ARTICULO/ARTICLE
Amanda Carolina Barrenengoa
Centro de Investigaciones
Socio-históricas del Instituto de Investigaciones en
Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata -
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(UNLP- CONICET) - Argentina
abarrenengoa@gmail.com
Cita sugerida: Barrenengoa, A. (2015). El proceso de integración latinoamericana: claves, conflictos y perspectivas de análisis. Cuestiones de Sociología, (13). Recuperado de: http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn13a06
Resumen
Los procesos de integración
latinoamericana vienen siendo estudiados desde hace tiempo, y su
abordaje plantea múltiples dimensiones para la investigación
social. En el presente trabajo se indagan algunas de las
características de la territorialidad en la región
suramericana para preguntarse por algunos de los procesos de
integración que atañen a Suramérica,
particularmente respecto del bloque UNASUR, poniendo especial énfasis
en las transformaciones que han operado en las últimas
décadas. El enfoque territorial será la lupa a través
de la cual se intentará tener un primer acercamiento al
fenómeno atravesado por dinámicas de poder más
amplias y más complejas. Se comienza con una reflexión
inicial en torno a los modos de concebir analíticamente el
territorio, que está invadido por múltiples lógicas
y mecanismos de poder. El recorrido por los debates sobre las
modalidades de inserción internacional, así como por
las etapas de regionalismo en Latinoamérica, contribuirá
a la descripción de las nuevas condiciones que se dan en la
región a la hora de analizar el surgimiento de nuevos bloques
de poder. Así, podremos preguntarnos si el bloque de Unasur es
estructurado sobre nuevas lógicas de construcción de
poder. Su estudio permitirá también indagar en los
desafíos que su conformación plantea y en las tensiones
y en los conflictos de intereses que los distintos propósitos
de integración que conviven en Unasur conllevan.
Palabras clave: Territorio; Integración; Unasur; Disputas.
The latinamerican integration process; key points, conflicts and analytical perspectives
Abstract
Latin American integration processes
have been studied for a long time and its approach proposes numerous
aspects for social research. This article looks into some of the
characteristics of territoriality in South American regions, paying
special attention to the transformations that have taken place in the
last decades, in order to look into some of the integration processes
that have to do with South America especially with respect to UNASUR
block. The focus set on the territory implies that it will be the
magnifying glass through which an attempt will be made to have a
first rapprochement to the phenomenom, examining the broader and more
complex dynamics of power.
It begins with an inicial reflexion
about how to understand and analysis the territory, overwhelmed by
multiple logics and power mechanisms. The process of the debates
about the methods of international insertion, as well as for the
stages of regionalism in Latin America contribute to the new
conditions that are produced in the region when it comes to analysing
the emergence of new power blocks. Now we can inquire if Unasur block
is based on new logics of power construction. Its study will allow us
to look into the challenges that its conformation lays out; as well
as at the tensions and conflicts of interest involved in the
different integration purposes that coexist in Unasur.
Keywords: territory, integration, Unasur, disputes.
Diversos estudios se han centrado en las temáticas ligadas a los procesos de integración debido a la necesidad de generar marcos explicativos propios para nuestra región. Los ensayos de integración en Latinoamérica han sido parte importante de los análisis históricos que retoman desde los inicios del expansionismo estadounidense en su disputa con Europa por la dominación continental hasta las investigaciones más recientes sobre nuevo regionalismo y aluden al “histórico dilema” de la región latinoamericana en torno a si estar “unidos” o “dominados” (Morgenfeld, 2011).
La acepción general del término integración ha estado ligada a uniones aduaneras, acuerdos comerciales, alianzas militares defensivas, áreas de libre comercio, etc. No obstante, entre los trabajos que analizan el último período de regionalismo en Latinoamérica, se introduce el concepto de integración de un modo amplio, como proceso político, económico, social y cultural, con múltiples dimensiones (Rodriguez y Bywaters, 2009; Morgenfeld, 2011; Serbin, 2010). Algunos enfoques conciben la integración como un proceso unidireccional en el cual los Estados son actores clave, con lo cual se enfatiza la institucionalidad de los instrumentos de integración. Por otro lado, la perspectiva funcionalista cuestiona estos enfoques y plantea un modelo de “círculo virtuoso” mediante el cual analiza la “legitimidad funcional” de la integración; una vez vistos sus resultados “exitosos”, los Estados refuerzan su confianza en la institución, la consolidan y la fortalecen (Rodríguez y Bywaters, 2009). Ambas perspectivas tienden a invisibilizar aspectos de una sociología del poder, de la dominación y del conflicto.
En el estudio de estos procesos partimos de un esquema que caracteriza los períodos en los cuales es posible identificar algún tipo particular de regionalismo; con esto, los debates que surgen lo hacen en relación con las distintas estrategias de integración que en cada momento se impulsan.
La década del '90 planteó para Latinoamérica un regionalismo de tipo “abierto”, combinando la apertura externa, la eficiencia económica y la competitividad.
Años después, con lo que puede considerarse la fractura de la hegemonía neoliberal, los autores comenzaron a hablar de la emergencia de un nuevo esquema de integración denominado nuevo regionalismo o regionalismo post liberal (Da Motta y Ríos, 2007; Rodríguez y Bywaters, 2009; Sanahuja, 2010; Morgenfeld, 2011; Colombo y Roark, 2012; Bernal Meza, 2013). En torno a las condiciones que posibilitan estas nuevas directrices integracionistas, se resalta como aspecto clave el nuevo escenario en el que se halla Latinoamérica con respecto a lo global y en tanto región (Bernal Meza, 2008). En los últimos años se puede observar un gran dinamismo a partir del lanzamiento de nuevas herramientas de integración, como pueden ser la UNASUR y la CELAC1. La antesala de estos impulsos fue el rechazo al proyecto imperial norteamericano del área de libre comercio para la región a finales de 2005. Desde la pretensión de realizar un abordaje crítico de estos procesos y de las lecturas variadas que existen sobre los distintos vínculos que se tejen en el escenario internacional −tanto entre Estados como entre corporaciones−, se retoman algunas variables presentes en la singularidad que la Unasur asume. Un repaso por los esquemas teóricos en los que se enmarca su estudio arroja reflexiones sobre los modos de analizar estas dinámicas de integración visibles en el último período en Latinoamérica. Un primer debate emerge con respecto a la definición de una lectura que subordina los factores internos a los externos o la combinación de ambas variables a la hora de pensar estas nuevas configuraciones. Por otro lado, desde los estudios de las relaciones internacionales, existen perspectivas institucionalistas que se refieren a los “condicionantes sistémicos” como limitantes ante los cuales se encuentran los Estados miembro (Cienfuegos y Sanahuja, 2009; Colombo y Roak, 2012). En otros trabajos se destacan los componentes “presidencialistas” de los nuevos liderazgos que componen la Unasur; esto manifiesta las complejidades a la hora de tener que actuar como órgano supranacional por hacerlo desde la negociación de posiciones de los Estados, los que se encuentran con determinadas relaciones de fuerzas en su interior en tanto sistemas institucionales políticos (Borda, 2012). Tanto los enfoques tradicionales como los funcionalistas sobrevaloran el rol de los Estados desde cierto voluntarismo normativo, lo que resta lugar en el análisis a los intereses políticos que subyacen, a los escenarios regionales e internacionales, a las alianzas con actores económicos y a factores internos –como conflictividades sociales, disputas políticas, pujas entre sectores económicos−, que en muchos casos limitan o posibilitan el juego regional.
De cualquier modo, las relaciones interregionales combinan elementos de cooperación-conflicto, con lo que, bajo la premisa de la integración, no hay por qué invisibilizar los conflictos que se suscitan. El interés por conocer el proceso de conformación de la Unasur radica en las especificidades que la distinguen de otros procesos de integración y en el momento en el que es lanzada; esto permite indagar en aquellas disputas que enmarcan un amplio repertorio de estrategias, modalidades, concepciones, conflictos y actores presentes en la región latinoamericana para su estudio.
Existen diferentes modos de concebir analíticamente el territorio latinoamericano, invadido por múltiples lógicas y mecanismos de poder. Un enfoque que concibe el territorio en sentido amplio nos permitirá un primer acercamiento al fenómeno de la integración regional, atravesado por dinámicas de poder más amplias y complejas. El recorrido por los debates sobre las modalidades de inserción internacional, así como por las etapas de regionalismo en Latinoamérica, contribuirá a la descripción de las nuevas condiciones que se dan en la región para analizar el surgimiento de nuevos bloques de poder. Su estudio permitirá también indagar en los desafíos que sus conformaciones plantean, así como en las tensiones y en los conflictos de intereses que los múltiples propósitos de integración que conviven en los distintos organismos latinoamericanos conllevan.
Los debates en torno a la relación entre la sociedad y el territorio dan cuenta de este último como una construcción poblada por múltiples dimensiones y escalas desde las cuales podemos comprenderlos en tanto creaciones sociales en permanente conflicto, en sus dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales e institucionales (Raffestin, 1993). En el territorio se cristalizan relaciones de poder y pujas entre fuerzas, y así se conforman redes de relaciones sociales, un campo de complejidades internas y diferenciaciones entre “nosotros” y los “otros” (Lopez de Souza, 1995). Algunas perspectivas teóricas priorizan una mirada más centrada en los aspectos materiales de lo territorial, mientras que otras asignan mayor importancia a cuestiones simbólicas. Desde la dimensión material se destacan, por ejemplo, las estrategias espaciales para el control o la influencia sobre recursos y personas, mientras que desde una perspectiva que analiza lo simbólico se toman en cuenta las representaciones sociales sobre el territorio y sus significaciones en tanto instrumentos de poder. Ambas proporcionan un marco necesario para el análisis territorial teniendo en cuenta las múltiples posibilidades de indagación en los procesos sociales y políticos que se han dado en la región suramericana en las últimas décadas. Podemos hacer una lectura del territorio suramericano a partir del análisis de los procesos de construcción de identidades sociales y culturales determinadas o adentrarnos en la lucha de clases de determinado momento histórico que ordena el territorio e, incluso, pensar la territorialidad como marco en el que se contiene el ejercicio del poder (Raffestin, 1993).
Siguiendo a María Laura Silveira, se plantean dos perspectivas para visualizar las características de un ordenamiento social y espacial de acuerdo a cada momento histórico. Por un lado, un análisis en función del modo en que el territorio es configurado desde lo observable; es decir, el territorio “usado”, en términos de la base material sobre la cual diferentes actores se establecen y conviven en permanente disputa. Por otro lado, se plantea una visión orientada a dilucidar cómo posibles relaciones podrían modificar dicho ordenamiento social si este fuese de otra manera de la que es; esto es, si se produjeran cambios. La lógica neoliberal hegemónica de la última parte del siglo XX ha impactado de manera particular en el territorio, lo que vuelve relevante la pregunta por las pujas actuales en la territorialidad del poder y los cambios o continuidades que pueden observarse en el período posneoliberal. En el orden socio-espacial de los últimos años se destaca la presencia de grandes corporaciones que en sus distintas escalas ocupan el territorio global, lo que genera un ámbito de coexistencia entre empresas de distinto tipo, que se relacionan en un marco de cooperación y competencia. Al adquirir cada vez mayor peso en la vida política de los Estados nacionales −y en el entramado social en general−, estas empresas hacen del territorio una estructura de acumulación global que opera tejiendo redes y dominando determinadas ciudades desde un capitalismo de mercado que se sirve de instrumentos financieros. La fluidez normativa con la que se implementan las reformas que operan sobre el territorio genera un proceso necesario de “desregulación” de lo regulado. Ante la nueva flexibilidad reinante, el complejo entramado social se vuelve una herramienta con la que se establecen articulaciones y alianzas entre sectores del Estado, empresas y otros actores implicados en el proceso de acumulación. Estos cambios son legitimados a partir de un marco que tiende a ubicar en la fugacidad del capital los beneficios de la descentralización, el ajuste estructural, la globalización, la competitividad y las nuevas territorialidades. La descentralización que promovió la globalización generó lógicas territoriales ancladas en vínculos globales entre ámbitos locales ubicados por encima de los límites nacionales, producto de la nueva realidad institucional y económica imperante a nivel mundial (Manzanal, 2007). Este particular modo territorial de operación de las empresas a escala global muestra un uso jerárquico del territorio según su funcionalidad, capacidad y rentabilidad, lo que conforma plataformas de ensamble para una red global. Se concibe a los territorios producto de esta lógica como “territorios de la globalización”, en tanto estas políticas estructurales apuntaron a la maximización de los beneficios del Capital Financiero Transnacional en detrimento de las políticas estatales y convirtieron al Estado en un actor subsidiario a sus intereses (Manzanal, 2007; Silveira, 2008). En términos del impacto en la región suramericana, podemos destacar en la etapa del neoliberalismo un regionalismo de tipo abierto, en el cual se combinaron como recetas para cada país la apertura externa, el libre mercado, la eficiencia económica y la competitividad con el resto del mundo. Este proceso no fue idéntico ni se implementó de igual modo en todos los países, con lo cual podemos afirmar que no existió una homogeneidad en cuanto a las estrategias de integración regional impulsadas por los Estados. Sí hubo, en cambio, similitudes en relación con la forma en que se dio la implantación de la política económica, basada en la inserción internacional y la apertura comercial (Briceño Ruiz, 2014). De esta manera se proyectó un Estado estructurado en función del capital, que favoreció los marcos legales para su acumulación, reproducción y ganancia. A su vez, la dinámica globalizadora generó un sistema de ciudades conectadas entre sí en distintos lugares del mundo, lo que otorgó mayor peso a ciudades con escala global, receptoras de la inversión extranjera y los servicios financieros más avanzados. De este modo, la reestructuración económica global y territorial impactó en la metropolización y en la competitividad que asumieron pocas ciudades globales en detrimento del resto. La fragmentación de esta lógica selectiva de ciudades globales dio lugar a respuestas de desarrollo endógeno a partir de la movilización de actores y de recursos locales para la potenciación de una región o de una ciudad desde lo que se llamó el Desarrollo Local. En este contexto, los municipios asumieron un nuevo rol en tanto articuladores de nuevas demandas, producto de las políticas descentralizadoras que transfirieron las cuestiones nacionales y provinciales a instancias locales. En lo que respecta a la región latinoamericana, más de una década de hegemonía neoliberal arrojó profundos efectos en la estructura social, lo que nos enfrentó con una región devastada por las desigualdades sociales, la crisis económica, la exclusión territorial, la precarización laboral, el desempleo estructural, la destrucción de territorios campesinos e indígenas y la eliminación del Estado planificador, entre otras consecuencias que marcaron las sociedades y los territorios. Esta situación empieza a encontrar algunos límites entrado el siglo XXI. Aquí podemos situar los procesos de integración en tanto posibles respuestas generadas por una red de Estados debilitados ante los embates del neoliberalismo que enfrentan “unidos” los desafíos que la globalización plantea (Suárez Ulloa, 2014).
Vastos estudios de caso, artículos e investigaciones aportan interesantes caracterizaciones del nuevo mapa geopolítico de América del Sur en los primeros años del siglo XXI, necesarias a la hora de estudiar las transformaciones y los procesos de integración. Un dato a considerar es la pérdida de relevancia estratégica que la región suramericana comienza a tener en relación con la política exterior norteamericana, luego de la exitosa aplicación del Consenso de Washington. Ante el renovado intento norteamericano de avanzar con una estrategia que pregonaba para la región la conformación de un Área de Libre Comercio (ALCA), se logra en conjunto un rechazo más que significativo que configura posibilidades para la discusión sobre alternativas de desarrollo para la región. La apertura de nuevos conflictos y la búsqueda de áreas de influencia se plasman, por ejemplo, en la focalización de EE.UU. en Medio Oriente ante el combate contra el “terrorismo” desde el hecho del 11 de septiembre de 2001, con la caída de las Torres Gemelas (Briceño Ruiz, 2014). A su vez, se observan en el escenario internacional actores de cada vez mayor peso, que reconocen en la región suramericana un territorio con el cual se busca articular estrategias en común. La emergencia de países que desequilibran el histórico unipolarismo norteamericano y avanzan con diferentes proyectos en nuestra región contribuye a la conformación de un esquema multipolar. Aquí aparecen casos como la UE, los BRICS, China, Rusia y la India. Al mismo tiempo, las resistencias y los debates en torno a las alternativas al neoliberalismo ponen en agenda la reconfiguración de varios Estados en un sentido posliberal, proponiendo un cambio de rol con respecto a su relación con la economía, con las políticas sociales y con la articulación con nuevos actores, los que emergen como parte de las coaliciones que asumen el gobierno en cada Estado (Bernal Meza, 2008; Sanahuja, 2010). Estas transformaciones a nivel global imprimieron en la región dinámicas y estrategias que ponen en tela de juicio los procesos de funcionamiento del mercado como necesarios y como fundamentales para el desarrollo y para el crecimiento, lo que impacta en los nuevos modos de concebir el regionalismo, con posturas que critican la estrategia de regionalismo abierto, propia del neoliberalismo.
En los análisis de los períodos recientes sobre el regionalismo en Suramérica existe un consenso en torno al inicio de una nueva etapa, para la cual el concepto de integración es pensado desde una amplitud teórica que asume múltiples dimensiones, en tanto proceso político, económico, social y cultural. Las caracterizaciones del período oscilan entre un “regionalismo poshegemónico” y la idea de un “regionalismo postliberal”. De este modo, la posibilidad de construcción de nuevos modos de territorialidad del poder desde instrumentos de integración regional se plantea como alternativa al modelo de territorialidad global hegemónico en el presente. Estas transformaciones en el mapa regional han suscitado nuevos conflictos, tanto a nivel regional como en el plano internacional.
En la Unasur puede visualizarse una variedad de instancias que se yuxtaponen en simultáneo: la participación de los Estados miembro en otros organismos de carácter internacional, y en tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de distinto tipo. Este entramado de múltiples pertenencias y membresías dificulta una caracterización que determine las motivaciones e intereses dominantes que condujeron a los Estados a la hora de converger en una unión suramericana. No obstante, es posible establecer, grosso modo, dos grandes caracterizaciones en el nuevo período. Por un lado, están aquellos Estados que se mantuvieron dispuestos a continuar tejiendo alianzas bilaterales con EE.UU. más allá de los nuevos instrumentos, en consonancia con la necesidad de seguir promoviendo el comercio, las inversiones y el libre mercado. Estos construyeron en conjunto en el año 2011 la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México). Por otro lado, podemos ubicar otro grupo de países que impulsaron, en los primeros años de conformación de la Unasur, políticas mayormente vinculadas con una perspectiva desarrollista y estructuralista, con foco en los Estados (Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador). Dentro de este grupo de países aparece otra diferencia sustancial comandada por los países del ALBA, que promueven un enfoque menos productivista y más político y antiimperialista. De esta manera, en un período de nuevo regionalismo encontramos entremezclados países miembros de Unasur, de Mercosur, de Celac, de la Alianza del Pacífico y del ALBA al mismo tiempo (sin contar acuerdos bilaterales, TLC, tanto con actores regionales como internacionales —EE.UU., China, UE, etc. —. Para algunos autores, esta realidad complejiza y matiza la idea del nuevo período como posliberal ya que coexisten los esquemas de poder que podríamos denominar “posliberales” con otros mayormente “liberales”. En este sentido, se introduce oportunamente la idea de regionalismo poshegemónico, respecto del fin de la hegemonía norteamericana en la región latinoamericana y de la respuesta defensiva que la articulación regional ofrece ante la crisis financiera global y los efectos del proceso de globalización (Briceño Ruiz, 2014).
En este complejo entramado de actores, fuerzas, perspectivas y condiciones, la redefinición de la integración en clave suramericana en el marco de la conformación de bloques de poder en la región aporta especificidades provenientes de la ampliación de los márgenes de la unión, hacia la inclusión de asuntos como la energía, la defensa, la integración productiva, el desarrollo, la infraestructura, la inclusión social, etc. (Briceño, 2014; Comini Frenkel). Vale la pena a esta altura el ejercicio de indagación en las complejidades que algunos de los organismos impulsores de la integración latinoamericana presentan ya desde su conformación, y la reconstrucción de algunos de los elementos del escenario latinoamericano reciente en el cual se ubican estos procesos.
Previamente a la conformación de la Unasur, ya existía como antecedente de la zona sur de Latinoamérica el Mercado Común del Sur (Mercosur). Dicho organismo surgió al calor de la hegemonía neoliberal, a partir del Tratado de Asunción en el año 1991, y con objetivos que pueden enmarcarse en el período de regionalismo abierto. En dicha etapa, se impulsaron desde EE.UU. tratados de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA), el área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y los diversos tratados bilaterales de libre comercio (TLC's), que generaron el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Estos prefiguraban para la región la idea de conformación de una gran área de libre comercio que fuera desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Junto con el ALCA, el Consenso de Washington apareció como el complemento ideal para hacer de la región una gran zona desprovista de barreras arancelarias para incrementar el comercio y con las condiciones requeridas por las corporaciones estadounidenses para el nuevo orden mundial poscrisis de los años ‘60. Las nuevas directrices integracionistas respondieron también a las recomendaciones de la CEPAL en su documento del año 1994 sobre la integración económica puesta al servicio de la “transformación productiva con equidad”. El impulso de la Cepal planteaba que, ante la reestructuración económica global, se debían conciliar los acuerdos comerciales preferenciales con las nuevas políticas aperturistas y liberadoras de los mercados, para hacer de la integración el blindaje necesario para mejorar la competitividad y atraer las inversiones. De esta manera, la integración apareció como un mecanismo de adaptación para la región y de preparación para los nuevos requerimientos del mercado mundial, lo cual impactó directamente en los organismos de integración que se impulsaron, tales como el Mercosur. Este está constituido por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y recientemente Bolivia (en proceso de adhesión), además de tener Estados asociados como Chile, Perú y Colombia; se observa en sus primeros años el desarrollo de políticas comerciales que buscaron la mejora en los términos de intercambio entre los países miembro y el desarancelamiento de los productos2. Así, podemos afirmar que en los procesos integracionistas de este período prevalecieron relaciones comerciales mediadas por la liberalización de las importaciones y el fomento a las exportaciones y la reducción arancelaria en un marco de apertura de los mercados (Cepal, 1994; Kan, 2009). Los gobiernos de Brasil y Argentina —con diferentes políticas— le imprimieron gran parte de su dinámica a esta herramienta; en particular Brasil que promovió una estrategia que hizo del Mercosur un factor de poder alternativo a EE.UU. y separado de América Central y del Caribe3.
Tras los años de hegemonía neoliberal que aquí marcamos desde el proceso de regionalismo abierto, comenzaron a sonar con cada vez mayor peso voces disidentes, producto de las resistencias a estas políticas. En este marco podemos mencionar la convergencia de actores políticos, económicos, de movimientos y de organizaciones sociales que fueron emergiendo al calor de estas críticas, lo que dio paso a una reconfiguración de la integración en clave política. Es decir que, en oposición a la acumulación de años de integración aperturista y comercialista, surgieron nuevas propuestas que empaparon incluso a organismos como Mercosur con nuevas lógicas, acordes al nuevo período de regionalismo que asomaba con objetivos más asociados a las posibilidades de “desarrollo endógeno”, y ya no con un foco puesto exclusivamente en los acuerdos comerciales. El rechazo al ALCA y la Contra Cumbre de los Pueblos organizada en simultáneo en Mar del Plata dieron muestras de que, detrás de los cambios en los modos de concebir los procesos de integración, hubo una multiplicidad de movimientos sociales y de organizaciones políticas que presionaron para que no se aprobara el proyecto norteamericano de área de libre comercio. Se abrían de este modo posibilidades para repensar los desafíos de autonomía de la región latinoamericana, suspendidos bajo el neoliberalismo. Por estos años surge la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, como Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en tanto alternativa de integración con énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación con un foco claro en los movimientos sociales. Como plataforma de integración de los países de América Latina y del Caribe, es una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos. Impulsado desde el 2004 por Hugo Chávez y Fidel Castro, los países que integran el ALBA-TCP son Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves (Barrenengoa, 2013).
A la luz de estos diversos encuadres se observan los actuales procesos de integración, con sus grises y con caracterizaciones propias, emergiendo en una nueva fase histórica para la región.
A cada momento histórico le corresponden singulares y variados modos de concebirse como región, con mayor o menor autonomía según los debates y las principales pujas a las que asistieron las poblaciones en cada época. Si bien las metas en los procesos de integración que se pregonaron durante el período de regionalismo abierto respondieron a la necesidad de inserción en una economía globalizada que requería de cada vez menos regulaciones al libre flujo de capitales, en su mayor medida se cumplieron, emergieron con fuerza, en la nueva etapa de regionalismo, posturas y matices en relación con el vínculo que los nuevos ejercicios integracionistas iban a tener con este mundo de novedosas características. En este artículo se toma el ejemplo de la UNASUR para indagarlo en tanto estrategia posible de construcción de condiciones para el establecimiento de una diferente lógica territorial de acumulación del poder, en consonancia con las críticas que emergieron ante los fracasos del neoliberalismo.
La Unión de Naciones Sudamericanas se planteó a partir de la categoría de Nación una escala de unidad de países en distintos niveles y áreas de trabajo. Nacida el 4 de abril de 2008, su origen muestra la particularidad de las circunstancias en las que se inscribe como bloque regional luego de la acumulación de otros ensayos integracionistas suramericanos. Los Estados miembro que la integran son la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la República de Surinam, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela (Barrenengoa, 2013). Sus órganos son el Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, la Secretaría General, el Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores y el Consejo de Delegados y Delegadas.
La conformación de la UNASUR desde su Tratado Constitutivo vino a reemplazar la Comunidad Suramericana de Naciones, impulsada desde el año 2000. Algunos análisis indican que estos impulsos provenían de la renovación de las pretensiones históricas de liderazgo brasilero en la región, ya que se lanzó durante la presidencia de Fernando Cardoso; retomó los objetivos de sus antecesores en relación con la cooperación sur- sur dentro de la región suramericana y amplió los horizontes de la unión a Rusia, China, India y África del Sur (Bernal Meza, 2008; Kan, 2010).
A partir de las Cumbres de Presidentes Sudamericanos (CSP) y con la Confederación Sudamericana de Naciones (CSN) realizada en Cuzco, Perú, el 8 de diciembre de 2004, se intentaba generar una plataforma que integrara el Mercosur, la CAN y Chile (junto con la asociación de Guyana y Surinam) para “perfeccionar la zona de libre comercio” y para oponerse a las intenciones estadounidenses de impulso al libre comercio bajo su tutela en la región latinoamericana (Kan, 2010; Documento Declaración de Cuzco, 2004). Entre los antecedentes previos mayormente ligados a UNASUR podemos mencionar en el año 2002 el Consenso de Guayaquil, del cual nace el IIRSA, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, lanzada en la I Cumbre de Presidentes (CPS). En la II CPS en Bolivia en 2006, de la cual sale la Declaración de Cochabamba, y en Brasilia un año antes, se acordó entre los presidentes de los Estados la articulación de un plan estratégico común para la región suramericana. Ya en 2007 en Venezuela se le dio el nombre de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), reemplazando el nombre de la Comunidad Suramericana de Naciones (en la Declaración de Margarita; Construyendo la integración energética del Sur), y en 2008 fue aprobado su Tratado Constitutivo, que estableció Quito como sede permanente de la Secretaría General de UNASUR y Cochabamba, del Parlamento4. De esta manera, vemos que en los antecedentes se arrastraban aún algunas claves del paradigma propio del regionalismo abierto, complementadas con la impronta suramericana en relación con la integración en términos de infraestructura y de energía. Ya en el Tratado Constitutivo de UNASUR quedan más en evidencia aspectos de la nueva perspectiva integracionista propia del período, aunque conviven divergencias entre los Estados miembro en torno a políticas regionales a seguir según las coyunturas que van emergiendo. En los últimos años se han trabajado temáticas clave, como la generación de instrumentos financieros propios y de herramientas para facilitar el comercio interregional, dada la necesidad de tener economías fuertes en la región que puedan frenar los impactos de la crisis global; además del impulso a proyectos de planificación de la infraestructura y los planes de desarrollo para la región. Para esto, se conformaron como grandes áreas de trabajo los Consejos Sectoriales, como el Consejo Energético Suramericano, el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, el Consejo de Economía y Finanzas, el Consejo Suramericano de Defensa y el Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros (Barrenengoa, 2013)5. Otros objetivos están anclados en la necesidad de construir una herramienta supranacional que se sirva de Estados y economías fuertes, que plantee proyectos de infraestructura y planeamiento, que favorezca el comercio interregional, que promueva el desarrollo social y cultural con identidad suramericana y que cuente con un sistema de defensa propio y soberano. Si enmarcamos la UNASUR en la nueva etapa del regionalismo, puede observarse la búsqueda de integración entre Estados que incluye no sólo la cuestión económica, sino que incorpora en su agenda problemas transversales como la educación, la salud, el narcotráfico, la pobreza y la desigualdad (Bywaters y Rodríguez, 2009). Ahora bien, lejos de la visión idealizadora acerca de la integración regional, es interesante indagar sobre las contradicciones o sobre las tensiones con las que estos propósitos se encuentran en la práctica. Partimos de concebir que todo proceso que pretende un cambio en los modos de articulación en un territorio determinado se encuentra con conflictividades que provienen tanto de condicionantes externos como internos.
La convergencia de los distintos Estados miembro en la UNASUR responde a algunas claves importantes a tener en cuenta que varios estudiosos del período remarcan: los denominados “giros a la izquierda”, en la mayoría de los gobiernos suramericanos, y la creciente mejora de sus economías, producto de la elevación en el precio de los comodities que permitió consolidar los Estados-nación, debilitados y resquebrajados por la hegemonía neoliberal. Se menciona, en los estudios sobre el tema, la piedra fundamental que marca el inicio de los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela (1999), Luis Inázio Lula Da Silva en Brasil (2003), Néstor Kirchner en la Argentina (2003), Evo Morales en Bolivia (2004), Rafael Correa en Ecuador (2005), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005) y Fernando Lugo en el Paraguay (2008), que representaron cambios fundamentales en las correlaciones de fuerzas internas que fortalecieron la presencia de dichos líderes en el marco regional. El nuevo mapa asomaba robusto, con liderazgos fuertes y correlaciones de fuerza favorables para el avance de la UNASUR, una vez rechazado el proyecto ALCA (Briceño Ruiz, 2014). Para enumerar algunas de las cuestiones que fueron emergiendo en esta configuración territorial particular, podemos hacer alusión, además de las situaciones en el orden de lo internacional y lo regional, a las alianzas con actores económicos, políticos y sociales, a los debates en torno a visiones sobre la multipolaridad emergente y a las diversas escalas y pliegues de la integración. De esta manera, en este heterogéneo grupo de doce países, nos encontramos con posturas de mayor apertura internacional y predisposición para los acuerdos con otras zonas del mundo, e incluso con otros países de Latinoamérica; y, por otro lado, se contrastan miradas más endógenas ancladas en la necesidad del fortalecimiento del bloque suramericano. Algunas tensiones provienen de la pertenencia a otros bloques de poder y/o Tratados de Libre Comercio, así como a la continuidad en el juego de alianzas que proponen la desregulación y el libre comercio entre regiones. A esto se suman situaciones de orden interno en los países, a raíz de la multiplicidad de actores en juego y de las diferentes correlaciones de fuerza, de las conflictividades sociales, de las disputas políticas y de las pujas entre sectores económicos de cada Estado, que en muchos casos limitan o posibilitan el juego regional.
Retomando el trabajo de Comini y Frenkel, podemos dar cuenta de una primera fase de impulso a la UNASUR a partir de la prevalencia de una estrategia de carácter concéntrico fundamentada en la construcción de una arquitectura regional común que aglutina los distintos Estados y facilita el comercio regional. De este modo, se pensaba un proceso integracionista desde la articulación horizontal de políticas, y fueron estos primeros lineamientos los seguidos por el bloque UNASUR, que contuvo en su interior diferentes matices. Esta configuración de fuerzas permitió los avances de la herramienta durante los primeros años. Entre algunos de los hitos que vale la pena remarcar en la primera fase está el posicionamiento ante los intentos desestabilizadores en Bolivia en el año 2008, ante los cuales los presidentes se reunieron de inmediato y convocaron una cumbre extraordinaria en Chile para apoyar a Evo Morales. Otro hecho importante que marcó un precedente fue la acción conjunta de los Estados de UNASUR ante la presencia de las bases militares norteamericanas en Colombia en el año 2009. Ambos marcan un claro posicionamiento en torno a cuestiones que hacen a la seguridad y a los asuntos de histórica injerencia extranjera ante los cuales no había instancias supranacionales de defensa soberana6. En el conflicto por la IV Flota, el estado venezolano quedó bien posicionado para ir configurando como herramienta para la seguridad y para las defensas suramericanas el Consejo Sudamericano de Defensa (CSD), también bajo impulso brasilero, pero con objetivos disímiles. Independientemente de su resultado, el bloque de UNASUR, ante el golpe de estado en Honduras, también consolidó una posición en defensa de Manuel Zelaya.
Entre las claves que nos permiten visualizar estas dinámicas, hallamos como rasgo principal la emergencia de liderazgos regionales que se caracterizaron por construir repertorios de acción interestatales comunes, de cara a la nueva concepción multidimensional de los objetivos de integración, que superaba lo meramente comercial y económico. Líderes como Chávez, Lula, Kirchner, Correa, Evo Morales y Cristina Fernández tomaron las riendas de un proceso fuertemente caracterizado por la crisis de los Estados y su contracara en los límites a la estrategia neoliberal. Contraponiendo a la crisis instancias de articulación regional, propusieron un esquema de resolución interno de los conflictos que atañen a la región desde el establecimiento de mínimos denominadores comunes; muchos de estos estaban expresados en la proliferación de Consejos Ministeriales, Planes Estratégicos, áreas de trabajo y agendas regionales. A su vez, algunos autores destacan cierto hiperpresidencialismo, dada la presencia permanente de representantes de los distintos Estados ante reuniones ordinarias, pero también instancias extraordinarias generadas por coyunturas particulares que requirieron de la respuesta del bloque suramericano. También se remarca como otro elemento emergente en esta primera etapa cierta noción identitaria en torno a la idea de comunidad que recorre desde los orígenes históricos de las integraciones en las luchas por la independencia hasta la presente y renovada unión entre Estados. La significación en cuanto al legado de los luchadores por la independencia, como Bolívar, es recurrente en los discursos y da sentido a la idea de una pertenencia mayor y superadora de las identidades nacionales. Así, este inicial impulso estuvo mediado por la mayor influencia de aquellas estrategias destinadas a pensar la reestructuración de los Estados suramericanos junto con su desarrollo como plataforma común supranacional. De este modo, en un marco regional potenciador de acciones conjuntas, algunos de los factores relevantes en este análisis de los primeros años tienen relación con la conformación de un mundo multipolar que planteaba desafíos para Latinoamérica: la crisis financiera global y sus impactos, la proliferación de diversos bloques regionales casi en simultáneo, la fractura de la hegemonía liberal y el rol que algunas zonas o Estados comenzaban a tener en el repertorio mundial (Comini y Frenkel, 2014; Colombo y Roark, 2012).
Como es esperable, al interior de estos procesos de integración confluyen diferentes visiones de esta multipolaridad emergente que cristalizan las tensiones dentro del propio bloque de UNASUR. Las distintas perspectivas convergen en el proceso de integración que sigue la dinámica que se logra construir en función de acuerdos consensuados y definiciones tomadas, teñidas por los vaivenes del período. Esto arroja un proceso de integración suramericano con altibajos: iniciado por un período de gran impulso entre los años 2008 y 2011 y continuado por un momento de desaceleración desde el año 2011 hasta el 2013. A este primer período de avance lo caracterizan importantes núcleos de decisiones que la región tomó, identificables por el conjunto de países que las empujaban, cuyas decisiones respondieron a modalidades de integración enfocadas en consolidar la herramienta UNASUR.
No obstante, los cimientos sobre los cuales estos autores remarcan que se sostuvo la estrategia concéntrica dejaron de funcionar como impulsores de estas dinámicas por diferentes motivos relacionados con conflictividades en el interior de los propios países, así como con cambios más generales que se fueron desatando. Situaciones como la pérdida de liderazgos clave como los de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, junto a intentos desestabilizadores y golpes de Estado en países como Paraguay, Ecuador y Bolivia dieron cuenta de la falta de mínimos denominadores comunes y cierto debilitamiento de aquel impulso inicial. Empezaron a hacerse más visibles posturas divergentes en torno a asuntos estratégicos como la defensa, con lo cual la ausencia de acuerdos en torno a este tipo de políticas nos permite observar los costos que la pérdida de cohesión tuvo para la continuidad de esta primera etapa.
Bajo este esquema, una nueva estrategia en crecimiento abrió el juego a la posibilidad de múltiples acuerdos que priorizaron los vínculos con actores globales desde una dinámica que promovió nuevas posibilidades de integración en distintas escalas −sin soslayar vínculos con terceros (Comini y Frenkel, 2014) −. Ejemplo de ello es la Alianza del Pacífico, creada el 28 de abril de 2011 por la Declaración de Lima, para las economías de Chile, Perú, Colombia y México, países que buscaban construir un área de integración para la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; esta alianza pretende la articulación política, la integración económica y comercial y la proyección al mundo. La visión del desarrollo presente en esta alianza es desde el libre comercio, lo que ofrece ventajas comparativas para los negocios internacionales, con claras orientaciones a la región de Asia-Pacífico. Los países miembro buscan generar un mayor dinamismo en los flujos de comercio hacia la libre circulación de bienes; esto se logra eliminando regulaciones y barreras posibles al comercio. Tres de los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico son parte de la UNASUR también, lo cual indica las contingencias, las complejidades y las contradicciones que este proceso de integración presenta. El presidente ecuatoriano Rafael Correa hacía referencia a esta situación en el año 2013, afirmó que “ha perdido impulso el ímpetu integrador en América Latina”, en relación con el crecimiento de una restauración conservadora en la región, desde la “reconstitución de la derecha en el continente”, a partir del ejemplo de la Alianza del Pacífico “que no concibe una integración como crear una gran sociedad, ciudadanos de la región, sino crear un gran mercado, crear consumidores, entonces no nos engañemos, tenemos una gran contraofensiva conservadora (…)” (El Telégrafo, 2013).
De este modo, el impulso a la Alianza del Pacífico aparece como un factor importante −no así el único− a la hora de dar cuenta de la desaceleración del avance en la mentada unidad suramericana. En estos términos, puede mencionarse el desequilibrado avance de algunos instrumentos pensados desde UNASUR −en detrimento de otros−, que genera un proceso de fragmentación en torno a políticas clave. Ejemplo claro de ello es el Banco del Sur, intento de construcción de una nueva arquitectura financiera regional −de la cual forman parte sólo siete países−. Tras la Cumbre Presidencial de UNASUR en el mes de diciembre del año 2014, en la que se discutió este mecanismo financiero, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño mencionó como países que impulsan el Banco del Sur a Venezuela, Ecuador, la Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y el Paraguay. Pensado en el año 2007, seis años después fue convocada su primera reunión y aún no ha comenzado a operar (Portal La República, 2015).
De este modo, saltan a la vista en la referencia a estos ejemplos distintos trayectos en el camino de la integración, en tanto debate general que enmarca la variabilidad de instrumentos que se han ido conformando para los diferentes propósitos. Si las concebimos como fuerzas y estrategias en pugna, algunas visiones tienden a priorizar lo geoestratégico y lo militar con foco en los recursos estratégicos, y promueven la construcción del multipolarismo en oposición directa al unilateralismo norteamericano imperialista. Otros esquemas también basados en la necesidad de construcción de un mundo multipolar enfatizan el impulso a la industria, la producción y el comercio como elementos necesarios para el liderazgo de la región, desde un paradigma más desarrollista y sin soslayar los vínculos con el sistema internacional. Algunas divergencias tienen su origen en la manera en la que los Estados configuran el bloque en relación con otros actores internacionales; oscilan entre acciones múltiples y flexibles de integración en distinta escala y acciones tendientes a consolidar el bloque con un carácter más endógeno, como escala regional fundamental para posteriores acuerdos con entidades internacionales mayores (Serbin, 2009; Sanahuja, 2010; Comini y Frenkel, 2014).
Los distintos intentos de conformación de bloques integracionistas en la región latinoamericana arrojan innumerables reflexiones acerca de estos dinámicos procesos de grandes cambios para la investigación en ciencias sociales. Saltan a la vista las complejidades que el entramado de UNASUR muestra como bloque inserto en una región como la latinoamericana y en un mundo en constante cambio. Hoy conviven en nuestra región realidades políticas y económicas muy heterogéneas: países de histórica dependencia y desigualdad como las islas del Caribe, países que integran Tratados de Libre Comercio (TLC) como México, Chile, Colombia y Perú (Alianza del Pacífico, MILA), un país bloqueado económicamente hace más de cincuenta años por EE.UU., como Cuba,7 y países que vienen articulando otras instancias de integración como la Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela con los casos de Mercosur o UNASUR. A su vez, asistimos a procesos globales de reposicionamiento de ciertas potencias como China, que aumentan año a año su presencia en la región, desplazando en muchos casos a Estados Unidos. De esta manera, en un ejercicio general pueden destacarse tres grandes bloques en la región latinoamericana que hoy se conjugan en diferentes herramientas de coordinación política y alianzas económicas. En primer lugar, el bloque bolivariano compuesto por países como Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, que es el que se ha planteado como una alianza económica, política y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos, desde el ALBA y en rechazo al imperialismo norteamericano que ha subordinado históricamente a la región. En segundo lugar, encontramos a los países más alineados con las políticas de EE.UU. y con las fracciones financieras transnacionales para la región, como Colombia, México, Perú y Chile, impulsores de la Alianza del Pacífico y promotores de una visión del desarrollo desde el libre comercio y desde las dinámicas desreguladoras para el flujo de capitales, con orientación a la zona de Asia-Pacífico. Desde este polo se viene desalentando la UNASUR para que pase a ocupar la escena la AP. En tercer lugar, se agrupan aquellos países que han oscilado entre ambos bloques; se trata de Estados que participan tanto del Mercosur, la UNASUR y la Celac, así como de acuerdos con otros polos como China y la Unión Europea. El eje central está compuesto por Brasil y la Argentina, dos grandes focos regionales de los que en gran medida dependerán los próximos pasos en el futuro de la integración suramericana (Barrenengoa, 2013; Morgenfeld, 2015).
Introducir un esquema de análisis que se pregunte por las distintas modalidades de inserción regional e internacional que se debaten en Suramérica es indagar en los proyectos estratégicos que se disputan en los diferentes clivajes del poder (Comini y Frenkel, 2014; Barrenengoa, 2013). La UNASUR emerge como reflejo de estas variantes en permanente reconfiguración. Vemos que propone como estrategia general la construcción de Suramérica como espacio político y económico para responder a distintos objetivos de desarrollo, autonomía regional, proyección internacional y gobernanza de los países que integran el bloque (Sanahuja, 2010). A su vez, la creación de los Consejos Sectoriales de UNASUR impulsa un modo de territorialidad anclada firmemente en los Estados, que requiere de instituciones estatales fuertes y consolidadas para dinamizar sus economías. Entendiendo que en el presente ejercicio no se pretende visualizar a los Estados suramericanos en tanto unidades territoriales aisladas, sino que se los enmarca en la disputa general entre proyectos estratégicos que los impacta, se ve en la herramienta de UNASUR la pretensión de conformar un Estado como plataforma continental. Esta emerge como alternativa a los distintos proyectos de subordinación, tanto a aquellos que vienen relegando históricamente a los Estados a ser meros proveedores de materias primas de las grandes potencias centrales, con límites claros a los procesos de industrialización, como a aquellos que han resquebrajado los Estados-nación convirtiéndolos en subsidiarios del gran capital neoliberal. Los proyectos políticos estratégicos que enmarcan la disputa entre fracciones de capital local y transnacional por imponer un modo dominante en lo económico, político, ideológico y social son el telón de fondo y los impulsores de estas dinámicas en múltiples sentidos; entre estos es posible identificar actores, fuerzas sociales en lucha y estrategias de inserción internacional e integración divergentes (Barrenengoa, 2013). Cuando situaciones de estas características emergen, es el orden social mundial el que se halla en proceso de cambio y crisis. La etapa que se abrió con el nuevo período de regionalismo puso en jaque la hegemonía del unipolarismo norteamericano y favoreció la conformación de un escenario signado por el multipolarismo8. La nueva escala que los grandes actores financieros impulsan se traduce en las nuevas formas de territorialidad expresadas en redes de ciudades financieras que desmantelan los viejos esquemas institucionales de los Estados-Nación y la división internacional entre países centrales y países periféricos. Lo nacional es contrapuesto a nuevos mecanismos de superación y subordinación desde lo global; se plantean así dos opciones “superadoras” del viejo esquema imperial: la supranacional y la global (Barrenengoa, 2013). Estas nuevas condiciones en permanente tensión plantean un tipo de articulación supranacional desde la UNASUR como alternativa y en oposición a dos modos anteriores −pero presentes− con los cuales se disputa constantemente; por un lado, el histórico esquema de dominación imperial norteamericano −cuyo intento renovado a través del ALCA fue frenado, pero continúa siendo impulsado bajo nuevos instrumentos− y, por otro, la territorialidad del capitalismo financiero más avanzado que durante los años de neoliberalismo fue desarrollándose. El multipolarismo plantea condiciones para la emergencia de nuevas configuraciones político-institucionales, y podemos afirmar que la UNASUR es una muestra de ello. Las dinámicas de la región en relación con un movimiento global más general aparecen, pues, tanto como plataforma de condicionamiento como de posibilidad. Entre los diversos escenarios posibles a los que asistimos, uno de ellos contiene la potencial construcción de una nueva territorialidad del poder en la región latinoamericana, de la mano de instrumentos de integración. Este bloque de poder se impulsa bajo la necesidad de avanzar en un proyecto que plantee la integración entre Estados para hacer frente a la pérdida del campo de acción del Estado, así como a hacer de este Estado supranacional una plataforma lo suficientemente sólida como para disputar en un marco con estas características. Al encontrarse estos propósitos bajo un marco general de disputa, se vuelve necesario un análisis que pueda indagar con profundidad en el proceso de conformación de este organismo, siguiendo su desarrollo en el tiempo y estudiando las diferentes dinámicas y conflictividades que este bloque va teniendo. De este modo, se podrá tener un enfoque crítico del proceso de integración visto desde la UNASUR, que discuta tanto con las visiones que le imprimen a esta herramienta el peso de la idealización que en muchas oportunidades le confiere cierto optimismo integracionista −en tanto se piensa la integración en sí como algo positivo− así como con aquellas que desmantelan su sentido integrador desde sus contradicciones internas. Una lectura investigativa que retome los conflictos de interés y las tensiones inherentes al proceso podrá seguir aportando herramientas para su análisis, si concebimos una lectura de la región latinoamericana en tanto posibilidad en permanente construcción.
Cada proyecto estratégico plantea territorialmente distintas formas de apropiación, delimitación, acumulación e identidad de un espacio en un momento histórico determinado (Manzanal, 2007). Los proyectos de dominación imperial, de subordinación económica y de colonización cultural fueron encontrando límites en distintas coyunturas que atravesó nuestra región. Vuelven a emerger en pleno siglo XXI intereses que buscan la fragmentación de los Estados latinoamericanos, en una suerte de “balcanización”. En este trabajo se ha pretendido indagar sobre algunos de los cambios que pueden observarse en las distintas lógicas de territorialidad del poder en la región latinoamericana y suramericana. Las transformaciones en los procesos de integración regional, marcadas por las resistencias y los límites a la estrategia neoliberal que pregonó el regionalismo abierto, abren posibilidades futuras de consolidación de nuevos instrumentos de integración. La etapa que se abrió luego conformó una red de Estados o un bloque de Estados que en conjunto busca hacer frente a las nuevas condiciones internacionales. Estas respuestas se han planteado desde múltiples propósitos y acciones variables. Son estos procesos sumamente complejos para la mirada del investigador y se hallan en construcción y disputa (Briceño Ruiz, 2014). Puede hacerse una lectura de estos como oportunidades para el establecimiento de nuevas configuraciones sociales, políticas e institucionales en un ordenamiento social que se halla en permanente cambio y que abre el juego a un horizonte posible de luchas. La UNASUR pretende un proyecto de soberanía económica, energética, monetaria y cultural y da muestras de una dinámica cargada de tensiones que merecen ser estudiadas. Queda claro en el horizonte el ejercicio investigativo de seguir ahondando en la pregunta por las alternativas contrahegemónicas que pueden surgir en el marco de estos procesos.
1 La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) nace en abril de 2008, mientras que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es impulsada formalmente en diciembre del año 2011, incluyendo a 33 países del continente americano, y exceptuando Canadá y Estados Unidos.
2 El Mercosur estableció también lazos extrarregionales, particularmente con la Unión Europea.
3 Para mayor información sobre la política exterior argentina y brasilera, ver Bernal Meza R. (2008).
4 El 11 de marzo de 2011 entra en vigencia el Tratado Constitutivo.
5 Como lo indica el segundo artículo de su Tratado Constitutivo, los objetivos de Unasur son “(...) construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados” (Tratado Constitutivo de Unasur, 2011, p. 7).
6 Si bien existe desde el año 1948, la OEA (Organización de los Estados Americanos) ha funcionado como base para la defensa de los intereses norteamericanos en la región.
7 Y en pleno inicio del proceso complejo de “restablecimiento” en sus relaciones, con las recientes aperturas de ambas embajadas en sus respectivos países, y el pedido al Congreso por parte del presidente Obama del levantamiento del bloqueo económico y comercial a Cuba.
8 Existen algunas visiones más recientes que discuten con la idea del fin de la hegemonía norteamericana en nuestra región y plantean, por el contrario, la actual renovación de la estrategia norteamericana en una nueva ofensiva restauradora para con la región desde el impulso a la Alianza del Pacífico y desde el desaliento a los instrumentos pensados para la mayor autonomía regional, como la Unasur y la Celac. Esta idea se funda en la consideración de que el continente americano sigue siendo estratégico para EE.UU. en relación con sus pretensiones a escala internacional (Morgenfeld, 2015; Suárez Salazar, 2014). si bien estos debates son actuales, al calor del restablecimiento de las relaciones entre EE.UU. y Cuba, es importante plantear en el análisis las múltiples variables a la hora de analizar un período tan amplio, dinámico y complejo en lo que hace a los procesos de integración.
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Recibido: 30/04/2015
Aceptado: 22/06/2015
Publicado: 18/12/2015
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