Debate

¿Qué nos enseñan las ciencias sociales sobre el impacto del covid-19 en América Latina?

Introducción¹

Las ciencias sociales de América Latina han trabajado intensamente desde el inicio de la pandemia. Han indagado cómo está afectando a nuestra población y produjeron conocimientos sobre las transformaciones sociales que están ocurriendo y sobre aspectos que se vislumbran particularmente críticos en el futuro cercano. En este artículo repasamos qué nos han dicho las ciencias sociales de la región sobre los efectos de la crisis de Covid-19 en algunas dimensiones sociales clave: salud, educación, trabajo, ingresos, riqueza y pobreza. Las evidencias sugieren que la virulencia de la pandemia en nuestra región se vincula a sus desigualdades estructurales que, a su vez, están siendo reforzadas. En efecto, América Latina es uno de los epicentros de la pandemia por sus condiciones estructurales de desigualdad y exclusión; a su vez, la pandemia ha producido un incremento de la desigualdad y muy particularmente retrocesos sociales en indicadores que trabajosamente habían ido mejorando en las últimas décadas. Pero más allá de las múltiples consecuencias que ya son visibles y que han sido documentadas, en este trabajo argumentamos que las evidencias provistas por las ciencias sociales advierten sobre problemas que, aunque menos visibles hoy, presumiblemente tendrán secuelas en un futuro.

Retrocesos sociales y reforzamiento de las desigualdades

América Latina es uno de los epicentros mundiales de la crisis sanitaria desatada por el Covid-19 y también ha sido particularmente golpeada por la crisis económica y social que la ha acompañado. Si bien en la región habita solo 8,4 % de la población mundial, hacia fines de mayo de 2021 concentraba 31 % del total de defunciones a causa del coronavirus. En 2020, América Latina fue la región del mundo en donde más cayó el PBI (6,8 %, frente a 3,2 % para el promedio mundial), y también la que experimentó las mayores pérdidas de empleo (9,0 %, frente a 3,5 % a nivel mundial). (Cepal, 2021a).

La particular vulnerabilidad de América Latina a los contagios por Covid-19 se debe, por un lado, a las debilidades estructurales de sus sistemas de salud. OPS-Cepal (2020) muestra que cuando la pandemia irrumpió en la región la inversión pública en salud, de 3,7 % del PBI en promedio, estaba muy por debajo del piso recomendado de 6 %; el personal especializado era insuficiente, y se disponía de 2 camas hospitalarias cada 1000 habitantes, frente a las 4,8 en los países de la OCDE. Además de subfinanciados, los servicios estaban por lo común segmentados y fragmentados, con importantes barreras de acceso para los más pobres, los indígenas y los habitantes de los territorios periféricos de cada país. Así las cosas, durante la pandemia en casi todos los países no se pudo brindar atención a toda la población afectada. Más en general, la extensión de la informalidad laboral, la necesidad imperiosa de movilizarse para trabajar aun sin las condiciones adecuadas de salubridad en los transportes públicos, la alta concentración de población urbana en condiciones deficitarias, con hacinamiento y sin acceso a agua potable, así como el peso de afecciones previas, impactaron en la mayor tasa de contagios y de letalidad que distingue a la región.

La desigualdad y la exclusión han gravitado también en la manera en que la pandemia impactó muy especialmente en algunos grupos sociales. En primer lugar, si bien la mortalidad por Covid-19 es más elevada en la población de edades más avanzadas, los países de la región se distinguen por una mayor mortalidad de adultos jóvenes y de mediana edad frente a sus pares de naciones desarrolladas (Chauvin, Fowler y Herrera, 2020). En segundo lugar, los grupos históricamente más postergados habrían sido particularmente golpeados y la mortalidad y la incidencia del Covid-19 en la región han estado fuertemente correlacionadas con el nivel socioeconómico, el origen étnico y racial y la segregación socioespacial (Canales, 2020; Cepal, 2021a; Hernández Bringas, 2020).

Las pérdidas de empleo han sido masivas, pero tampoco han afectado a todos los latinoamericanos por igual. La pandemia ha agudizado las desigualdades laborales. Las mayores pérdidas se han registrado en las actividades de contacto más intensivo y que experimentaron más restricciones, como el comercio, los hoteles y restaurantes, el servicio doméstico y los servicios personales en general. Asimismo, el impacto ha sido muy acentuado en el sector informal, en particular debido al predominio de actividades que requieren contacto cercano. A su vez, mientras la existencia de contratos laborales permitió a muchos trabajadores y empresas formales mantener la relación laboral, en el sector informal esos recursos fueron muy escasos (OIT, 2020). Y aquí es donde las desventajas se acumulan: los trabajadores históricamente más desfavorecidos, los de menor nivel educativo, los indígenas y los afrodescendientes, son los más golpeados por la crisis debido a su alta concentración en actividades del sector informal y de contacto intensivo.

También las mujeres han sido especialmente afectadas puesto que trabajan, en su mayoría, en los sectores de la economía que experimentaron las mayores contracciones, lo que las hizo más vulnerables. Como resultado, en la región se advierte un retroceso histórico en la participación económica femenina: entre 2019 y 2020 disminuyó de 51,4 % a 46,9 %, ubicándose en niveles similares a los observados en 2002 (Cepal, 2021b).

Como era de esperar, los problemas laborales se tradujeron en incrementos de la pobreza y la pobreza extrema. La Cepal (2021a) estima que entre 2019 y 2020 el porcentaje de personas en situación de pobreza en la región pasó de 30,5 % a 33,7 %, lo que equivale a un retroceso de 12 años, mientras el correspondiente a la pobreza extrema aumentó de 11,3% a 12,5%. Estas proyecciones toman en cuenta las medidas adoptadas por los gobiernos para atenuar la crisis, en particular las transferencias de ingresos hacia los hogares. Se estima que, sin esas trasferencias, los valores hubiesen sido sustantivamente más altos: 37,2 % de pobreza y 15,8 % de pobreza extrema. La contraparte de estas tendencias fue una reducción de los estratos medios de ingresos, lo que puso en evidencia, una vez más, la alta vulnerabilidad que caracteriza a parte de este sector.

La reducción de ingresos tampoco ha sido homogénea: mientras en el quintil más bajo la caída de los ingresos laborales en 2020 fue de 42 %, en el más alto fue de 7 %. Este comportamiento dispar se reflejó en un incremento del coeficiente de Gini entre 2019 y 2020 que ha sido estimado en 2,9 %, pero que sin las políticas de transferencias de ingresos hacia los hogares hubiese sido de 5,9 % (Cepal, 2021a). Asimismo, las evidencias sugieren que al menos una parte de quienes detentan las grandes fortunas mejoraron su posición. Al analizar la base de datos sobre multimillonarios de Forbes, López-Calva (2021) muestra que, entre marzo de 2020 y 2021, el número total de multimillonarios en la región aumentó en 31, mientras su patrimonio neto combinado lo hizo en $196 mil millones, lo que equivale, aproximadamente, al tamaño de la economía de Ecuador. En otras palabras, la riqueza de los multimillonarios latinoamericanos habría crecido más del 40 % en un año.

La pandemia y las medidas de confinamiento han repercutido también sobre el desarrollo y la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Unicef (2020a) ha estimado que el 97 % de los estudiantes de América Latina y el Caribe estuvieron privados de su educación habitual debido al Covid-19. En efecto, al poco tiempo de decretada la pandemia, los países de la región dispusieron el cierre de las instituciones educativas y se pusieron en marcha programas de enseñanza a distancia: datos de julio de 2020 muestran que 32 países habían suspendido las clases presenciales y 29 lo hicieron a nivel nacional (Cepal-Unesco, 2020). No fue simple organizar el raudo pasaje al aprendizaje remoto. Como era de esperar, hubo desde el principio diferencias entre países y clases sociales ligadas a las políticas adoptadas, a la situación del hogar, la conectividad y la inversión educativa previa en plataformas digitales educativas, políticas de adjudicación de computadoras a estudiantes y de formación docente, entre otras.

El impacto de la crisis de Covid-19 sobre la educación se dejó ver en lo inmediato en al menos dos dimensiones. Primero, en el incremento de la deserción y el retroceso en términos de inclusión; segundo, por el aumento de la fragmentación y la desigualdad en la calidad educativa. Los reportes de Unicef y otros organismos muestran que los más afectados por la discontinuidad educativa son quienes viven en situación de pobreza, los refugiados y migrantes en situación irregular, los indígenas y quienes sufren alguna discapacidad física y cognitiva. Acevedo et al. (2020) estiman que al menos 1,2 millones de niños, niñas y jóvenes podrían quedar excluidos de los sistemas educativos por la pandemia, sumándose a los 7,7 millones que ya no asistían en forma regular a la escuela. Si sucede lo previsto, se revertirá alguno de los más importantes logros educativos de los últimos tiempos. Este estudio estima que la pandemia implicará un retroceso de 67 % de lo ganado en la mitigación de la exclusión educativa en el siglo XXI.

Las desigualdades previas gravitaron en las posibilidades de acceso a la educación remota. La conectividad se reveló como un “derecho de intermediación” para acceder a la educación. Rieble-Aubourg y Viteri (2020) toman datos de los 10 países de la región que participaron de las Pruebas PISA de 2018 y muestran que, mientras en los hogares más vulnerables (pertenecientes a hogares del quintil más bajo de ingresos) el 29 % de los estudiantes tenía acceso a una computadora para realizar sus tareas, en los del quintil más alto ese porcentaje ascendía al 94 %, con amplia variación entre los países. Estas cifras contrastan con las de los países de la OCDE, en donde la distancia es solo de 99 % a 89 % entre los más y los menos favorecidos. A los déficits de conectividad se le sumaron el hacinamiento, que dificulta el aprendizaje en los hogares, las menores competencias de los padres de sectores populares para asistir a sus hijos en el aprendizaje remoto, y que los docentes mejor preparados se encuentran en las zonas más ricas de cada país (Messina y García, 2020).

Los efectos del cierre parcial o total de escuelas se extienden más allá de lo vinculado en forma estricta con los contenidos educativos. Preocupan los perjuicios por la falta de interacción entre pares, sus consecuencias para la salud mental, las secuelas en las habilidades del lenguaje, así como la falta de monitoreo en las escuelas para detectar síntomas de abuso o violencias. Antes de la pandemia se estimaba que, en la región, 100 millones de niñas, niños y adolescentes de 2 a 17 años habían sido testigos o estado expuestos a diversas formas de violencia, y las evidencias previas sugieren que esto aumenta en situaciones de encierro (Cepal-Unicef, 2020; Unicef, 2020b).

Efectos de mediano plazo e interrogantes a futuro

La pandemia ha tenido impactos sociales muy inmediatos y agudos como los recién enumerados. La posibilidad de revertirlos posiblemente será distinta en cada una de las dimensiones, y dependerá entre otras cosas de las condiciones estructurales de cada país y de las políticas que se apliquen. Pero más allá de los efectos visibles desde un primer momento, existen indicios de cuestiones menos visibles hoy y que abren interrogantes sobre posibles efectos en el mediano plazo.

La alta letalidad del coronavirus en la región ha tenido repercusiones sobre la esperanza de vida al nacer. Al analizar el exceso de mortalidad registrado en 2020 en un conjunto de países de la región, Lima et al. (2021) estiman una reducción en la esperanza de vida que en los casos de México, Ecuador y Perú asciende a 5,5, 7,9, y 10,9 años, respectivamente. Esto significa un retroceso en los niveles de mortalidad a los valores que había entre 30 y 33 años atrás. Si bien este impacto negativo se debe a un shock temporal como lo es la pandemia, la magnitud del retroceso plantea interrogantes acerca de sus efectos sobre la estructura demográfica y el peso de los distintos grupos de edad en las sociedades latinoamericanas.

Asimismo, se ha alertado sobre discontinuidades de tratamientos y controles de salud, lo que posiblemente impactará en las tasas de morbilidad y mortalidad en el corto y mediano plazo. Una encuesta de la OPS/OMS (2021) constata que casi la mitad de los países de la región sufrió interrupciones en alguno de los servicios esenciales destinados a áreas prioritarias de salud, entre ellos los vinculados con salud sexual y reproductiva, materno infantil y adolescente, nutrición, enfermedades no transmisibles y transmisibles, vacunación y, en especial, trastornos mentales, neurológicos y debidos al consumo de sustancias. En particular, se estima que la interrupción de la provisión de anticonceptivos y de los servicios de salud sexual y reproductiva podría tener como impacto en el mediano plazo unos 2.200.000 embarazos (especialmente embarazos adolescentes), un millón de abortos y 3900 muertes maternas, lo que implicaría un retroceso de casi 30 años en derechos sexuales y reproductivos (UNFPA, 2020).

Otros interrogantes se vinculan con los sistemas de salud. Tobar (2020) señala que, frente al Covid-19, los sistemas se propusieron incrementar la oferta sobre todo de unidades de terapia intensiva, una política necesaria durante la crisis sanitaria, pero que a futuro aumentará los costos de funcionamiento. Por otro lado, si bien la crisis sanitaria puso muy en evidencia los límites de los sistemas de salud de la región, un interrogante es en qué medida esto auspiciará o no una revisión que apunte a superar sus altos niveles de desinversión y fragmentación.

En cuanto al mercado laboral, si bien la recuperación económica en 2021 ha sido acompañada por una expansión de los puestos de trabajo, no sabemos en qué medida los distintos países podrán recuperar la situación previa en el corto plazo, al tiempo que hay dudas sobre las posibilidades de reinserción laboral que tendrán grupos específicos. Nuevos contingentes de trabajadoras y trabajadores corren el riesgo de ser excluidos de la esfera laboral debido a las reconfiguraciones económicas y laborales que ocurrieron durante la pandemia, entre las que se incluyen una mayor concentración en el comercio y en determinados servicios debido al cierre masivo de pequeños establecimientos, y una aceleración de procesos de cambio tecnológico como la expansión del teletrabajo y del comercio electrónico. En este marco, algunos grupos parecen estar en una situación de particular vulnerabilidad, como los trabajadores ocupados de mayor edad a quienes se discrimina por pensarlos con más dificultades para asimilar los cambios tecnológicos del teletrabajo.

En esta situación también se encuentran las mujeres (Cepal, 2021b). La recuperación de la tasa de actividad femenina está siendo más lenta que la de los varones, lo que ha sido vinculado a las escasas ofertas que encuentran en el mercado laboral, pero también a su dedicación al trabajo de cuidado no remunerado. En este sentido, para algunos autores la pandemia podría llevar a un reforzamiento de los roles de género tradicionales, en la medida en que la expulsión de muchas del mercado laboral se produjo en paralelo a una mayor carga de cuidados en el marco de las restricciones implementadas durante la pandemia (Hill y Narayan, 2020).

En materia de educación, se estima que la no concurrencia a establecimientos educativos debido al Covid-19 tendrá efectos no solo de corto plazo, sino que también podría tener efectos futuros sobre el desempeño educativo y las oportunidades laborales de niños, niñas y adolescentes, en particular de los sectores más vulnerables. Las pérdidas de aprendizaje por la falta de concurrencia a las escuelas se estiman en hasta un año de escolaridad (García Jaramillo, 2020), mientras el porcentaje de estudiantes que no alcanza el nivel mínimo de las competencias cognitivas básicas podría aumentar más del 20 % (Banco Mundial, 2021). En lo que se denomina “efecto cicatriz”, se presume también que los jóvenes excluidos de la educación y el trabajo por la crisis podrían perder en promedio un 6,1 % de sus ingresos salariales en los próximos 20 años. Se calcula que el cierre de escuelas en la región podría representar una pérdida de 1,2 billones de dólares, debido a los ingresos que no se recibirán por las consecuencias de la pérdida de educación, lo que equivale al 20 % del total de la inversión en educación básica (Azevedo, Hasan, Goldemberg, Iqbal y Geven, 2020). En resumen, de no mediar acciones compensatorias, inversiones y estrategias específicas, se prevén importantes pérdidas individuales y sociales a futuro.

Más en general, un interrogante fundamental es cuáles serán los efectos futuros de la crisis de Covid-19 sobre la desigualdad de ingresos y de riqueza. Bull y Robles Rivera (2020) encuentran que la literatura sobre el impacto de las pandemias y otras crisis sobre la desigualdad no es concluyente. Algunos estudios muestran que las pandemias afectan de manera desproporcionada a los pobres y que producen un aumento general de la desigualdad. En contraste, otros señalan que las pandemias han estado entre los mayores igualadores de la riqueza y de los ingresos de la historia, junto con las campañas bélicas, las revoluciones y el derrumbe de los Estados, al propiciar los cambios institucionales necesarios para promover políticas redistributivas, en un marco de transformaciones a nivel de las elites y de presiones desde los estratos más bajos.

¿Qué podemos esperar para América Latina? De un lado, las evidencias sugieren que es posible que el proceso de concentración de los ingresos y de la riqueza que desencadenó la pandemia vaya acompañado por reconfiguraciones en las clases altas latinoamericanas. El impacto de la crisis ha sido muy diferente en los distintos sectores de actividad, y mientras algunos se han visto muy afectados, otros han ganado posiciones, como el tecnológico, el farmacéutico y la economía digital. Además, en tanto el impacto de la crisis ha sido mucho mayor en microempresas y pymes, es esperable una mayor concentración económica al menos en algunos sectores.

¿En qué medida la crisis de Covid-19 abrirá la posibilidad de procesos redistributivos que mejoren la posición de los estratos más bajos? La pandemia reforzó demandas de políticas redistributivas como el ingreso básico universal o los impuestos a las grandes fortunas, pero con el correr del tiempo estas demandas no parecen haber generado consensos amplios. Sin embargo, la historia no ha finalizado, y todavía es temprano para balances definitivos. América Latina vive un contexto de inestabilidad y movilización política, y ejemplos recientes como los de Chile y Colombia muestran también la posibilidad de una mayor visualización de las desigualdades y de disputas y demandas por cambios sociales.

En suma, las ciencias sociales nos muestran retrocesos sociales y una profundización de las desigualdades, al tiempo que nos alertan sobre escenarios críticos a mediano plazo. Pero la posibilidad de revertir las consecuencias ya visibles y de evitar las que se prevén es en gran medida contingente a la acción de las y los latinoamericanos y al resultado de sus luchas por quién paga los costos sociales de la pandemia.

Bibliografía

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Notas