Dosier: Nuevos gobiernos en América Latina:
entre el populismo, el progresismo y lo nacional popular

El Estado de compromiso nacional-popular de la Cuarta Transformación en México

Introducción

En la historia reciente de México los procesos electorales están articulados con las demandas populares por la vía del voto. En la elección presidencial de 1988, se dio el fraude electoral por parte del partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Meyer, 2013). Producto de esta contienda electoral, la izquierda, a través del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, realizó en ese entonces diversas protestas nacionales contra dicho fraude mediante una de las movilizaciones populares electorales más grandes de la segunda mitad del siglo XX en México.

Con la llegada a la presidencia de México en 1988 de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) las políticas neoliberales se profundizaron para desmantelar el carácter nacionalista del Estado, que había nacido en la Revolución Mexicana. El nuevo modelo económico neoliberal en México desplazó al Estado como el eje rector de la economía y la política social, para dar paso a los intereses de la burguesía nacional. Así, el proyecto político de izquierda del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional no se consolidó. Como consecuencia, se implementó el modelo económico neoliberal, que se orientó a reformar la estructura económica del país para dar entrada al capitalismo global. El resultado de las reformas neoliberales durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá, que comenzó a operar en 1994.

La derecha mexicana llegó al poder presidencial con el triunfo electoral del Partido Acción Nacional (PAN) en el año 2000. El gobierno panista de Vicente Fox Quesada (2000-2006) profundizó las medidas y reformas del modelo económico neoliberal. Se inició un proceso de mercantilización y privatización de bienes y servicios que antes estaban a cargo del Estado. Por ejemplo, se privatizaron el sector energético y el de salud, la extracción de recursos naturales como la minería, e incluso se llegó a privatizar el sector educativo en sus diversos niveles. El ascenso de la derecha en México se explica en parte como la consolidación del modelo económico neoliberal. Estos cambios estructurales tuvieron como efecto que el Estado mexicano perdiera la capacidad de lo que Juan Carlos Portantiero (1983) denomina “el Estado de compromiso nacional-popular”.

Con la derecha en el poder se acentuaron los problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad política y económica, la precarización laboral, la violencia estructural, la marginación de las comunidades indígenas, la profundización de la economía extractivista y la persecución autoritaria de la movilización popular. En este contexto sociopolítico se dio el segundo fraude electoral de la historia de la política electoral popular en México. Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), político de derecha del Partido Acción Nacional (PAN), fue declarado ganador por las autoridades electorales después de un proceso electoral cuestionado por la opinión pública y la oposición por recurrir a los mecanismos del fraude. La oposición de izquierda denunció públicamente este fraude electoral, a través de la movilización popular encabezada por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador (Tamayo, 2007), quien participaba por primera vez como candidato presidencial. Con el fraude electoral de la derecha, el proyecto político de izquierda era excluido por segunda ocasión del poder político institucionalizado.

En la elección presidencial de 2012 Andrés Manuel López Obrador se presentó por segunda vez como candidato a la presidencia. En un proceso electoral inequitativo para la izquierda mexicana, obtuvo el triunfo el candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto (Meyer, 2013). Posteriormente, el líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador rompió su relación como miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para conformar en 2014 el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que en primera instancia fue, antes de ser un partido político, una asociación civil popular que se había formado en el 2011 (Bolívar, 2013).

Para las elecciones intermedias del 2016 MORENA participa formalmente como partido político. El fuerte apoyo popular electoral hacia el nuevo partido MORENA y su coalición electoral “Juntos Haremos Historia” se cristalizó con el triunfo de su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial del 2018. Por primera vez, un proyecto político popular electoral de izquierda llegaba al poder presidencial con legitimidad democrática y altas expectativas para la transformación política del país. Este primer proyecto político popular de izquierda, que el actual presidente López Obrador ha denominado en su discurso político como la Cuarta Transformación (4T) de México, nos cuestiona sobre las condiciones de posibilidad para recuperar en este momento de la historia del país el “Estado de compromiso nacional-popular”, en el sentido de que las clases subalternas sean el sujeto político, que se constituya como el agente histórico, que medie en la transformación del Estado a través de una estructuración de las políticas redistributivas.

El artículo se organiza en cinco secciones. La primera corresponde a la presente Introducción. Luego se expone la perspectiva teórica en la que se encuadra la investigación, con base en la noción del Estado de compromiso nacional-popular del sociólogo político argentino Juan Carlos Portantiero. En la tercera sección se desarrolla cómo se establecieron las políticas neoliberales en México en detrimento del Estado de compromiso nacional-popular. En la cuarta sección se expone como mediación entre lo popular y el Estado el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que ha implementado el gobierno de la Cuarta Transformación. Finalmente, se ofrecen las conclusiones de la investigación.

Perspectiva teórica

En el plano teórico, se parte de la idea de que desde la perspectiva de la democracia liberal los análisis de los gobiernos populares en América Latina son sesgados, pues el pulso normativo liberal con que se evalúa la democracia en nuestra región se centra exclusivamente en “variables” propias de la democracia procedimental, y se dejan a un lado los procesos políticos populares. También se buscan, por ejemplo, respuestas explicativas en las encuestas de opinión pública, y se pasa por alto la historicidad de los procesos populares. Al concebir la democracia como un ideal normativo liberal a partir del cual se evalúan los complejos procesos históricos de aquella, el resultado es que se asume de forma lineal el discurso sobre cómo muere la democracia (Levitsky y Ziblatt, 2018) o bien el paso de la democratización a la autocratización (Lührmann y Lindberg, 2019), con base en el análisis institucional o bien en el de encuestas a expertos. Este tipo de abordaje teórico no permite comprender históricamente los procesos democráticos populares que actualmente se viven en América latina, pues escapan a los cánones normativos de la democracia liberal.

Teniendo en mente las limitaciones y sesgos normativos en el análisis de los gobiernos populares en América Latina desde la democracia liberal, proponemos como una alternativa de perspectiva teórica la noción del Estado de compromiso nacional-popular acuñada por el sociólogo político Juan Carlos Portantiero, concepto que a la vez podemos vincular con la teoría del populismo de Ernesto Laclau. Este anclaje teórico permite comprender los procesos políticos populares que actualmente está viviendo América Latina, en particular el proceso político popular denominado la Cuarta Transformación en México.

A la vez, la presente investigación se suma a la reciente bibliografía en América Latina sobre un área de conocimiento poco explorada. Esta investigación consiste en indagar las formas estatales o institucionales en las que se constituye un proyecto de carácter nacional-popular o populista. Comenzamos aclarando que estamos de acuerdo con Juan Carlos Portantiero cuando utiliza las nociones de Estado nacional-popular o Estado populista como sinónimos, como dos conceptos intercambiables para dar cuenta del mismo fenómeno. A principios de la década de los ochenta Portantiero reflexionaba sobre la crisis del Estado de compromiso nacional-popular, debido a la pérdida de la capacidad mediadora del Estado con las clases subalternas para recoger las demandas populares a través de los sindicatos y partidos políticos.

Para Portantiero (1983), el Estado de compromiso nacional-popular es el resultado de la conformación de un proyecto político popular que pretende ser hegemónico. La hegemonía, para Portantiero (1983), se constituye también con base en la organización institucional. Consideramos este uno de los mayores aportes de Portantiero para pensar lo nacional-popular como una expresión organizativa, que se traduce a una fase estatal que incorpora las demandas de las clases subalternas. En este marco de inteligibilidad observamos posibilidades para explicar que los Estados nacional-populares establecen instituciones para llevar a cabo su proyecto político popular. El discurso liberal concibe los Estados nacional-populares o gobiernos populistas como distantes de todo compromiso con la institucionalidad (Weyland, 2004; 2001). Por el contrario, el sociólogo político argentino sostiene que el carácter organizativo institucional es constitutivo de la política hegemónica en la que se apoyan los Estados nacional-populares:

“La hegemonía implica necesariamente una dimensión organizacional: no hay producción de hegemonía sin desarrollo de instituciones o aparatos, sin una práctica estructurada materialmente, de la lucha ideológica, cultural y política. En el marxismo de Gramsci (y cabe citarlo porque la categoría comienza a asumir status científico con su obra), la teoría de la hegemonía es parte fundante de una teoría de la organización. En ese sentido el concepto de hegemonía, como categoría específica que cimenta la posibilidad del análisis político, incluye a la problemática de la constitución de las clases en voluntades políticas colectivas, a través de planos articulados de acción institucional. Así, lo político, como producción de hegemonía, no aparece como el "corolario" de un proceso social, sino como la modalidad del proceso mismo capturado en toda su complejidad, porque la distinción entre orden económico y orden político no posee carácter orgánico (como lo cree el liberalismo y su versión invertida, el marxismo vulgar) sino que sólo es una herramienta analítica” (Portantiero, 1983, pp. 150-151).

En esta línea argumentativa, consideramos que la explicación material que nos ofrece Portantiero sobre la hegemonía se puede articular con la noción de discurso que cruza la teoría del populismo de Laclau y Mouffe (2004) y Laclau (2005). Aquí el discurso es relevante en el sentido de que un discurso populista estructura la significación de las instituciones estatales. Pensamos principalmente en aquellas instituciones estatales que se desprenden de las políticas redistributivas que implementa un Estado de compromiso nacional-popular. A la vez, el discurso populista permite introducir la materialidad del conflicto dentro de las instituciones estatales, que les dan un sentido a las políticas redistributivas como una estructuración simbólica de las demandas populares de las clases subalternas. De esta manera, consideramos que es de gran actualidad la riqueza teórica que nos brinda Portantiero en sus reflexiones sobre la capacidad organizativa de un proyecto político que aspira a ser hegemónico de lo nacional-popular.

Hemos mencionado líneas arriba que el discurso nos permite pensar la materialidad del conflicto en las instituciones (Panizza y Miorelli, 2013). De hecho, es sumamente importante debido a que el discurso populista interpela a las clases subalternas para establecer las políticas redistributivas del gasto social. De tal forma, el Estado de compromiso nacional-popular constituye instituciones en un campo discursivo de conflicto con las clases dominantes propietarias del capital. Así, la política redistributiva es una dimensión económica del Estado, que Portantiero problematiza en los siguientes términos:

“La tercera función del Estado moderno es, por fin, aquella a la que ya se aludió, de asignador, con criterios redistributivos, del llamado gasto social, víctima propiciatoria de todos los intentos conservadores por superar el 'congestionamiento estatal. Vale la pena reflexionar un poco sobre las funciones económicas, porque allí se encuentra un nudo importantísimo de la cuestión en debate” (Portantiero, 1989, p. 161).

Martín Retamozo (2018) ha planteado de manera explícita la necesidad de pensar la teoría formal del populismo de Ernesto Laclau junto con el contenido histórico de los populismos realmente existentes. Consciente de esta problemática teórica, Retamozo (2018) pone a dialogar a Ernesto Laclau con Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ípola y René Zavaleta. Lo relevante para nosotros de esta discusión teórica es que abre nuevas posibilidades para pensar históricamente la noción del Estado de compromiso nacional-popular que Portantiero nos había formulado con claridad en el siglo pasado. De esta manera, consideramos que, con estos elementos teóricos que hemos enunciado, podemos avanzar en la investigación sobre la institucionalidad del Estado de compromiso nacional-popular, o Estado populista, que está en proceso de constitución con la llamada Cuarta Transformación en México. En este terreno teórico es importante destacar la riqueza analítica de lo nacional-popular para explicar la emergencia de las instituciones en los populismos realmente existentes. Sobre este último punto, Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola escribieron lo siguiente:

“En esa ocasión se produce un doble proceso: el 'pueblo' se constituye en sujeto político y, a la vez, un orden estatal nuevo se conforma. Si esto es así, el examen del populismo debe ser desagregado en tres niveles: el de las demandas y tradiciones nacional-populares (no clasistas) que se inscriben en su ideología; el del populismo, como movimiento de nacionalización y ciudadanización de las masas; el del populismo como forma particular de compromiso estatal. Estos tres niveles marcan tres órdenes problemáticos diferentes que, aunque relacionados, es posible y útil analizar separadamente. En este caso nos interesarán sobre todo los dos últimos niveles, que remiten a cómo procesan los populismos reales las demandas nacional-populares”¹ (Portantiero y de Ípola, 1981, s/p).

Este procesamiento de las demandas populares en los populismos reales significa atender al estudio del Estado de compromiso nacional-popular como mediador de las clases subalternas, que establece para esta operación de mediación la institucionalidad que justamente procesan estas demandas populares. Al respecto, cabe destacar la existencia de investigaciones empíricas que explican cómo los populismos construyen instituciones. Pensamos principalmente en el trabajo reciente de Cadahia, Coronel, Guanche y Stoessel (2020), que estudian la política social en la Argentina mediante el Programa de Asignación Universal por Hijo (AUH). Este estudio de caso permite explicar cómo las demandas populares se materializan en una política social en el marco de la institucionalidad populista.

También Biglieri y Cadahia, en su libro Siete ensayos sobre el populismo (2021), le dedican una reflexión, desde la teoría populista de Ernesto Laclau, a la pertinencia de indagar sobre las instituciones que emergen en los populismos de América Latina. Así, estos trabajos recientes se articulan con la perspectiva teórica que asumimos en esta investigación sobre el Estado de compromiso nacional-popular que propone Portantiero, ya que es también una herramienta metodológica para dar cuenta de las instituciones estatales que absorben las demandas populares; específicamente, las políticas redistributivas, como el caso del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores implementado por el gobierno de la Cuarta Transformación en México.

El Estado de compromiso nacional-popular y el neoliberalismo estatal en México

El Estado mexicano contemporáneo es producto de una revolución social que se dio a principios del siglo XX. La base social con la que se construyó el Estado en México tiene raíces en las masas populares, lo que marcó material y simbólicamente el Estado mexicano como una organización de compromiso con lo nacional-popular, es decir, el establecimiento de una hegemonía política durante gran parte del siglo XX. La Revolución Mexicana, a la vez, contribuyó a que se formara una nueva clase política, una estructuración económica corporativa -dejando atrás el Estado oligárquico del Porfiriato- y una fuerte base social de las clases trabajadoras. Para Dussel (2010, p. 114), justamente el Estado mexicano que emerge de la Revolución Mexicana es la primera experiencia populista en México: “(…) si en América Latina, desde las Ciencias Sociales, llamamos populismo a algo acontecido aproximadamente entre 1930 y 1954 (por poner unas fechas), en México comenzó quizás en 1910, con la Revolución Mexicana”.

La Revolución Mexicana incorporó a los campesinos en el proceso revolucionario, con lo que destruyó el Antiguo Régimen del Porfiriato, y con el paso del tiempo constituyó el Estado populista. La caída del Antiguo Régimen porfirista significó históricamente igualar las condiciones de vida a través de un Estado producto de la Revolución Mexicana. Como lo narra literariamente Mariano Azuela en su novela de la Revolución Mexicana Los de abajo:

“Villa es el indomable señor de la sierra, la eterna víctima de todos los gobiernos que lo persiguen como una fiera; Villa es la reencarnación de la vieja leyenda: el bandido-providencia, que pasa por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal: ¡robar a los ricos para hacer ricos a los pobres! Y los pobres le forjan una leyenda que el tiempo se encargará de embellecer para que viva de generación en generación” (Azuela, 1996, p. 67).²

Así, el Estado nacional-popular estaba arraigado en el sentido común de las masas populares de la Revolución Mexicana. Aquel alcanzó su mayor plenitud durante la política de masas del Cardenismo (Córdova, 2000) y su continuidad se propagó durante el modelo de desarrollo económico conocido como modelo sustitutivo de importaciones. De acuerdo con los especialistas, durante esa época se observó una disminución en el terreno de la desigualdad del ingreso. Vale la pena exponer en extenso lo que señala Fernando Cortés (2011), un conocedor profundo del tema:

“El desmantelamiento del modelo sustitutivo de importaciones inicia a mediados de los años ochenta. Hasta entonces, la política económica, bajo la conducción del Estado mexicano, logró un crecimiento económico con estabilidad de precios. Desde la década de los cincuenta México experimentó una lenta pero sistemática disminución en la desigualdad en la distribución del ingreso, que alcanzó su punto más bajo en 1984, dos años después de la crisis petrolera de 1982. En la medida en que no se tiene noticia de cambios drásticos en las élites económica y política, tanto por razones económicas —el crecimiento del mercado interno— como ideológicas, que se remontan al origen del Estado en una revolución popular, se buscó reducir la desigualdad económica (Tello, 2010, pp. 153-186), dentro de los márgenes de acción que permitió la 'dependencia estructural del capital', tal como fue concebida por Przeworski y Wallerstein” (p. 18).

De acuerdo con Córdova (1994), en este Estado de política de masas se logra una extraordinaria estabilidad política, sin precedentes en América Latina. La Revolución Mexicana había hecho posible incorporar a las clases trabajadoras por medio de la vida sindical, proceso histórico que se vio materializado con el Cardenismo. No es casual que este imaginario político persista hasta hoy, y se ponga al día con el actual discurso populista del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un Estado de compromiso con lo nacional-popular, pues dicho discurso articula el Estado con las clases subalternas (Hernández, Moya y Menchaca, 2021).

La implementación de las políticas neoliberales en la década de los ochenta en México, durante los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), desarticuló la base social con la que se había constituido el Estado de masas. El rápido proceso de privatización y descentralización, de acuerdo con los criterios de libre mercado dictados por el Consenso de Washington, hizo que se cambiara el discurso nacionalista por un discurso denominado “liberalismo social”, formulado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, concepto contradictorio que pretendía “reconciliar” en el discurso político la “libertad económica” con la “dimensión social” (Salinas, 2000).

Siguiendo a Palma (2009; 2018), el neoliberalismo se presentó como una tecnología de poder y, a semejanza de la Santa Inquisición de la Corona española, penetró ideológicamente en todos los ámbitos e instituciones, incluyendo el académico, en América Latina. El neoliberalismo se impulsó desde el mismo Estado, principalmente con el gobierno de Salinas de Gortari, cuyas políticas neoliberales desmantelaron material e ideológicamente el Estado de compromiso nacional-popular que había emergido de la Revolución Mexicana. De ahí que a este proceso le llamamos neoliberalismo estatal.

Con el neoliberalismo estatal se abre una aceleración en la privatización de los bienes y servicios que brindaba el Estado, desde el sector salud hasta el sector energético. Podemos decir, desde la matriz teórica de Portantiero (1983), que el Estado de compromiso nacional-popular surgido de la Revolución Mexicana había perdido su vocación social hacia las clases subalternas. Con el neoliberalismo, los sindicatos y la clase trabajadora habían perdido la capacidad mediadora de sus demandas con el Estado, como efecto de las políticas orientadas hacia el mercado, que habían producido el cambio de un Estado populista a un Estado neoliberal (Murillo, 2000).

En este contexto, el triunfo en la elección presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, liderada por Andrés Manuel López Obrador, recupera, en primera instancia, el sentido histórico del discurso político de un Estado de compromiso nacional-popular nacido en la Revolución Mexicana. El discurso de la “Cuarta Transformación” ha logrado articular la política electoral popular y su proyecto político, después de una larga lucha, a través de su base social. La Cuarta Transformación es la recuperación del discurso desde el Estado para ubicar este movimiento popular como una de las “revoluciones sociales” que han transformado a México después de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. Es una “revolución pacífica” en la que política y moralmente son “primero los pobres” (López Obrador, 1° de diciembre de 2018). El discurso político de la Cuarta Transformación es fundamental para desplazar al discurso tecnocrático neoliberal, que operó por más de cuatro décadas como el dispositivo ideológico de la tecnología de poder del mercado y la privatización del sector estatal.

Portantiero (1989) y Córdova (1984) argumentaron que la intermediación con el Estado populista en el contexto de los populismos clásicos radicaba en los partidos políticos y los sindicatos; el primer autor lo especificaba históricamente en la Argentina y el segundo, para el caso mexicano. De hecho, Córdova (1984) sostenía que la Revolución Mexicana fue un acontecimiento histórico que llevó a “el redescubrimiento del pueblo”. Pensamos que, después de los procesos de democratización que se vivieron en México por medio de la política electoral popular, las condiciones de posibilidad de la mediación del Estado de compromiso nacional-popular con las clases subalternas son mediante la legitimidad democrática a través del voto popular. Como lo señala Murillo (2018), existe un gobierno populista en la medida en que se sustenta en la legitimidad que le da una mayoría por medio del voto popular.

En este sentido, la Cuarta Transformación es un movimiento popular, que pretende articular el Estado de compromiso nacional-popular como producto de su legitimidad, que proviene del voto popular a partir del triunfo en la elección presidencial de 2018 del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La Cuarta Transformación ha recuperado las demandas populares de las clases subalternas, y una de las más importantes es el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM). A contracorriente de los programas sociales focalizados durante el período neoliberal, el PBAM es un programa de carácter universal para todos los adultos mayores en México. Asimismo, el estudio del carácter popular del PBAM nos permite avanzar en la investigación de las instituciones de política social que emergen con los gobiernos populistas.

Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

La sociedad mexicana entra en la segunda década del siglo XXI con una profundización de la desigualdad económica y política, la agudización de la precariedad laboral, una corrupción sistémica del orden político y económico, el incremento de la violencia estructural, una economía extractivista violenta y la marginación de las comunidades indígenas. Todo lo anterior, como resultado del neoliberalismo estatal que fue acelerando las desigualdades estructurales a cambio de la protección del capital financiero internacional.

De esa manera, el Estado de compromiso con lo nacional-popular producto de la Revolución Mexicana se había erosionado. Es más: el discurso neoliberal negó ese pasado de la historia de México al predominar su discurso tecnocrático-económico. En estas circunstancias históricas la irrupción del triunfo electoral del proyecto de izquierda en la elección presidencial de 2018 cobra sentido, pues se da un giro por el que se trae de regreso al Estado populista, principalmente por los medios que el propio Estado puede manejar, como la política social.

Por tal motivo, es crucial investigar la institucionalidad social que se va desarrollando con el movimiento popular de la Cuarta Transformación ya en el ejercicio de gobierno. A través de la política social el Estado incide en la sociedad; de ahí que el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) sea uno de los programas sociales cruciales para pensar en el regreso de la vocación social del Estado mexicano con carácter popular.

Durante las cuatro décadas de política neoliberal en México se negaron los derechos sociales universales, como lo es ahora el derecho universal a una pensión no contributiva para los adultos mayores de 65 años y más. Es importante mencionar que este derecho universal a una pensión no contributiva para los adultos mayores se impulsó por primera vez en el año 2001 con el mismo López Obrador cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

La campaña popular-electoral del candidato presidencial López Obrador para la elección de 2018 se sostuvo en diversos principios programáticos, como el combate a la corrupción, la participación del Estado en el rescate de la industria petrolera y energética del país, el reconocimiento de los saberes tradicionales y ancestrales de la comunidades indígenas, la promoción de la paz frente a la guerra desatada en gobiernos anteriores contra el crimen organizado, el establecimiento de una política de becas para los jóvenes y las personas con capacidades diferentes y la universalidad del programa de pensiones no contributivas para los adultos mayores (López Obrador, 2017). En campaña, el actual presidente de México afirmó:

“La fórmula está en acabar con la corrupción y los privilegios en el Gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2.600.000 jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza; MORENA, la esperanza de México” (López Obrador, 12 de diciembre de 2016).

Es importante mencionar que la política de una pensión no contributiva a los adultos mayores en México fue establecida por primera vez por un gobierno de izquierda. Como dijimos, fue durante el período como Jefe de Gobierno de López Obrador (2000-2005) del entonces Distrito Federal (Pintado, 6-8 de septiembre de 2021). Históricamente, la Ciudad de México ha tenido una inclinación electoral hacia la política de izquierda y progresista; de allí que sea simbólico que esta política de pensiones no contributivas para los adultos mayores haya tenido su origen en ella. Este modelo de política de pensiones no contributivas es el origen del actual Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La política social del gobierno de la Cuarta Transformación tiene una orientación a restablecer la cohesión social que se fracturó durante los gobiernos neoliberales (López Obrador, 2021). Por ello, los diversos programas se destinan a los grupos vulnerables de la sociedad mexicana, como los adultos mayores, las personas con discapacidades, los jóvenes, las comunidades indígenas y los campesinos. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (30 de abril de 2019) se establecen en su conjunto, en el eje de la política social, los siguientes programas sociales: 1) Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 2) Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 3) Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; 4) Jóvenes Construyendo el Futuro; 5) Jóvenes Escribiendo el Futuro; 6) Sembrando Vida; 7) Programa Nacional de Reconstrucción; 8) Desarrollo Urbano y Vivienda; y 9) Tandas para el Bienestar.

Una interpretación de todos estos programas sociales nos remite a la forma en que un proyecto político de Estado con compromiso nacional-popular articula su institucionalidad, creando lazos de ciudadanía al reconocer derechos sociales fundamentales. En términos de René Zavaleta, lo que tenemos aquí “es la conexión entre lo que Weber llamó la democratización social y la forma estatal. Con esto entendemos las pautas de socialización tal como existieron y sus índices de poder, así como los llamados proyectos de masa. En otros términos, la relación entre el programa y la factualidad” (Zavaleta, 1986, p. 9). Después de planes nacionales de desarrollo de carácter neoliberal y lenguaje tecnocrático, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 destaca la realidad sociopolítica de la sociedad mexicana, “los de abajo”, las masas populares. Interpela al sujeto político de las clases subalternas, para lo que basta con leer las siguientes líneas del actual Plan Nacional de Desarrollo:

“La referencia a ese “abajo” social refiere el protagonismo histórico que se han ganado los siempre desposeídos, oprimidos, despojados y discriminados, aquellos que han sido tradicionalmente atropellados por los grandes intereses económicos, ignorados por los medios y privados del ejercicio de sus derechos por el poder político; pero hace referencia también a la formidable reserva de civilización contenida en la herencia cultural y social mesoamericana y que ha resistido trescientos años de dominio colonial, un siglo de guerras e intestinas durante la república independiente y, por supuesto, más de tres décadas de neoliberalismo rapaz” (Plan Nacional de Desarrollo, 30 de abril de 2019, p. 42).

El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se inicia en el municipio de Valle de Chalco, del Estado de México, el 13 de enero de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su discurso ante los adultos mayores, anunciaba el PBAM en los siguientes términos:

“Amigas, amigos de Valle de Chalco: Me da mucho gusto estar con ustedes. “Mucho gusto” lo digo de corazón. Por eso, entre otras razones, se decidió iniciar la entrega de los apoyos a los adultos mayores de todo el país aquí en Valle de Chalco, porque a partir de mañana ya van a recibir este apoyo 2,500,000 adultos mayores, pero apenas es el comienzo porque los 2,500,000 eran los que ya tenían este apoyo. Claro que ahora no va a ser lo mismo, ahora va a ser el doble de lo que recibían. Aquí en Valle de Chalco van a recibir $2550 pesos. ¿Cuánto recibía hasta el año pasado? $1160. Ahora es el doble $2550 y todo este mes se va a seguir entregando […]” (López Obrador, 13 de enero de 2019).

El 8 de mayo de 2020 este derecho de pensión no contributiva para los adultos mayores se establece como un derecho a nivel constitucional y de carácter universal (CPEUM, 18 de noviembre de 2022). Inicialmente el PBAM tenía una cobertura para las personas adultas mayores de 68 años en adelante, así como para las personas indígenas de 65 años o más edad. A partir de 2023 el PBAM cubre de forma universal a todas las personas de 65 años en adelante (ACUERDO, 30 de diciembre de 2022). Al inicio del PBAM, el apoyo bimestral de la pensión era de $2550 pesos mexicanos. Para el año 2023 el apoyo bimestral ascendió a los $4800 pesos.³

Después de cuatro décadas de políticas neoliberales y política social focalizada, el Estado mexicano se encuentra en proceso de estructurar la vida social a través de sus programas sociales orientados a las clases subalternas, que constituyen el “pueblo” que se expresó en la elección presidencial de 2018 decidiendo por un proyecto político de izquierda y progresista. En este contexto se tiene que entender la dimensión social que significa un programa social como el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual dignifica la vida de los adultos mayores en una sociedad mexicana cruzada por la desigualdad económica y social.

El actual proceso político de México, el de la llamada Cuarta Transformación, nos interpela para entender desde las ciencias sociales el significado de esta nueva dinámica social y política, en la que las clases subalternas son incorporadas a las políticas redistributivas del Estado. Sin lugar a duda, el actual gobierno de la Cuarta Transformación ha estructurado una política social que pretende constituir un Estado de compromiso nacional-popular organizando instituciones sociales que dignifican a las personas excluidas del sistema económico capitalista.

Conclusiones

Cuatro décadas de discurso neoliberal en México significaron una tecnología de poder que penetró en la forma de realizar análisis político, con el predominio del análisis con base en la ideología liberal de la democracia procedimental. Por tal motivo, es importante para las ciencias sociales actualizar el pensamiento crítico latinoamericano y dialogar nuevamente con él. De ahí que en el presente trabajo hemos sostenido que la noción de “Estado de compromiso con lo nacional-popular” de Juan Carlos Portantiero es sumamente relevante como herramienta analítica para dar cuenta de procesos políticos populares, como la Cuarta Transformación que impulsa actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador en México.

Nuestro trabajo permite avanzar con la nueva bibliografía académica que se está produciendo en el pensamiento crítico latinoamericano sobre la idea de que el populismo consiste en proyectos políticos que crean institucionalidad, a contracorriente de lo que se ventila en los medios de comunicación y en la academia de corte liberal, de que los gobiernos populistas son ajenos a crear instituciones y considerados como gobiernos antiinstitucionales.

En este sentido, hemos mostrado que el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un caso paradigmático para sostener que el derecho a una pensión no contributiva para los adultos mayores se convirtió en un derecho universal con carácter constitucional en México, en un gobierno populista. Este logro bajo el gobierno de la Cuarta Transformación es posible cuando se cambia el discurso hacia el Estado de compromiso nacional-popular y se materializa institucionalmente. Esta política social, a la vez, da cuenta de las prácticas institucionales de un proyecto político que aspira a ser hegemónico.

Consideramos que nuestra investigación, centrada en el Estado de compromiso con lo nacional-popular, es también un camino metodológico alternativo para pensar y analizar políticamente un gobierno populista como la Cuarta Transformación en México. En este contexto, las categorías aplicadas en la investigación han permitido dar un nuevo sentido a la política social bajo un gobierno populista, a la par que abren caminos de investigación para pensar la subjetividad que se va sedimentando en las nuevas instituciones sociales en las que se apoya el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en México.

Finalmente, Gabriel Palma nos ha explicado que el neoliberalismo nos ha erosionado el pensamiento crítico en América Latina. Frente a este llamado de Palma, esta investigación es, al mismo tiempo, una apuesta para analizar de forma diferente la política social en México, desde una visión crítica. Así, esperamos que este estudio sea un avance en esa dirección: pensar que los gobiernos populistas constituyen instituciones con las clases subalternas para recuperar los Estados de compromiso nacional-popular en nuestra región.

Referencias

ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2023 (30 de diciembre de 2022). Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788904/PAM2023_DOF.pdf

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Notas

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