DEBATE
Carlos Pérez Rasetti
Universidad Nacional
de la Patagonia Austral (UNPA)
Maestría en
Educación Superior - Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)
Argentina
prasetti@ciudad.com.ar
La propuesta de reformular la universidad desde la función de extensión universitaria resulta original y en sí misma revulsiva, aún antes de considerar la secuencia argumentativa que lleva a Renato Dagnino a una propuesta tan imprevisible, al menos desde los estándares académicos. La extensión universitaria ha sido siempre la pariente pobre entre las funciones de la universidad y cuando no fue pobre, era pasible de los cuestionamientos que el propio Dagnino repasa: estar orientada por el lucro y no por la función social propia de la universidad pública, estatal. A ellas voy a circunscribir mi aporte siguiendo la delimitación temática del artículo que lo motiva.
Decía que la extensión universitaria ha sido pobre y lo ha sido, estrictamente, en el financiamiento ya que no lo ha tenido de manera expresa y diferenciada en las partidas del presupuesto nacional destinadas al sostenimiento de las universidades nacionales argentinas1. Tampoco en los presupuestos de las universidades ha sido históricamente un rubro importante. Una buena parte de las actividades encuadradas en extensión universitaria debieron habitualmente autofinanciarse (es decir, generar los recursos para sostenerse) cuando no se propusieron directamente para y por la rentabilidad. Recién en los últimos años varios programas de la Secretaría de Políticas Universitarias financian de manera sistemática actividades solidarias o acciones de extensión2. También ha crecido en las propias universidades la consideración que se le ha asignado a la extensión universitaria, de manera explícita o no, al diseñar las políticas de formación, incluyendo espacios de trabajo solidario como requisito en algunos planes de estudio.
La extensión ha sido, también, pobre en consideración. A pesar de ser generalmente mencionada como una de las tres funciones sustantivas de la universidad, lo cierto es que en el discurso académico resultó por lo común estar adjetivando alguna de las otras dos; es decir, siendo un gesto hacia afuera desde la docencia o desde la investigación. Sólo estas dos últimas estuvieron siempre incluidas en los reglamentos de carrera académica y de concursos y lograron especificidad profesional con escalafones propios que, aun cuando fueran externos a la universidad como el del CONICET argentino, tienen fuerte impacto en ella a la hora de establecer criterios de valoración de las actividades realizadas. Valoraciones que de manera determinante impactan en el prestigio, en el poder y también en las remuneraciones. Recién en los últimos años se ha establecido en el sistema universitario nacional de la Argentina una política para el reconocimiento de la experiencia y las aptitudes de las actividades de Extensión y Vinculación. En 2008, el Consejo Interuniversitario Nacional crea la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI) y se aprueba la creación de un Banco de Evaluadores específico a partir de 2009, lo que implicó adoptar modos y criterios de evaluación de docentes extensionistas. Desde 2011, a instancias de la REXUNI, las universidades fueron creando sus propios Bancos de Evaluadores para esta función.
La extensión fue siempre, también, pobre en significado. Eso lo señala de manera contundente Dagnino cuando dice que, después de hacer lo que la academia nos manda y permite en investigación y docencia, “marginalmente y en el tiempo que nos sobra, ‘extendemos’ su resultado a la sociedad para retribuir lo que ella gasta en mantener a la universidad”. Y esto fue así y sigue siendo así a pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo por recalificar las llamadas actividades de extensión y vinculación, porque no ha cambiado lo otro, ese modo exasperante que ha asumido la autonomía de la universidad, su docencia y la investigación. Una autonomía que se cuida del Estado y de los gobiernos, a pesar de su condición democrática, y dice deberse a la sociedad pero con la excusa de que no la encuentra para preguntarle nada; sigue gobernándose según los intereses de sus integrantes, muchas veces permeados por objetivos ajenos, como explica Dagnino acabadamente. En la Argentina, se ha llegado al extremo de declarar implícitamente la infalibilidad de la autonomía. Las resistencias de la llamada ‘comunidad universitaria’ a la implementación de la evaluación externa de las universidades por parte del gobierno neoliberal de los noventa implicó una negociación que concluyó en que el criterio de calidad a aplicar terminó siendo el proyecto institucional que cada universidad, en uso de su autonomía, se haya dado. Ahora, ¿de dónde surge que ese proyecto siempre tendrá que ser bueno, de calidad, relevante, orientado a la función social que esa universidad concreta debe cumplir en su espacio geográfico y social, histórico? ¿Dónde está la sociedad, el pueblo en este esquema?
Y esta es la cuestión que trae aquí, a este debate, Dagnino. La cuestión del gobierno de la universidad, porque su propuesta de cambiar la agenda por la vía de la extensión implica que serían los interlocutores externos los que tomarían las decisiones académicas, los que convalidarían prioridades y proporcionarían los criterios para evaluar la calidad del conocimiento, estableciendo, o no, su relevancia. Los interlocutores que Dagnino postula son los movimientos sociales y, especialmente, los relacionados con la economía social. Resulta para mí claramente justificado afirmar que esos movimientos y que la economía social requerirán para su desarrollo, conocimiento intensivo; y la que él llama Tecnología Social sólo podría ser producida por la universidad pública, si sus prioridades y mandatos cambian. Dagnino asume también la necesidad de que la universidad se politice o, al menos, porque politizada estuvo siempre, que lo asuma y que explicite su compromiso político con las necesidades sociales, que en su propuesta adquieren personería, se muestran como sujetos de lo académico en tanto demandantes y orientadores de la agenda universitaria.
Al respecto, aún tengo tres comentarios para hacer. Dagnino apela a la conciencia ética de los miembros de comunidad académica que fijan los criterios de calidad y establecen las prioridades en el marco de la autonomía. Les/nos enrostra la disfuncionalidad de la universidad respecto de las necesidades de nuestros países. Identifica a los actores sociales a los que debe darse la autoridad sobre la agenda. Pero se resigna a la autonomía tanto de la universidad como de la ciencia y espera que la discusión que él propone “sea realizada en los consejos, reuniones de departamento, laboratorios y aulas de nuestra universidad”. Termina diciendo: “no me parece que haya otra salida”. Me permito ser escéptico respecto de este camino para que la universidad cambie. Según datos de la UNESCO correspondientes a 2007, la tasa de graduación de los seis países más grandes de Latinoamérica3 se encuentra en una franja que va del 11 al 19%. Este nivel escandaloso de fracaso de la universidad no ha logrado conmover de manera eficaz a los gobiernos universitarios, aunque los interpela cada año e involucra la actividad universitaria más extendidamente identificada por la sociedad, la que, incluso de una manera acrítica, la sociedad más valora, que es la formación de profesionales.
Mi segundo comentario es breve y arriesgado porque me aventuro fuera de los límites temáticos que frecuento, pero la verdad es que creo que hay también otros actores sociales y económicos que no incluye Dagnino, y que pueden contribuir al desarrollo de nuestros países y que representan necesidades legítimas. Por supuesto el sector público, que luego mencionaré. Pero también actores sociales y económicos que requieren conocimiento y formación, y que pueden contribuir al crecimiento de la economía y al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos. Por supuesto que tendrá que estar el Estado interviniendo convenientemente para que esa apropiación de conocimiento público no redunde en inequidades o en ampliación de la brecha distributiva.
El tercer comentario apunta a destacar una ausencia en la propuesta examinada, que es la de las políticas públicas de nuestros gobiernos democráticos y populares. Creo que ya no se lo puede pedir más a la autonomía; todo lo que podía dar lo dio en los que se hayan cumplido de los objetivos de la Reforma del 18. Lo que ahora se requiere es atravesar la universidad por un afuera distinto y hacerlo explícitamente. Volcar sí, como dice Dagnino, los parámetros de alta calidad a una relevancia anclada en nuestras sociedades, reemplazar el “conocimiento de punta” por conocimiento conveniente, aceptar que es imprescindible negociar la agenda universitaria con las necesidades sociales. Pero también entiendo que la sociedad, en plena vigencia de la democracia, tiene, entre otros actores, uno privilegiado, que es el Estado. El Estado puede, con sus instrumentos de planificación (normas, financiamiento, ámbitos de concertación y negociación de agenda) cambiar las reglas de juego, dar entidad a los actores sociales frente a la universidad y contribuir a hacer posible esta utopía – dicha sea esta palabra en el más respetuoso de sus sentidos – que el artículo nos propone.
1 Quizás pueda considerarse parcialmente orientado a extensión universitaria el rubro “salud”, que en el presupuesto que aprueba el Congreso Nacional contabiliza los recursos destinados a sostener los hospitales universitarios. Si bien su función expresa es formativa y, en algunos casos, también de investigación, los servicios que prestan a la sociedad en la que están insertos se comprenderían dentro de esta tercera función de la universidad.
2 En la convocatoria N° 22 para proyectos de Extensión y Vinculación, realizada en 2014, fueron financiados 287 proyectos por un total de 12 millones de pesos. Los proyectos que llegaron a alcanzar las condiciones de ser evaluados fueron unos 850 (Fuente SPU-ME).
3 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.
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