Dosier: Nuevos gobiernos en América Latina:
entre el populismo, el progresismo y lo nacional popular

Colombia ante la apertura de “lo político”. Temporalidades inéditas, sedimentadas y latentes del proceso político colombiano reciente

Introducción: para una comprensión histórico-procesual de “lo político”

Desde¹ la intervención de Carl Schmitt (1963 [1932]) quien inicialmente acuñó el término, lo político designa una instancia previa a lo legal, eminentemente soberana y originaria de cierto orden político. Conforme con el teórico alemán la especificidad del concepto radica en la capacidad de quien ejerce la soberanía para decidir en estados de excepción. Lo político remite entonces de un momento instituyente de lo social, que se distingue de otro posterior por el cual dicho acto originario se institucionaliza, reglamenta y estructura.

En los últimos años una profusa literatura se ha enfocado en el estudio de lo político, reformulando o interviniendo la teoría schmittiana. Autores como Rancière, Espósito, Laclau, Mouffe, Žižek, Badiou, Lefort, Agamben, Koselleck (entre muchos otros), han contribuido considerablemente a nutrir esta empresa. Salvando las especificidades y distancias entre cada una de ellas, dichas perspectivas teórico-filosóficas han ofrecido una interpretación de lo político como una esfera contingente y distinguible de la política “a secas”.

Bajo esta comprensión del término, las dimensiones habitualmente estudiadas por las corrientes institucionalistas de la ciencia política moderna (como la competencia y la conducta electoral, el régimen político o la estructura y sistema de partidos) no constituirían en sentido estricto objetos de indagación para los estudios sobre lo político.

Ciertamente, dicha interpretación antitética de “la política” y de “lo político” ha suscitado polémicas y querellas intelectuales,² que resultaron especialmente prolíficas al interior de la teoría de la hegemonía y del discurso político de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Para ambos autores lo político supone, además de la ruptura o dislocación de cierto ordenamiento social, la constitución de una lógica política.

En efecto, siguiendo el argumento ofrecido por Laclau (2005) en una de sus últimas obras, el populismo designa una ontología particular que se caracteriza por dividir a la sociedad en dos campos antagónicos: “los de abajo” (el pueblo) y “los de arriba” (sus enemigos). El populismo adquiere además el carácter siem­pre precario y contingente de un discurso; por ello dicha lógica requiere ser analizada en cada coyuntura precisa y en cada circunstancia histórica concreta para advertir si estamos (o no) ante ella.

Por otra parte, para “concebir al ‘pueblo’ del populismo necesitamos […] [algo más,] una plebs que reclame ser el único populus legítimo—es decir, una parcialidad [del pueblo] que quiera funcionar como la totalidad de la comunidad. (Laclau, 2005, p. 108).

Ahora bien, aun cuando de la comprensión anterior del populismo puede deducirse que su forma o lógica no es la única ontología política posible, casi toda la obra del teórico político argentino se encuentra atravesada por la idea opuesta, a saber: la sinonimia entre “populismo”, “lo político” y la política como tal.

En efecto, la advertencia de dicha tensión dio vida a una serie de discusiones para nada saldadas y a una diversidad de estudios e investigaciones teóricas y empíricas, que avanzaron sobre algunas premisas no del todo exploradas o profundizadas por Laclau. Dichos trabajos se abocaron, por ejemplo, al estudio de experiencias históricas o contemporáneas concretas, operativizaron la lógica del populismo y mostraron empíricamente su específica imbricación con la constitución de identidades populares contingentes y heterogéneas;³ repensaron y reformularon las relaciones de exterioridad entre lo político y la política;⁴ o problematizaron la comprensión ofrecida por el autor sobre el populismo como lo otro de las instituciones,⁵ entre muchos otros tópicos y problemas que han sido objeto de indagación de los estudios poslaclausianos.

Es en este nutritivo escenario de discusión producido al interior de los estudios posteriores a Laclau que nos interesa posicionar nuestro trabajo, subrayando un enfoque histórico y procesual sobre lo político. Este modo de indagación que asume una mirada procesual sobre la teoría de la hegemonía y el discurso político, ha sido significativamente relegado en la literatura. Y más importante aún, en numerosas ocasiones,

La subvaloración del populismo como proceso se combina con el predominio de los usos normativos de la noción para oponerla a la normalidad democrático-liberal. Así, en lugar de observar las específicas y contradictorias formas que toma el vínculo entre ambas dimensiones de lo político —lo constituyente y lo constituido, el antagonismo y el orden, la participación popular y la administración de las cosas, la movilización y la institucionalización—, aquellas han sido pensadas como mutuamente excluyentes y atravesadas por una pura relación de exterioridad. (Ramírez Gallegos y Stoessel, 2018, p. 113).⁶

A contramano de dicha interpretación predominante en los estudios sobre lo político, en este texto nos proponemos indagar el carácter contingente y constitutivamente ambivalente del binomio “la política-lo político” bajo la idea de un proceso. Con dicho propósito, nuestra reflexión pretende aportar elementos de análisis que permitan comprender una coyuntura latinoamericana precisa que se inaugura con la llegada del Gobierno de coalición del Pacto Histórico en las pasadas elecciones presidenciales en Colombia.

La hipótesis de trabajo que guía el siguiente análisis sostiene que el acceso de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Casa de Nariño constituye un punto de inflexión sin precedentes en la experiencia histórica colombiana. Dicha inflexión es auscultada a lo largo del escrito como una pequeña y para nada desdeñable instancia de apertura del proceso político colombiano hacia el campo de lo político. Pues, como nunca antes, el país andino se encuentra ante una oportunidad para redefinir las reglas del vivir juntos, deconstruir aquello que en otro lugar he denominado como “el mito de la nación sin pueblo” (Magrini, 2018) y reinventar nuevos modos de narrar, plural y colectivamente, la nación y el pueblo.

Consideramos, no obstante, que esta inflexión a la que asiste Colombia hoy, no puede escindirse de las múltiples temporalidades que la atraviesan y la hicieron posible. Para visibilizar parte de la pluralidad de tiempos⁷ que se anudan e imbrican en nuestro presente nos valdremos de operaciones analíticas que acentúan las dimensiones inéditas de la coyuntura actual, así como sus relaciones con otras temporalidades sedimentadas y latentes de un pasado de larga y mediana duración.

Así, en un primer apartado, se focaliza en una temporalidad de largo aliento, ubicando al gaitanismo como una experiencia populista pretérita que no se erigió desde el Estado y que dio vida a una identidad popular heterogénea, latente y resignificada con diversas modulaciones a lo largo del tiempo. Una identidad que ha sido recuperada en la discursividad política de Gustavo Petro.

Enseguida el escrito repara en el análisis de una temporalidad de mediano alcance. Allí se identifica al Acuerdo de Paz, producido en el 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y al ciclo protestatario ocurrido entre el 2019 y el 2021 como acontecimientos fundamentales que hacen parte de las condiciones de posibilidad para la emergencia de lo político en la escena pública actual.

La segunda y última sección, se aboca al estudio de los rasgos instituyentes del proceso político emergente, se caracteriza a la discursividad política del presidente y el significativo papel simbólico, político e identitario que ocupa Francia Márquez desde la vicepresidencia de la República. Se rastrean también algunas de sus principales decisiones y políticas gubernamentales adoptadas hasta el momento.

Finalmente, en las conclusiones, se reflexiona sobre la posibilidad de comprender al proyecto político iniciado por el nuevo Gobierno (a su discursividad política, pero también a las medidas propuestas por él) como un momento que marca el nacimiento de un gesto gubernamental, nacional y popular a inicios de la presente centuria en Colombia.

Temporalidades de larga y mediana duración: el gaitanismo como soporte identitario latente y el ciclo protestatario reciente

El carácter excepcional de Colombia respecto a América Latina, una idea fabricada por las ciencias sociales y los estudios colombianistas, ha nutrido una serie de representaciones comúnmente aceptadas sobre el país andino como una comunidad que se aparta de la trayectoria histórica de la región, al estar atravesada por una violencia primigenia y originaria que desde la Independencia traza una gruesa línea de continuidad hasta nuestros días.

A inicios de la década del ’70, dicha idea de excepcionalidad comenzó a anudarse a la naciente conceptualización del “populismo fallido” y a su principal referente histórico, el gaitanismo colombiano.⁸ Sustancialmente, el concepto ha sido utilizado en Colombia para distinguir al país de las experiencias políticas el Cono Sur de mediados del siglo XX, pues el rasgo central de esta tipología particular de populismo es su fallo o yerro en el objetivo de llegar al poder o de construir un gobierno nacional.⁹

De modo que aquello que condensa todo el sentido de la definición del término es el prematuro aborto del populismo en Colombia. El epicentro de ese desvío histórico es colocado por la historiografía local en un acontecimiento que marcó un parteaguas en la vida nacional: el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, producido el 9 de abril de 1948, dos años antes de las elecciones presidenciales en las que se esperaba fuera el siguiente presidente de Colombia.¹⁰ El asesinato de Gaitán dio lugar a uno de los levantamientos populares espontáneos más trágicos del subcontinente: el 9 de abril o el denominado “Bogotazo”.

Y son precisamente los efectos nocivos que dejó el gaitanismo con posterioridad al 9 de abril aquello que, para sus productores conceptuales e intérpretes,¹¹ resulta significativo del populismo fallido, a saber: la violencia, “el prin­cipio de una lucha sin cuartel” entre liberales y conservadores en los campos y veredas de Colombia, y la idea de una división radical de la sociedad, que sería resultado de la arenga y la retórica gaitanista de los años cuarenta (Pécaut, 2012, p. 498).

Ahora bien, al enfatizar el carácter excepcional, exótico y violento de la política colombiana, imbricando esa particularidad a los “fallos históricos” o procesos siempre inconclusos que habría dejado el gaitanismo, esta conceptualización del populismo inhibe severamente de ante mano la posibilidad de identificar alguna novedad histórica en el pasado o de revelar cambios en el presente.

De allí que consideramos indispensable apostar a una comprensión del pasado que permita leer al gaitanismo como una experiencia populista efectiva (más allá de que no se erigió bajo un Gobierno nacional) y pretérita que dejó como herencia para la coyuntura actual, un soporte identitario latente y no definido de una vez ni para siempre (Magrini, 2021). Una identidad que hoy está siendo resemantizada e intervenida por muy diversos actores sociales y políticos.

De ese arco de resignificaciones nos interesa rastrear aquí la recepción del gaitanismo en la discursividad política de Gustavo Petro. Para ilustrar lo anterior, tomaremos como ejemplos dos enunciaciones públicas del político cordobés que se apartan de las conocidas efemérides conmemorativas sobre Gaitán y el 9 de abril.

La primera corresponde a un discurso previo al arribo de Petro a la presidencia, pronunciado por él cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá (2012-2015). La enunciación se produjo ante reconocidas figuras intelectuales —entre quienes se encontraba el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa—, con motivo de la inauguración de la 27ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, el 29 de abril del 2014.

La primera feria del libro que se hizo en la ciudad de Bogotá, se hizo allá en 1937. La construyó, la ideó y la volvió realidad un hombre, el alcalde mayor de ese entonces de la ciudad de Bogotá Jorge Eliécer Gaitán. El hombre de la palabra dicha en nuestra historia.

Y creo que ese cuento de la historia es sintomático, tiene que ver con nuestra propia realidad contemporánea […] el acalde de la libertad, de las palabras [tanto dichas como escritas], de la primera feria del libro, no solo fue destituido, [risas del público], sino que fue asesinado [aplausos]. (Petro, 29 de abril, 2014).¹²

Lo que nos resulta sugestivo de la alocución arriba citada, es que se aparta de las rememoraciones de un Gaitán caído y recupera sentidos de un pasado de larga duración que vuelven a poner en primer plano al ideario político de Gaitán en vida.

Petro resemantiza además un episodio particular de la carrera de Gaitán: su fugaz pero significativo periodo como Alcalde Mayor de Bogotá (1936-1937), en el que el tribuno popular (como le decían sus militantes) intentó llevar a la práctica su versión del libera­lismo, de corte social y nacionalista, impulsando políticas tendientes a la modernización de la ciudad y a la integración de los sectores populares a su vida política y cultural.

La implementación del programa gaitanista suscitó entonces acaloradas polémicas en las elites bogotanas. En efecto, estas querellas derivaron en la destitución de Gaitán en 1937.¹³ Dicho acontecimiento, junto con el posterior asesinato del líder liberal se anuda, sintomáticamente al decir de Petro, a la política colombiana del presente. Dicho en otros términos, hoy la violenta eliminación de Gaitán y del movimiento homónimo remiten y expresan las aporías y contradicciones de un régimen de ejercicio del poder que, dentro del propio seno de la democracia, se sustenta sobre la exclusión material y simbólica de todo gesto de empoderamiento del sujeto popular o de representación de sus demandas sociales en el Estado.

El propio Petro había sufrido la misma suerte que su predecesor en diciembre del 2013, cuando la Procuradoría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años. El motivo de la revocatoria tuvo que ver con presuntas irregularidades en la implementación de un modelo de recolección de basuras, que básicamente le quitaba las concesiones al sector privado y retornaba la responsabilidad de la recolección de residuos al sector público e incluía la participación de los recicladores urbanos.

Luego de una serie de recursos jurídicos interpuestos por Petro en los que argumentaba la revocatoria de su mandato como un golpe de Estado, finalmente en 2017, se declaró la nulidad de su destitución y la Procuraduría lo indemnizó. Esa decisión le permitió competir en las elecciones presidenciales del 2018, en las que resultó electo el candidato del oficialismo Iván Duque (Centro Democrático).

En la segunda enunciación, más reciente, Petro introduce la figura de Gaitán en medio de una visita presidencial al departamento del Cauca donde se habían registrado hechos de violencia. En ese contexto sostiene que “con el magnicidio de Gaitán murieron un acumulado de luchas campesinas y obreras e indígenas que estaba a punto de conquistar el poder para […] cambiar la historia.” Luego de referirse a las medidas estructurales de su programa de gobierno, planteó que sus cuatro años de mandato “no pueden pasar, […] sin pena ni gloria”, pues si esto sucede “será como lo sangre de Gaitán corriendo hacia la alcantarilla. Y por segunda vez, no tendríamos ninguna posibilidad, como decía Gabriel García Márquez, ninguna segunda oportunidad” (Petro, 2022, Párr. 2-6).

Con el gaitanismo, Petro recupera una identidad popular históricamente obliterada por el statu quo, se ubica como una prolongación de ella y pone al desnudo el colosal desafío que supone tener hoy en Colombia la oportunidad que Gaitán no tuvo. Es decir, la posibilidad de gobernar un país en el que violentamente se han inhibido o frenado horizontes políticos que aspiran a integrar las demandas populares en el Estado.

Dicho modo de ejercicio del poder se tornó ostensible cuando estalló la protesta social en el 2019. Ciertamente, un proceso anterior a las protestas, el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) finalizado en el 2016, habilitó la expresión y visibilización pública de los reclamos sociales.

Decimos que el Acuerdo de Paz liberó la protesta social (Rincón, 2021), pues permitió deconstruir una narrativa militarista que había hegemonizado el discurso público oficial, y que tenía como principales voceros al Ejecutivo nacional, las fuerzas de seguridad del Estado y los medios masivos de comunicación. Una narrativa que se sustentaba en la lógica de un país en guerra como único marco de interpretación posible ante cualquier expresión protestaria y disidente.

Con novedosos repertorios de acción, en el 2019, un paro nacional reunió a una diversidad de actores, colectivos organizados, movimientos sociales y estudiantes que tomaron las calles en oposición a un proyecto de reforma tributaria regresiva y a la reedición de medidas de ajuste neoliberal emprendidas por el Gobierno de Duque (2018-2022). Se trataba de un paquete de medidas que reimprimían, aunque con menos acierto, el proyecto político del ex mandatario y fundador de la fuerza política que había llevado a Duque a la presidencia: Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010).

Amén de las dificultades que impuso la pandemia para ocupar las calles, las movilizaciones no secaron durante el 2020 y se convocó a un nuevo paro nacional en el 2021. La reacción gubernamental fue una brutal represión en manos de la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Hacia el cierre del ciclo, el derecho a disentir y las denuncias frente a la criminalización de la protesta y la desaparición forzosa de estudiantes y de cientos de líderes y lideresas sociales, se convirtieron en la principal consigna de los movilizados.

La respuesta gubernamental, doblemente represiva, y la difusión en los medios masivos de comunicación de noticias tendientes a estigmatizar a quienes protestaban como elementos directa o implícitamente vinculados a la guerrilla;¹⁴ sumado a la circulación de representaciones monstruosas sobre los movilizados como “turbas sediciosas”, desembocaron en una crisis de inteligibilidad en la ciudadanía, pues para muchos colombianos y colombianas aquella narrativa militarista ya no resultaba creíble.

Estas figuras de las otredades en disidencia como “enemigos internos”, “guerrilleros”, “terroristas”, “turbas vandálicas” o “indios atrevidos”¹⁵ que se difundieron en los grandes medios durante el ciclo de protestas, una vez más guardan conexiones con aquella temporalidad de larga duración a las que referíamos al comienzo de esta sección.

El origen de dichas representaciones racistas, clasistas y sexistas sobre el pueblo surgió en las inmediateces del 9 de abril y se sedimentaron cuando la expresión “el Bogotazo” logró hegemonizar los sentidos sobre los sucesos posteriores a aquella jornada en la que cayó Gaitán.¹⁶

Se fue perfilando entonces un discurso mítico que logró naturalizar en el debate público una mirada patologizante sobre el sujeto popular que se asienta sobre la afirmación de su índole esencialmente vengativa, violenta y con capacidad autodestructiva. Y como consecuencia de esa autodestrucción, las partes del pueblo concebidas como “turbas”, requieren ser excluidas del todo comunitario o de la nación.

Como advertíamos unas líneas más arriba, con posterioridad a las revueltas populares de abril de 1948, estas representaciones fueron usadas por los gobiernos de turno para frenar, desarticular e imposibilitar la constitución de los reclamos y las demandas populares como problemas públicos (esto es, como problemas sobre lo común o lo que concierne a todos) y que por lo tanto requieren de la intervención del Estado a través de políticas públicas y sociales.¹⁷

Es por ello que consideramos reveladores a los acontecimientos que vienen desarrollándose en Colombia desde el Acuerdo de Paz en adelante, pues dan cuenta de una paulatina desactivación del militarismo como estructura narrativa dominante para procesar los conflictos y las alteridades en Colombia y de la gradual o relativa deconstrucción de un “mito de la nación sin pueblo”.

Ambos procesos sociales y de sentido, indubitablemente hacen parte de las condiciones de posibilidad para el arribo del Pacto Histórico a la Casa de Nariño en el 2022.

En efecto, si bien el Pacto Histórico - “Colombia puede” surge del liderazgo de Gustavo Petro, la coalición expresa una amplia y heterogénea correlación de fuerzas surgidas al calor de las protestas del 2019, 2020 y 2021. La coalición fue lanzada públicamente el 11 de febrero del 2021, reuniendo a más de una decena de partidos, movimientos y colectivos de centro y de izquierda del espectro político.¹⁸ Fuerzas en las que confluye la interseccionalidad entre luchas por la equidad de clase, la diversidad sexual, de géneros, razas, etnias y el cuidado del medio ambiente.

De ese delicado proceso de constitución de demandas surgió un sentido que, de cara a la campaña electoral del 2022, relativamente las condensó o estabilizó: la revolución de “los y de las nadies”. Una consigna que recuperaba el conocidos poema que Eduardo Galeano escribió en 1940 (Los nadies), y un significante que proyectaba un horizonte de expectativas a futuro en el que era posible “construir una Colombia donde quepan muchas Colombias” (Escobar, 2022, párr. 9) para avanzar en la senda de una justicia social plural, racial, de género y sustentada en una economía para la vida.

Como Francia Márquez, con voz quebrada, solía finalizar sus intervenciones públicas en campaña, se trata de una labor constante que incluye y excede a la temporalidad gubernamental, su tiempo está dado por una meta: “¡hasta que la dignidad se haga costumbre!”.

Colombia en un presente que “está siendo” y ante un “futuro que no está escrito”

En pocas ocasiones tenemos la posibilidad de observar acontecimientos que representan un punto de inflexión en los procesos sociales y políticos de nuestro tiempo. Colombia se encuentra frente a esa oportunidad luego de las reñidas elecciones del 19 de junio,¹⁹ que convirtieron a una figura como Gustavo Petro,²⁰ un exguerrillero del M-19, en presidente de Colombia y a Francia Márquez,²¹ una lideresa afrodescendiente con una agenda medioambiental, en vicepresidenta de la República.

Esta pequeña y no menos significativa inflexión fue puesta en palabras en el discurso de posesión presidencial cuando, invirtiendo el sentido del célebre final de Cien años de soledad, Gustavo Petro afirmó: “Hoy empieza nuestra segunda oportunidad […]. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar […]. Hoy empieza la Colombia de lo posible […]. Nuestro futuro no está escrito […].” (Petro, 2022, 1-2).

En un país como Colombia, el ascenso de la fórmula presidencial del Pacto Histórico constituye un hecho novedoso, como también lo es la presencia de otras de las autoridades del nuevo Gobierno. Dicho en otros términos, es significativo que en Colombia hoy un jurista defensor de los derechos humanos presida el ministerio de Defensa (Iván Velásquez Gómez); que una académica ambientalista sea ministra de Minas y Energía (Irene Vélez Torres), o que una mujer, sindicalista y líder del Partido Comunista Colombiano (Gloria Inés Ramírez Ríos) ocupe el ministerio de Trabajo. Y más importante aún, por primera vez en la historia del país andino representantes y líderes de movimientos sociales ocupan el Ejecutivo nacional.²²

Las emociones y reacciones de la no menos heterogénea oposición frente al ingreso de las nuevas autoridades a las estructuras del Estado hablan de lo inédito de dichos cambios.

Así, a menos de un mes de la asunción del Gobierno se llevó a cabo la primera marcha contra las “petroreformas”: el 26S. En el marco de la protesta en Bogotá se viralizó un video de una militante opositora, quien se refería a la vicepresidenta con adjetivos zoológicos y racistas, promoviendo el odio y la violencia. Francia Márquez refutó el contenido de ese discurso con estoica pedagogía.²³ Sin embargo, las agresiones contra ella no cesaron, y la mandataria sufrió un segundo atentado contra su vida el pasado 11 de enero del 2023.²⁴

Las primeras críticas formuladas por la oposición se centraron en desprestigiar o ridiculizar a las nuevas autoridades. Así como a desacreditar el programa de reforma propuesto el Gobierno desde la campaña electoral, por considerarlo inviable (o imposible) en Colombia.

Sustancialmente, para el periodo 2022-2026 el Gobierno propuso una ambiciosa batería de medidas que, con el correr de los meses que este lleva en ejercicio, han sufrido algunas modificaciones. Dichas políticas incluyen: provisión de servicios y bienes públicos básicos (como agua, luz, alcantarillado, vivienda, educación, salud) especialmente dirigidos a aquellos territorios en los que el Estado poco o nada ha llegado todavía en Colombia. Una política focalizada de corto plazo contra el hambre (Ley contra el hambre). Reformas al interior de las fuerzas de seguridad del Estado, articuladas a una política de “seguridad humana” y a la implementación del Acuerdo de Paz con un enfoque denominado como “Paz Total”, que busca mecanismos de negociacióncon otros grupos armados ilegales que no entraron en el acuerdo de 2016. Una política de austeridad que no se aplica al gasto social sino a la reducción del impacto de los costos de la política en el gasto público. Una política de cuidado del medioambiente y de transición energética que se apoya en una economía transformadora o para la vida, en conexión a una visión plural sobre los derechos y la justicia.Y una nueva orientación sobre el narcotráfico que se distingue de la lógica de la guerra contra “los narcos” y, que aspiraba a legalizar las plantaciones de cannabis y la hoja de coca, así como a fortalecer el desarrollo de las economías campesinas. Recientemente, dicha propuesta sobre uno de los tópicos más sensibles de la política colombiana, dio un giro en la discursividad del Gobierno, perceptible en enunciaciones públicas en las que se reemplaza la idea de legalización por la de sustitución de los cultivos ilegales por otros que, con ayuda del Estado, generen ganancias para el sector.²⁵

El paquete de políticas se financiaría con una reforma tributaria progresiva e inversamente proporcional a la que detonó la protesta social contra Duque. El objetivo inicial de la reforma era recaudar 26 billones de pesos colombianos adicionales en el 2023 para poder cumplir con las políticas sociales prometidas durante la campaña y reducir la desigualdad social.

El financiamiento fue uno de los puntos clave sobre los que ha pivoteado el debate público, pues en efecto la reforma tributaria del Gobierno sufrió enmiendas y modificaciones desde que comenzó a debatirse en el Congreso hasta su promulgación, en diciembre del 2022.

Uno de los principales temas en los que el Gobierno perdió la batalla fue en gravar las pensiones o jubilaciones altas. Este tópico, llevó a la calle a jubilados y jubiladas de alto poder adquisitivo bajo consignas como “#Sin robarse mi pensión. ¡Es mi derecho adquirido!”.

El Gobierno tuvo que dar marcha atrás en este punto, se aprobaron, en cambio: un aumento del 10% en el “impuesto de renta a las empresas petroleras y carboníferas […] en el primer año, y un impuesto al patrimonio progresivo por cuatro años para las rentas altas” (Vasallo, 2022, Párr. 7 y 8). Grandes empresas extranjeras radicadas en el país también fueron alcanzadas por las modificaciones impositivas, así como aquellas dedicadas a la producción de alimentos poco saludables, como productos ultraprocesados o con altos contenidos de azúcar. Con todo, se espera que la reforma tributaria le permita recaudar 20 mil millones de pesos (aproximadamente 4200 millones de dólares a la fecha), adicionales por año (2022, Párr. 13).

Otras decisiones en materia de seguridad y derechos humanos que indican avances son: el retiro del servicio de más de 70 generales de las Fuerzas Armadas y la reestructuración interna del ESMAD, que ahora se denomina “Unidad de Diálogo y Acompañamiento de la Manifestación Pública”.

Mientras que la política de la Paz Total (Ley 418, sancionada en noviembre del 2022), presenta algunas tensiones y controversias, principalmente en el sentido sobre la paz que ofrece. Pues, en esta materia, el enfoque totalizante de la paz contrasta o no resulta del todo compatible con una perspectiva sobre la diversidad, la heterogeneidad y la interseccionalidad de luchas sobre las que se asientan las principales apuestas políticas de las nuevo Gobierno.

De cualquier modo, Colombia parece estar asistiendo al pasaje de un régimen de ejercicio del poder sustentado en la represión y la criminalización de la protesta social, a una modalidad dúctil y transigente a la expresión de las diferencias y disidencias en la escena pública.

Conclusiones (sin clausurar)

A lo largo de este escrito hemos ofrecido claves de lectura para la comprensión de la realidad política colombiana enfatizado la radical indeterminación de un verdadero proceso político en curso. Ello impone, a nuestro modo de ver, la necesidad de suspender el uso de categorizaciones a priori sobre esta experiencia política naciente que, ciertamente, se va definiendo sobre la marcha de los acontecimientos. Por ello, consideramos especialmente productivo analizar la arena política colombiana del presente recuperando restos y rastros de distintas temporalidades del pasado e identificando los horizontes de expectativas políticas a futuro que hoy pujan por direccionar la mayor apertura (o el cierre) del ámbito de lo político en la coyuntura actual.

¿Qué rasgos de dicho proceso político constituyen aspectos inéditos e instituyentes de una nueva manera de entender la política, la democracia y el poder en Colombia?

Un primer elemento que nació de la mano del Gobierno del Pacto Histórico fue la construcción de un nuevo lugar de enunciación pública y estatal. Se trata de un locus de enunciación desde el cual es posible contar y fabricar sentidos sobre Colombia bajo una idea pluralista de nación, que ya no excluye o estigmatiza a las partes más vulneradas del pueblo, sino que las coloca en el centro de la escena pública. Ese pueblo (las negritudes, los pueblos ancestrales, los jóvenes, las mujeres y los géneros LGBTQ, o los colectivos que luchan por derechos ambientales) hoy es reconocido por el Estado como un conjunto heterogéneo de identidades históricamente negadas u obliteradas por el estatus quo.

Como hemos analizado en la primera sección de este artículo, dicha dimensión instituyente que advertimos en el presente fue posible gracias a los efectos de arrastre de temporalidades de larga y mediana duración.

En una temporalidad de largo aliento, subrayamos al gaitanismo como identidad popular pretérita que, amén de los explícitos intentos de borradura histórica o de la acción menos evidente del “memoricidio”,²⁶ ha sobrevivido latente. Cuyos restos o sedimentos identitarios hoy permiten volver a poner en primer plano el reconcomiendo de las luchas populares, sus reivindicaciones, sus estéticas y repertorios como alternativas políticas deseables frente a la radical eliminación del otro o de las otredades.

Dichas transformaciones tornan perceptible que asistimos a la siempre relativa y contingente apertura del ámbito de lo político. En el contexto colombiano reciente ello supone la creación de una abertura (en sentido geográfico) o de un estrecho pasaje que da acceso a un lugar público completamiento nuevo, en el que se puede repensar la historia colectiva, desaprender las violencias heredades, los machismos afincados o los racismos naturalizados y promover formas de relación, conexión y participación compatibles con la democracia y los recursos que ella ofrece para expresar y visibilizar los conflictos.

Sin lugar a dudas la comprensión de la protesta social como un dispositivo válido para la vida comunitaria en democracia y, más importante aún, como una garantía del derecho a la libertad de expresión y a disentir ha sido un avance habilitado por acontecimientos previos como el Acuerdo de Paz del 2016.

En el costado opuesto, es decir, en los límites duros que el proceso político colombiano presenta para achicar o cerrar los boquetes que conducen al ámbito de lo político, cabe considerar que, en principio, ocupar las instituciones del Estado no es equivalente a acceder al poder. Como tampoco es acertado suponer que el nuevo Gobierno trae de suyo un “giro hacia la izquierda”, que de materializarse sería fundante en toda la historia de Colombia. Para afirmar lo anterior, creemos resta observar cómo se articulan las correlaciones de fuerzas que surgieron al calor de la coyuntura electoral y advertir qué aspectos de aquellas “Colombias imaginadas” como posibles logran implementarse y cuáles no.

Por otra parte, el Gobierno y el país deben afrontar hoy colosales desafíos heredados de su propia historia de violencias y otros emergentes que se suman y yuxtaponen a estos. Por ejemplo, dilemas vinculados al tratamiento de las grandes magnitudes de la economía que ningún Gobierno colombiano había atravesado antes, pues involucran la búsqueda de una estabilidad macroeconómica compatible con una política económica heterodoxa y una economía transformadora. Cambio de rumbo en las dimensiones materiales de la realidad política, que presenta además nuevas oportunidades para fortalecer las tan descuidadas relaciones Sur-Sur y retos para redireccionar las complejas e históricamente arraigadas relaciones Norte-Sur en el país andino.

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Notas

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