A tres décadas de la recuperación democrática en la Argentina y de la cristalización de otros procesos de transición a la democracia en América Latina, este número especial de la Revista Cuestiones de Sociología está orientado a reflexionar críticamente sobre diferentes debates y conflictos acaecidos a lo largo de estos treinta años en nuestro país. En tal sentido, formulamos las siguientes preguntas a un conjunto de sociólogos destacados de nuestros medio.
Todo juicio sobre la transición está irremediablemente situado: las percepciones y los análisis dependen tanto de las experiencias como de las distintas posiciones posibles. En mi caso particular, viví la transición como joven militante político y universitario, no como analista o teórico; y cuando vuelvo sobre ella, estos treinta años no pueden separarse –no, al menos, de un modo sencillo– de una biografía de la transición como experiencia político-cultural, antes que como objeto de análisis. Por eso: en esos años pensábamos que el desafío era, simultáneamente, la reparación y la justicia, la reparación de la injusticia social, económica y cultural –y todavía no sabíamos hasta qué punto la dictadura había sido eficaz en la destrucción de la Argentina– y la justicia por la masacre. Pero también puedo entender, hoy, que otros vivieran y entendieran, como desafío central, la propia existencia del mecanismo formal democrático. Creo que esa decisión ordenó el alfonsinismo y consecuentemente sus defecciones: en torno a la justicia, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y todo lo demás –la claudicación económica en el tratamiento de la deuda, el conservadurismo social, la pésima política comunicacional. Pero, además, toda amenaza contra la democracia como mecanismo electoral estaba saldada luego del fracaso de la intentona carapintada: a partir de ese momento, la mera conservación del sistema debió haber dejado paso a la democratización como concepto radical. No lo podía hacer el alfonsinismo, porque nunca se lo planteó como algo más que cosmética; el problema fue que, salvo la izquierda marxista, nadie más se lo propuso, porque no estaba en su programa ni en sus intenciones. El resultado es que el desafío que la amenaza militar planteaba estaba saldado en menos de diez años; pero los otros desafíos, aquellos que la democracia debía reconocer como deuda y como injusticia radical, permanecieron no sólo inalterados, sino que no hicieron más que agravarse. (No sé si las cifras macroeconómicas lo confirmarían: creo que hoy estamos mejor que en el 2002, tarea relativamente sencilla; pero estamos peor que en 1976 en términos de salud, educación, distribución de la renta, pobreza, producción cultural). En torno de eso no hay un desafío: hay un rotundo fracaso, del que las clases dirigentes son claros responsables, y los actores políticos (todos, con matices y diferencias, pero todos) cómplices minuciosos.
La pregunta nos exige diferenciar entre lo que imaginamos o suponemos como papeles, y los roles efectivamente cumplidos. Dicho rápidamente: si los partidos políticos tenían papeles centrales en la re-invención de una cultura democrática después de varias décadas de vaciamiento –vaciamiento debido no solo a la última dictadura–, debemos reconocer que no solo no han cumplido con ninguno de esos deberes, sino que se han transformado en rejuntes aleatorios, sin identidad programática o ideológica, de actores dispuestos a dilapidar oportunidades sociales o a capitalizar oportunidades individuales. (Esa descripción no alcanza a la izquierda marxista, aunque si le caben otras también negativas: por ejemplo, la persistencia en el sectarismo y la pelea chiquita para ver quién acumula más delegados de base, o la persistente incomprensión del peronismo, o la incapacidad táctica frente a ciertos conflictos, como los universitarios). Frente a este panorama, el rol de los movimientos sociales debió haber sido otro: el de radicalizar la experiencia democrática y el de canalizar y articular reclamos más potentes. Algo de eso hicieron los movimientos ambientalistas; mucho de todo esto, pero con muchos problemas en la década kirchnerista, los movimientos de derechos humanos (a los que, a pesar de estos años, jamás podré separar de su rol como fundadores decisivos de nuestra nueva democracia). En general, los movimientos sociales tendieron a encarnar, más o menos eficazmente, los reclamos sectoriales, pero nunca a reconocerse y consecuentemente a presentarse como alternativas de la sociedad civil para proponer un nuevo contrato frente a la traición de los partidos. En todos estos años, sospecho que el momento más alto fue la confluencia de piquetes y cacerolas en la crisis del 2001-2002, el surgimiento del movimiento asambleario y la posibilidad de una Constituyente. Eso pudo haber sido un momento clave, fracasado por diversas circunstancias que no debiéramos dejar de pensar obsesivamente, para aprender de ellas. Por ejemplo: que la habilidad del peronismo para volver a investirse en un nuevo disfraz democrático y emancipatorio era superior a cualquier ilusión crítica; que las clases dirigentes no se suicidan; que el poder no se regala. De ese proceso debiéramos aprender que la construcción de cualquier nueva posibilidad radicalmente democrática, que signifique una redistribución real del poder, la renta y la cultura, no puede venir de partidos políticos entrenados duramente en el conservatismo. Descripción que, no es inútil recordarlo, incluye a todos los peronismos habidos y por haber; y también a sus “oposiciones” de “centroizquierda”.
La ventaja de pensar sociológicamente es que nos permite evitar el chantaje homogeneizador, hoy hegemónico, de la presunta existencia de la gente. Eso significa que el o los malestares ciudadanos que podamos analizar deben desvincularse de lo que las portadas de los diarios señalan como reclamos (o de lo que las portadas de otros diarios remarcan como aquiescencias). O, por supuesto, de encuestas que no pueden salir del latiguillo de la inseguridad o de la inflación. La inseguridad es un reclamo, visible, pero basado en desinformación y oscurantismo mediático en la misma medida que en paranoias y racismos o en incompetencias políticas –los vaivenes gubernamentales no son precisamente de mucha ayuda. Creo que el mayor reclamo ciudadano, aunque no sea el más visible ni el más ruidoso, y mucho menos el más encuestado, gira en torno de lo educativo: de la reconstrucción de una trama, con mucho de mítico pero con bastante de real, donde la educación pública brindaba una igualdad de oportunidades más cercana a lo democrático, aunque estuviera plagada de autoritarismos y anacronismos. La vieja máquina cultural, para volver a la metáfora de Sarlo.
De todos modos, nuestra función como intelectuales no debe ser reconocer reclamos y plegarse a ellos, aun siendo legítimos: debe ser pensar agendas, aunque no sean reconocidas como urgentes ni tengan impacto popular. En esa dirección, creo que la prioridad debería ser volver al ’83, como momento de expectativa frente a las posibilidades de la democracia y de lo democrático; y en ese movimiento, reconocer las deudas y los fracasos. La democracia argentina ha demostrado que con ella no se come, ni se cura ni se educa; y tampoco se habla, se publica, se crea, se discute. O mejor dicho: se hace todo, pero mal, de modos injustos y discriminadores, apostando a la hinchazón antes que a la gordura, al barullo antes que a la conversación; incluso, al mero reclamo antes que a la revuelta, si la revuelta significa un esplendor democrático donde los débiles proponen una simetría, aunque sea efímera. Y esto implica una responsabilidad mayor por parte de quienes disfrutamos cotidianamente los bienes democráticos –porque tenemos trabajos y salarios, vivimos sin censuras, votamos y somos votados, accedemos a ofertas culturales desmesuradas, nos jactamos de la circulación de nuestras voces– frente a lo que es, simultáneamente, un repertorio de privaciones y carencias, y un despliegue de minusvaloraciones, discriminaciones y racismos. El mundo popular hoy es esa mezcla: privación de bienes democráticos y a la vez desprecio por sus prácticas, las buenas, las malas y las otras. Y sin reintroducir el mundo popular al reino de lo visible y lo posible –por fuera de plebeyismos falaces–, toda pretensión democrática estará fatalmente incompleta.