancionada pese a las presiones de la Iglesia. Sin dudas, esta última norma constituyó otra de las “derrotas” de principios del nuevo siglo (compensada en buena medida por el reciente nombramiento de Bergoglio como Papa).
En síntesis, lo novedoso de esta etapa fue que las máximas autoridades de la jerarquía católica intentaron presionar a las autoridades educativas como lo habían hecho en los años 1990 para que rectificaran el rumbo y no obtuvieron ninguna respuesta, en un clima social y político que había cambiado por diferentes razones.
Caimari, Lila (1995) Perón y la Iglesia católica. Religión, estado y sociedad en la Argentina. Buenos Aires: Ariel.
Fabris, Mariano (2011) Iglesia y democracia. Avatares de la jerarquía católica en la Argentina post autoritaria (1983-1989). Rosario: Prohistoria.
Nosiglia, María Catalina (2007) El proceso de sanción y el contenido de la Ley de Educación Nacional N° 26206: continuidades y rupturas. En Praxis, N° 11, UNLPam, pp. 113-138.
Nosiglia, María Catalina y Zaba, Stella Maris (2003) El papel de la Iglesia Católica en la formulación e implementación de las políticas educativas argentinas en los ‘90. En Historia de la Educación. Anuario. N° 4, pp. 61-94.
Rodríguez, Laura Graciela (2011) Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura (1976-1983). Rosario: Prohistoria.
Zanca, José A. (2006) Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad. 1955-1966. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica/San Andrés.
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